Doctrina de gobierno impuesta por Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010 que combinó una ofensiva militar sin precedentes contra las FARC-EP con la negación del conflicto armado interno, reencuadrándolo como amenaza terrorista. Produjo avances militares significativos y graves violaciones de derechos humanos, entre ellas 6.402 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la JEP.
Faldón · cuatro épocas en cuatro columnas
Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, fue el jefe de Estado extranjero que más influyó en la Colombia del siglo XXI: adversario frontal de Álvaro Uribe, facilitador indispensable de Juan Manuel Santos y figura central en la relación entre Caracas y las FARC-EP durante más de dos décadas.
Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, fue el jefe máximo del Bloque Central Bolívar de las AUC, la estructura paramilitar más grande y económicamente diversificada de Colombia, cuyo poder se construyó sobre el narcotráfico, la franquicia contrainsurgente y alianzas con el Cartel del Norte del Valle. Su participación como vocero en las negociaciones de Santa Fe de Ralito y su posterior extradición a Estados Unidos en 2008 condensan las contradicciones del proceso de desmovilización bajo la Seguridad Democrática.
Entre 2007 y 2022, el Estado colombiano encargó por ley su propio relato del horror a través del Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica. La pregunta es si ese experimento produjo una mutación legítima del campo historiográfico o un dispositivo de cierre simbólico que disciplinó las memorias subalternas bajo marcos estatales en disputa.
Corregimiento del municipio de Tierralta, en el sur del departamento de Córdoba, que se convirtió en sede oficial de la negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, proceso que condujo a la desmovilización de más de treinta mil combatientes paramilitares. Su elección no fue neutral: el lugar era ya, desde 2001, un vértice de la hegemonía territorial de los hermanos Castaño y escenario de un pacto político-paramilitar previo.
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Entre 2002 y 2016, Colombia vivió una refundación del Estado bajo lógica contrainsurgente: la Política de Seguridad Democrática amplió el pie de fuerza, redujo a las FARC a una guerrilla replegada en la selva y abrió el camino hacia el Acuerdo de Paz de La Habana, al precio de 6.402 civiles ejecutados como falsos positivos, un Congreso infiltrado por el paramilitarismo y un aparato de inteligencia convertido en herramienta de espionaje político.