Julio César Turbay Ayala

Un bogotano del Voto Nacional

Nació el 18 de junio de 1916 en Bogotá. Fue hijo de Antonio Amín Turbay, inmigrante libanés, y de Rosaura Ayala, colombiana. Las biografías institucionales sitúan su infancia cerca del parque de los Mártires y describen un hogar de recursos limitados; esos datos ayudan a ubicar su origen social, pero no explican por sí solos una trayectoria política que dependió de décadas de organización partidista, cargos públicos y alianzas regionales.

Estudió con los Hermanos Cristianos, pasó por la Escuela Nacional de Comercio y terminó el bachillerato en el Colegio Universitario. No obtuvo un título universitario y se definió como autodidacta; años después recibió doctorados honoris causa. Su hermana Hortensia, estudiante de derecho, aparece en las semblanzas biográficas como una influencia temprana en su formación. Esa ruta educativa fue poco común entre los dirigentes nacionales de su generación, aunque no permite atribuirle por sí sola rasgos políticos posteriores.

Su carrera se apoyó en el trabajo sostenido dentro del Partido Liberal y en una extensa red de directorios y dirigentes regionales. Esa práctica le ganó la reputación de político de maquinaria. También fue un orador y negociador experimentado, con larga actividad parlamentaria y diplomática. Presentar esas capacidades como efecto automático de su infancia o afirmar que para él la política carecía de doctrina convertiría una caracterización pública en una certeza psicológica que las fuentes no permiten establecer.

El ascenso por dentro del partido

La trayectoria de Turbay antes de la presidencia recorrió numerosos niveles del Estado. Fue concejal de Usme en 1936, alcalde de Girardot en 1937, concejal de Engativá en 1938, diputado de Cundinamarca, representante a la Cámara entre 1943 y 1949, ministro de Minas y Petróleos en 1957, ministro de Relaciones Exteriores entre 1958 y 1961 y senador desde 1962. Fue designado a la Presidencia en 1967 y ejerció temporalmente el cargo; también representó a Colombia ante las Naciones Unidas y fue embajador en Londres y Washington. La amplitud de esa experiencia, más que una comparación subjetiva con rivales, ayuda a explicar su peso en el liberalismo.

Durante el Frente Nacional se consolidó como dirigente nacional del liberalismo, senador, ministro y diplomático. Fue representante ante las Naciones Unidas en 1967, embajador en Londres desde 1973, embajador en Washington desde 1975 y presidente del Senado en 1976. Cuando terminó el periodo formal de alternación presidencial, Turbay contaba con una organización partidista extensa y era uno de los principales aspirantes liberales para 1978. Las fuentes permiten documentar esos cargos y apoyos, pero no medir con precisión una red geográfica cerrada ni presentarlo como candidato inevitable.

Carlos Lleras Restrepo también aspiraba a la candidatura liberal. El mecanismo acordado en el llamado Consenso de San Carlos vinculó la escogencia a los resultados de las elecciones legislativas del 26 de febrero de 1978: las listas asociadas a Turbay obtuvieron la ventaja y su nombre fue proclamado por el partido. No fue, por tanto, una consulta popular liberal en el sentido contemporáneo. En la elección presidencial se enfrentó al conservador Belisario Betancur, quien volvería a competir y ganaría cuatro años después.

En 1978 Turbay obtuvo 2.503.681 votos y Betancur 2.356.620: una diferencia oficial de 147.061 votos. La participación fue baja —la abstención se calculó en 59,66 %—, pero eso no redujo jurídicamente su mandato. El contexto sí era tenso. El paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 dejó, según reconstrucciones históricas, alrededor de dieciocho muertos y miles de detenidos, y alimentó en el gobierno y en sectores militares el temor a una escalada insurreccional. Turbay se posesionó el 7 de agosto de 1978 mientras los altos mandos reclamaban instrumentos excepcionales de seguridad.

El Estatuto de Seguridad

El 6 de septiembre de 1978 Turbay firmó el Decreto Legislativo 1923, conocido como Estatuto de Seguridad. Se expidió bajo el estado de sitio declarado mediante el Decreto 2131 de 1976 y justificó sus medidas como respuesta a alteraciones del orden público. Su lenguaje pertenecía a la Doctrina de Seguridad Nacional que circulaba en América Latina durante la Guerra Fría. Esa doctrina no tuvo un origen exclusivamente argentino: la historiografía identifica influencias de la contrainsurgencia francesa, la política hemisférica de Estados Unidos, la geopolítica regional y las experiencias revolucionarias y militares latinoamericanas. En Colombia se aplicó dentro de un régimen civil electoral, no de una dictadura militar.

En diciembre de 1977, treinta y tres comandantes entregaron al gobierno de Alfonso López Michelsen una propuesta de medidas de seguridad. Las reconstrucciones coinciden en que López no la adoptó antes de terminar su mandato; algunas describen una negativa y otras una evasión. Turbay sí expidió el Estatuto pocas semanas después de posesionarse. La secuencia muestra una presión militar previa y una decisión política del nuevo gobierno, pero no permite deducir con seguridad que la diferencia obedeciera a una personalidad más o menos inhibida frente a los mandos.

El general Luis Carlos Camacho Leyva, ministro de Defensa, fue una figura central en la política de seguridad. Francisco Leal Buitrago describió el periodo con la imagen de un “simulacro de ocupación” militar de instituciones estatales; otros estudios advierten que concentrar toda la responsabilidad en los uniformados oscurece la convergencia entre autoridades civiles y militares. Más que un “cogobierno” probado como forma constitucional, hubo una estrecha coordinación: Turbay y su gabinete aprobaron el marco excepcional y los mandos militares lo ejecutaron con amplias competencias.

El decreto creó y agravó delitos relacionados con el orden público, estableció arrestos y penas y amplió la competencia de la justicia penal militar para juzgar a civiles por determinadas conductas. También impuso restricciones a la información de radio y televisión y facultó a comandantes militares para conocer procesos en primera instancia dentro de esa jurisdicción excepcional. Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana objetaron la sustitución de la justicia ordinaria, las limitaciones al debido proceso y el alcance de las restricciones. No existe una base comparativa suficiente para declararlo sin matiz “el decreto más restrictivo desde 1958”, pero sí para considerarlo una ampliación severa de poderes de excepción.

Cantón Norte: el detonante y la máquina en marcha

En la noche del 31 de diciembre de 1978 al 1 de enero de 1979, el M-19 sustrajo más de cinco mil armas del depósito del Cantón Norte en Bogotá mediante un túnel. La operación tuvo una enorme repercusión pública y desafió directamente al Ejército y al gobierno recién posesionado. Fue un golpe propagandístico de gran escala; calificarlo como el más resonante de toda la guerrilla urbana hasta entonces es una comparación difícil de demostrar y no es necesaria para entender su impacto.

La respuesta estatal fue rápida y extensa. El Ejército recuperó buena parte del armamento y capturó a militantes y dirigentes del M-19, entre ellos Iván Marino Ospina. Las operaciones también alcanzaron a estudiantes, sindicalistas, profesionales y defensores de derechos humanos. La Comisión de la Verdad, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana documentaron allanamientos, detenciones arbitrarias, denuncias de tortura en instalaciones militares y serias carencias de investigación y garantías judiciales. La atribución no depende de presentar cada operativo como idéntico: identifica un patrón respaldado por fuentes distintas.

Las actas del Consejo de Ministros muestran el uso del artículo 28 de la Constitución entonces vigente para ordenar detenciones administrativas. La Comisión de la Verdad contabilizó 3.752 órdenes, con 54 nombres repetidos. Al menos diecinueve personas capturadas entre el 2 y el 8 de enero de 1979 fueron incluidas después en el Acta 10, que dio cobertura retroactiva a esas detenciones. El Acta 35 del 3 de mayo incluyó a los abogados Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Álava. No fueron solo 138 autorizaciones en total: esa cifra corresponde a un recorte parcial del expediente y subestima la escala registrada en las actas.

No hay una cifra única y depurada de todas las personas detenidas o torturadas durante el cuatrienio. Sí existe evidencia convergente sobre prácticas graves. Amnistía Internacional recibió numerosas denuncias de arrestos políticos masivos, tortura y juzgamiento de civiles por tribunales militares; la Comisión Interamericana documentó testimonios y recomendó investigaciones eficaces y límites a la jurisdicción castrense. En 1985 el Consejo de Estado condenó a la Nación por las torturas infligidas a Olga López de Roldán, detenida el 3 de enero de 1979 junto con su hija de cinco años en dependencias de inteligencia militar. La tortura fue una práctica documentada y sancionada en ese caso, no una conducta que el texto del Estatuto hubiera legalizado expresamente.

En París, en 1979, Turbay pronunció la frase que quedó asociada a la negación oficial de esas denuncias: “En Colombia el único preso político soy yo”. La Comisión de la Verdad la identifica como un hito del negacionismo estatal porque desplazaba el debate sobre las detenciones hacia una fórmula irónica. El sentido público de la frase puede documentarse; atribuirle emociones privadas —sarcasmo desdeñoso o humor de tertulia— excedería la evidencia disponible.

La red internacional y la respuesta de los defensores

Las organizaciones colombianas de derechos humanos promovieron una vigilancia internacional más intensa. Una misión de Amnistía Internacional visitó Colombia del 15 al 31 de enero de 1980 y publicó sus recomendaciones el 1 de abril; su informe más amplio apareció en septiembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una observación in loco del 21 al 28 de abril de 1980 y aprobó su informe sobre Colombia el 30 de junio de 1981. Ambas instancias cuestionaron la prolongación del estado de sitio, la justicia militar sobre civiles, la tortura y la debilidad de las investigaciones. Fueron hitos relevantes para el movimiento de derechos humanos, aunque no puede afirmarse que el asunto nunca hubiera estado antes en la política nacional.

En ese clima, la revista Alternativa, de la que Gabriel García Márquez fue fundador, había sufrido atentados. El 26 de marzo de 1981 el escritor buscó protección en la Embajada de México y salió del país. En una columna contemporánea explicó que recibió información seria sobre una orden de detención de la justicia militar por una investigación de supuestos nexos con el M-19, aunque autoridades civiles le aseguraron que no existía actuación en su contra; el gobierno negó una orden de captura y presentó su salida como parte de una campaña contra el país. Fuentes de memoria posteriores documentan que organismos de inteligencia buscaban esos vínculos. No está probado que oficiales hubieran ordenado asesinarlo en un plazo de veinticuatro horas.

El otro Turbay: el Plan de Integración Nacional

Reducir el cuatrienio 1978-1982 al Estatuto de Seguridad dejaría fuera el Plan de Integración Nacional (PIN). El plan declaró como objetivos la descentralización económica, la integración física y productiva del territorio y una mayor autonomía regional mediante infraestructura y servicios. El gasto en obras fue un eje del gobierno, pero caracterizarlo como simple reparto de infraestructura derivado de una psicología de maquinaria confunde una interpretación política con el contenido comprobable del programa.

La evaluación oficial de julio de 1982 cuantificó las inversiones programadas del PIN en 950.000 millones de pesos. Advirtió que varios proyectos ya habían comenzado antes de la promulgación del plan en 1979 y que otros continuarían después de 1982. Hasta el 31 de diciembre de 1981 se habían ejecutado 539.404,5 millones frente a 609.485,2 millones programados, un 88,5 %. El plan priorizó energía, minería, transporte, comunicaciones y programas sociales; incluyó proyectos como Chivor II, Cerrejón y Cerro Matoso y una campaña de exploración de más de cien pozos. Es más preciso hablar de impulso y continuidad que atribuir al cuatrienio la construcción íntegra de todas esas obras.

El comienzo del periodo todavía reflejó el auge cafetero y exportador de los años anteriores. El fuerte crecimiento de 1978 correspondió al año calendario completo —Turbay asumió en agosto— y no puede adjudicarse solo a su administración. Las series históricas registran una desaceleración posterior: el PIB real creció 5,4 % en 1979, 4,1 % en 1980, 2,3 % en 1981 y alrededor de 1 % en 1982, mientras la inflación anual permaneció cerca o por encima del 25 % entre 1979 y 1982. Las reservas internacionales alcanzaron alrededor de 5.633 millones de dólares al cierre de 1981, pero ese indicador coexistió con desequilibrios fiscales y externos crecientes.

El deterioro se hizo más visible al final del mandato. El Banco Mundial estimó que el déficit presupuestal pasó de 2,5 % del PIB en 1980 a 6,1 % en 1981 y 7,6 % en 1982; al mismo tiempo se apreciaron el tipo de cambio real, se debilitó la cuenta corriente y cayó el crecimiento. El sector financiero entró en una fase de inestabilidad que exigió intervenciones y recapitalizaciones, pero afirmar sin identificar las entidades que “los dos grupos más importantes colapsaron” añade una precisión que esta auditoría no pudo triangular. El balance comprobable es el de una inversión pública elevada acompañada por deterioro fiscal, externo y productivo, no una sentencia única de fraude sobre toda la política económica.

La cruzada antimarihuana y la mirada de Washington

Los años de Turbay coincidieron con la consolidación del narcotráfico como problema nacional. La administración concentró buena parte de su campaña pública en la marihuana de la costa Caribe y la Sierra Nevada. Las cifras divulgadas —27 aviones y 59 barcos interceptados al comienzo; después 1.127 colombianos y 188 extranjeros detenidos, 75 aviones, 74 barcos, 2.610.338 kilos de marihuana y 10.217 hectáreas de cultivos— proceden de balances gubernamentales reproducidos por Turbay en sus Memorias de un cuatrenio. Son útiles para conocer la rendición de cuentas oficial, pero deben presentarse como cifras del gobierno y no como una medición independiente de resultados.

Estados Unidos seguía de cerca tanto la marihuana como la cocaína. Documentos desclasificados de 1978 y 1979, entre ellos evaluaciones generales del problema de drogas y del gobierno de Turbay, ya trataban la producción, el tráfico y la cooperación bilateral. La marihuana dominaba la visibilidad de la campaña colombiana, mientras la cocaína adquiría un peso creciente. Por eso no es exacto decir que la cocaína permanecía fuera del radar oficial ni ubicar, sin respaldo específico, laboratorios decisivos en el Magdalena Medio. Lo verificable es una transición entre mercados ilícitos que las estadísticas públicas de decomisos captaban de manera incompleta.

Embajada Dominicana: el M-19 golpea de nuevo

El 27 de febrero de 1980 un comando del M-19 tomó la Embajada de la República Dominicana en Bogotá durante una recepción diplomática. La operación, comandada por Rosemberg Pabón, retuvo a quince diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos, Diego Asencio. Duró 61 días y terminó el 27 de abril con la salida de los guerrilleros y doce rehenes hacia La Habana, sin liberación de presos. El monto del pago no quedó establecido en un acuerdo público: Asencio escribió después que un particular colombiano habría entregado 1,2 millones de dólares. Esa versión debe atribuirse, no convertirse en un pago oficial de “varios millones”.

La toma obligó al gobierno a negociar con una organización a la que combatía. Documentos diplomáticos estadounidenses describen a Turbay como directamente involucrado en una estrategia cautelosa que descartó una irrupción mientras avanzaban conversaciones entre funcionarios colombianos y los captores. Diego Asencio no fue mediador dominicano: era el embajador estadounidense y uno de los rehenes. Las negociaciones privadas sobre dinero corrieron por otra vía y el acuerdo final permitió el viaje a Cuba sin excarcelar guerrilleros. El episodio muestra pragmatismo operativo ante el riesgo para los rehenes, pero no demuestra por sí solo el fracaso completo de dieciséis meses de política de seguridad.

La red: los suyos y sus adversarios

En torno a Turbay se organizó, durante su cuatrienio, una red familiar y política que marcaría también las décadas siguientes. Su esposa, Nydia Quintero, desarrolló una intensa actividad social y filantrópica desde la primera dama. Su hija Diana Turbay ejercería el periodismo con vocación pública y sería secuestrada por el cartel de Medellín en 1990 en una operación que terminaría con su muerte en enero de 1991, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.

En el mismo cuatrienio, un joven exministro liberal, Luis Carlos Galán, comenzó a levantar en las bases del partido una rebeldía contra la máquina que Turbay encarnaba. Galán fundaría en 1979 el Nuevo Liberalismo, y con él una crítica frontal al oficialismo turbayista que se prolongaría hasta su asesinato en 1989. La relación entre Turbay y Galán resumió una tensión más grande: la del liberalismo entre maquinaria y renovación, entre el hombre del directorio y el candidato del movimiento.

Entre sus adversarios estuvieron Belisario Betancur y el M-19 dirigido por Jaime Bateman Cayón. Pero no es exacto describir todo el cuatrienio como ausencia absoluta de iniciativas de diálogo. La Ley 37 del 23 de marzo de 1981 ofreció una amnistía condicionada, con exclusiones y requisitos de presentación y entrega de armas. Ese año el gobierno creó una primera Comisión de Paz por el Decreto 2761 del 8 de octubre, a propuesta de Carlos Lleras Restrepo; funcionó durante varios meses y no alcanzó un acuerdo. En 1982 el M-19 rechazó otra oferta gubernamental. Fueron aproximaciones limitadas y fallidas, no una negociación sostenida, pero forman parte del balance.

El fin del cuatrienio: la salida y la herencia

El Decreto 1674 del 9 de junio de 1982 dispuso levantar el estado de sitio a partir del 20 de junio. La propia revisión judicial calculó que había regido cinco años, ocho meses y trece días desde el 7 de octubre de 1976, no seis años completos de manera imprecisa. La medida entró en vigor menos de dos meses antes de la posesión del siguiente presidente. El gobierno sostuvo que las condiciones permitían volver a la normalidad; el gesto ocurrió además en una coyuntura electoral atravesada por denuncias de violaciones de derechos humanos y por propuestas de paz.

El Partido Liberal llegó dividido a las elecciones de 1982. Los resultados oficiales dieron 3.189.587 votos a Belisario Betancur, 2.797.786 a Alfonso López Michelsen, 746.024 a Luis Carlos Galán y 82.858 a Gerardo Molina. Betancur ganó con una coalición que combinó apoyos conservadores y sectores ajenos al oficialismo liberal. Las denuncias sobre derechos humanos, la búsqueda de una salida negociada y el deterioro económico hicieron parte de la campaña, pero el resultado no permite afirmar como hecho medible que todo el país votó para escapar de un único “clima Turbay”.

Betancur asumió el 7 de agosto de 1982 y dio mayor centralidad a la negociación. La Ley 35, sancionada el 19 de noviembre y vigente desde el día siguiente, concedió una amnistía general para delitos políticos y conexos, con una excepción para homicidios cometidos fuera de combate con sevicia o aprovechando la indefensión de la víctima. Fue más amplia que la Ley 37 de Turbay, que había sido condicionada y excluía, entre otros, secuestro, extorsión y ciertos homicidios. La nueva ley permitió liberar procesados y condenados, muchos juzgados por la justicia penal militar. La diferencia entre ambas políticas es significativa, pero no borra el intento previo ni constituye por sí sola una sentencia histórica total sobre el gobierno anterior.

El Estatuto no logró impedir operaciones de alto impacto del M-19 ni cerrar el conflicto insurgente. La Comisión de la Verdad relaciona las detenciones arbitrarias, la tortura, el exilio y la persecución de sectores sociales con procesos de radicalización y con un deterioro de la legitimidad estatal. Esa evidencia permite hablar de costos políticos y humanos profundos. No permite afirmar de manera monocausal que el Estatuto hubiera sido diseñado para “exterminar” toda subversión, que por sí solo fortaleciera a todos los grupos armados o que politizara de la misma manera a generaciones enteras. Su balance debe incluir objetivos declarados, resultados militares parciales, persistencia insurgente y violaciones documentadas.

La huella de Turbay

Turbay sobrevivió a su presidencia veintitrés años. Volvió a dirigir el Partido Liberal, mantuvo influencia política y defendió su gestión en memorias y entrevistas. Murió en Bogotá el 13 de septiembre de 2005. Su hija Diana Turbay había muerto el 25 de enero de 1991, casi quince años antes —no tres décadas—, durante un operativo de rescate después de su secuestro por el grupo de Los Extraditables. La pérdida ocupó un lugar central en sus evocaciones familiares posteriores.

La huella jurídica del cuatrienio se reconoce en la ampliación de la justicia penal militar sobre civiles y en el uso prolongado del estado de sitio. La Comisión Interamericana y Amnistía Internacional cuestionaron esas competencias y pidieron restablecer garantías ordinarias; la jurisprudencia posterior limitó progresivamente el juzgamiento militar de civiles. Debates posteriores sobre legislación antiterrorista, jurisdicción castrense y estados de excepción retomaron problemas semejantes, aunque no constituyen una repetición directa ni pueden atribuirse todos a un único decreto de 1978.

En el registro económico, el PIN dio prioridad a hidroeléctricas, termoeléctricas, transporte, comunicaciones, exploración petrolera, Cerrejón y Cerro Matoso. La evaluación oficial muestra, al mismo tiempo, que algunos proyectos habían comenzado antes de 1979 y otros se extendieron más allá de 1982. El gobierno impulsó y financió una etapa importante de esa infraestructura, pero no la creó íntegramente dentro de un solo mandato. Su cierre coincidió con desaceleración, inflación elevada y un déficit presupuestal estimado en 7,6 % del PIB en 1982.

En el registro político, Turbay representó una forma de dirección liberal apoyada en organización partidista, negociación parlamentaria y redes regionales durante la transición posterior al Frente Nacional. Betancur dio mayor prioridad a una paz negociada, aunque el propio gobierno Turbay había ensayado una amnistía condicionada y una comisión de paz. Los gobiernos siguientes combinaron, en proporciones cambiantes, negociación y coerción. No formaron una secuencia reducible a dos polos fijados por Turbay y Betancur, y el periodo 1978-1982 fue un cuatrienio, no un trienio.

El registro moral sigue disputado. Sus defensores destacan que enfrentó una amenaza insurgente real, conservó un gobierno civil electoral e impulsó infraestructura. Sus críticos subrayan que el Estatuto extendió la jurisdicción militar, restringió libertades y creó condiciones en las que se documentaron torturas, detenciones arbitrarias y juzgamientos sin garantías suficientes. Es inexacto afirmar que Turbay “legalizó la tortura”: el decreto no la autorizaba y Colombia estaba obligada a prevenirla. La responsabilidad histórica se apoya, con mayor precisión, en decisiones civiles que ampliaron poderes excepcionales y en la respuesta insuficiente frente a abusos comprobados.

Turbay fue un dirigente liberal formado fuera de la universidad, un organizador partidista de larga carrera, el presidente que impulsó el PIN y el firmante del Estatuto de Seguridad. Su origen familiar no puede resumirse como el de un hombre “sin apellido”: fue hijo de un inmigrante libanés y construyó un nombre político propio dentro del liberalismo. Tampoco es necesario declarar al Decreto 1923 el más restrictivo desde 1958 para comprender su gravedad. Un retrato histórico equilibrado distingue el contenido jurídico del decreto, las violaciones cometidas bajo su aplicación, la responsabilidad de autoridades civiles y militares, los resultados parciales de seguridad y las continuidades económicas que atravesaron varios gobiernos.