En octubre de 1989, doscientos veintisiete delegados del M-19 reunidos en Toribío (Cauca) votaron la dejación de armas y la conversión del movimiento en partido político legal, en un mecanismo deliberativo sin precedentes en guerrillas latinoamericanas del siglo XX. La decisión legitimó internamente el acuerdo de paz firmado con el gobierno Barco en marzo de 1990.
Faldón · cuatro épocas en cuatro columnas
Entre 1972 y 1985, la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira protagonizaron el primer gran ciclo del narcotráfico colombiano moderno: la bonanza marimbera, que abasteció una porción decisiva del mercado estadounidense de marihuana, reconfiguró la economía y la política del Caribe colombiano y dejó la infraestructura sobre la que corrió el posterior ciclo cocalero.
Entre 1987 y 1989, el cartel de Medellín contrató al excoronel israelí Yair Klein y a mercenarios británicos liderados por David Tomkins para profesionalizar militarmente a las autodefensas del Magdalena Medio, transformando autodefensas rurales dispersas en ejércitos privados capaces de ejecutar masacres coordinadas y ataques contra la justicia.
Procurador General de la Nación entre 1982 y 1986, Carlos Jiménez Gómez es la figura institucional que en febrero de 1983 documentó oficialmente la alianza entre narcotráfico, paramilitarismo y militares en servicio activo, al revelar que 69 de los 163 miembros identificados del MAS pertenecían a la Fuerza Pública. Su informe representa el momento de mayor capacidad diagnóstica del Estado colombiano sobre el paramilitarismo naciente y, simultáneamente, la demostración de los límites estructurales que impedían actuar sobre lo diagnosticado.
En 1986 Colombia aprobó la elección popular de alcaldes y en 1988 celebró la primera jornada; la reforma se presentó como el programa descentralizador más coherente del siglo XX, pero coincidió con el exterminio sistemático de la Unión Patriótica y la captura armada del poder municipal. La pregunta es si democratizó el poder local o abrió una ventana de letalidad que convirtió la alcaldía en trofeo militar y botín de actores armados.
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El Decreto 1923 de 1978 amplió la jurisdicción militar sobre civiles, criminalizó la protesta social y produjo detenciones masivas, torturas y desapariciones. La pregunta central es si constituyó un paréntesis autoritario corregible o el momento fundacional de una matriz represiva que reaparece, con vocabulario distinto, en la Seguridad Democrática de Uribe.