José María Melo

La semblanza

Melo ocupa un lugar discutido en el panteón republicano colombiano. Fue militar de carrera, combatió en campañas decisivas de la independencia y ascendió por grados hasta general de brigada. Nació en Chaparral y creció en Ibagué; algunas biografías le atribuyen ascendencia indígena, pero la documentación disponible aconseja formular esa filiación con cautela y no llamarlo «pastuso». En 1854 su poder se apoyó principalmente en militares de la capital y en sectores artesanales de Bogotá, aunque también tuvo partidarios en provincias del sur y de la costa atlántica que fueron derrotados.

El golpe del 17 de abril de 1854 selló su lugar en la historia. En él convergieron la defensa corporativa del ejército frente a los proyectos de reducción o supresión, el rechazo artesanal al libre cambio, la carestía de alimentos y una crisis política que enfrentaba al presidente Obando con el Congreso. Melo se convirtió en el punto de contacto entre esas tensiones. La historiografía ha debatido si el episodio fue ante todo un motín militar, una rebelión artesano-militar o una experiencia de poder popular; por eso, definirlo sin matices como el único gobierno de «los de abajo» convierte una interpretación en certeza.

Los orígenes: Chaparral, la independencia y los primeros exilios

Melo nació el 9 de octubre de 1800 en Chaparral, hijo de Manuel Antonio Melo y María Antonia Ortiz, y creció en Ibagué. Ingresó al ejército republicano el 21 de abril de 1819 con grado de teniente. Sirvió en la campaña del Cauca, peleó en Pichincha el 24 de mayo de 1822, en Junín el 6 de agosto de 1824 y en Ayacucho el 9 de diciembre del mismo año; acompañó a Sucre al Alto Perú y participó en la rendición de El Callao en enero de 1826. Una biografía del Banco de la República añade su presencia en Bomboná, dato que no aparece en todas las cronologías consultadas.

Su formación transcurrió, entonces, en el sur del continente: entre el norte peruano y el Alto Perú que se convertiría en Bolivia, en la escuela de guerra que dio a la América independiente la mayor parte de sus futuros generales y presidentes. Cuando volvió a la Nueva Granada, ya con capital simbólico de veterano, encontró el país en la crisis de la disolución de Colombia y del ocaso bolivariano.

En 1830 apoyó el breve gobierno dictatorial de Rafael Urdaneta, de quien además era concuñado. Tras la caída de ese régimen fue borrado de la lista militar y expulsado de la Nueva Granada en agosto de 1831; pasó por Curazao y llegó a Venezuela a fines de ese año. Allí participó en una conspiración contra José Antonio Páez en 1833 y tuvo un papel activo en la Revolución de las Reformas de 1835-1836. Fracasado el movimiento, su condena a muerte fue conmutada por el exilio y salió hacia Europa. La secuencia documenta su participación en varias rupturas del orden político, sin necesidad de convertirla en un diagnóstico psicológico retrospectivo.

Tras su estancia europea, Melo volvió a la Nueva Granada y se dedicó durante algunos años al comercio en Ibagué. Tomás Cipriano de Mosquera lo reincorporó al escalafón como teniente coronel el 27 de mayo de 1847; fue coronel efectivo desde el 11 de abril de 1850, general de brigada y comandante de la primera división desde el 2 de junio de 1851, y comandante general de Cundinamarca desde junio de 1852. No era, por tanto, general a mediados de los años cuarenta. Su identificación con los liberales draconianos se consolidó durante ese ascenso.

El país que Melo iba a heredar: artesanos, aranceles y Sociedades Democráticas

Para entender el golpe hay que entender la Nueva Granada de los años previos, un país donde la economía y la política estaban tramadas por un mismo conflicto: el arancel.

La reforma arancelaria impulsada en 1847 por el secretario de Hacienda Florentino González, durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, profundizó la orientación hacia el libre comercio. Muchos artesanos urbanos —entre ellos sastres, zapateros, herreros, talabarteros y carpinteros— pidieron mayor protección para competir con manufacturas importadas. Las fuentes muestran un conflicto sostenido entre esas demandas y la política comercial de los liberales radicales; sus efectos variaron por oficio y región y no deben resumirse como la ruina automática de todo el artesanado en beneficio directo de un solo grupo.

En octubre de 1847 se fundó la Sociedad de Artesanos de Bogotá, inicialmente orientada a la protección del trabajo artesanal. Con la apertura de su membresía y su posterior identificación como Sociedad Democrática, la asociación se convirtió también en un espacio de educación, sociabilidad y movilización política vinculado al liberalismo. Algunas sociedades y sus integrantes participaron en guardias nacionales y movilizaciones armadas, pero no fueron simples instrumentos uniformes del gobierno: mantuvieron demandas propias y atravesaron rupturas internas.

La movilización artesanal tuvo un papel visible en la elección presidencial del 7 de marzo de 1849, cuando el Congreso escogió a José Hilario López después de varias votaciones y bajo fuerte presión callejera. La Sociedad apoyó su candidatura y el nuevo gobierno cultivó inicialmente esa alianza. El posterior testimonio de Ambrosio López muestra, sin embargo, el desengaño de una parte de los artesanos ante promesas arancelarias que consideraban incumplidas; no se trató de una simpatía secreta y estable.

El liberalismo se dividió entre gólgotas o radicales, partidarios de reformas amplias y del libre comercio, y draconianos, más cercanos a los veteranos militares y a una parte de las demandas artesanales. El nombre «draconiano» surgió de la oposición de ese sector a abolir la pena de muerte por delitos políticos, no exclusivamente de una postura arancelaria. Las alianzas variaron según el asunto: artesanos y draconianos coincidieron contra la reducción del ejército y el libre cambio, mientras radicales y conservadores convergieron en el Congreso contra el gobierno de Obando.

Frustrados en sus demandas económicas y enfrentados con los gólgotas, numerosos artesanos se movilizaron junto a sectores militares en 1854. Para entonces Ambrosio López ya no dirigía la Sociedad Democrática: había publicado El desengaño, se había aproximado al conservatismo y fue expulsado de la organización. El Museo Nacional distingue su trayectoria de la de Miguel León, dirigente artesanal que sí apoyó al gobierno de Melo hasta morir en el combate del 4 de diciembre.

El 17 de abril: mecánica del golpe

José María Obando asumió la presidencia el 1 de abril de 1853 y ese año se promulgó una Constitución que amplió derechos individuales, estableció la elección directa de varios cargos y profundizó la descentralización. Su gobierno quedó debilitado por la oposición conjunta de radicales y conservadores en el Congreso y por las tensiones alrededor del ejército. Las elecciones directas y la descentralización reordenaron la competencia política en las provincias, pero la crisis inmediata se concentró en la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la fuerza armada.

La amenaza de reducir o suprimir el ejército permanente fue una causa inmediata y decisiva para oficiales como Melo, pero no actuó sola. Se combinó con la oposición artesanal al libre cambio, la carestía en la sabana de Bogotá, las luchas entre gólgotas y draconianos y la debilidad del gobierno de Obando. También circuló la acusación de que Melo buscaba evadir el proceso por la muerte del cabo Pedro Ramón Quiroz; la historiografía discute ese móvil y no lo considera una explicación suficiente del golpe.

En la madrugada del 17 de abril de 1854, Melo, comandante general del departamento militar de Cundinamarca, encabezó la toma del arsenal y de edificios de gobierno, disolvió el Congreso y depuso a Obando. Los documentos del nuevo régimen lo denominaron «Jefe Supremo del Estado» y también «Comandante General y Supremo Jefe del Estado». La operación contó con parte de la guarnición, guardias nacionales y artesanos de las Sociedades Democráticas.

Antes de deponerlo, los insurrectos intentaron convencer a Obando de que encabezara la rebelión y asumiera poderes extraordinarios. Obando se negó a romper el orden constitucional. Melo asumió entonces la jefatura del Gobierno Provisorio y Obando quedó detenido; después de la restauración constitucional fue juzgado por supuesta complicidad con la rebelión. El episodio muestra que el movimiento buscó inicialmente la legitimidad popular de Obando, pero no prueba que existiera una transferencia formal de la presidencia.

El gobierno de ocho meses: programa y contradicciones

El Gobierno Provisorio desplegó una campaña para legitimar el golpe como «regeneración» de la república. Periódicos como El Artesano y El 17 de Abril invocaron la soberanía popular, las libertades públicas y la defensa del pueblo, al tiempo que rechazaban las acusaciones de dictadura. Ese lenguaje debe atribuirse a los voceros del movimiento: coexistió con la disolución del Congreso, la deposición del presidente y medidas severas contra opositores, portadores de armas e impresos considerados sediciosos.

El programa dispuso que el gobierno sería provisional hasta que una Convención Nacional redactara una nueva Constitución. Mientras tanto, los rebeldes derogaron la Carta de 1853 y restablecieron la de 1843 como marco transitorio; además nombraron secretarios de Estado, gobernadores y autoridades locales. Esa reversión afectaba el diseño electoral y descentralizador de 1853; el propósito declarado, sin embargo, fue reemplazarla mediante una convención de representantes que el régimen presentaba como genuinamente nacionales.

El Gobierno Provisorio intentó sostener una administración en medio de la guerra: organizó secretarías, nombró autoridades, restableció el fuero militar, reguló el orden público y buscó recaudar recursos. Su control efectivo fuera de Bogotá y la sabana fue escaso o nulo en muchas provincias. Hubo partidarios en zonas del sur y de la costa atlántica, pero fueron derrotados, mientras los constitucionalistas organizaron frentes desde el Caribe, Antioquia, Santander y el Cauca. La imagen de una plaza sitiada describe bien la fase final, aunque no debe borrar esos apoyos regionales limitados.

La insuficiencia fiscal fue uno de los principales límites del régimen. El gobierno trató de cobrar deudas al tesoro, controlar las salinas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa y reunir veinte mil pesos en donaciones, de los cuales obtuvo algo más de trece mil. Meses después impuso una contribución sobre el ganado de la provincia de Bogotá. Estas medidas muestran una búsqueda difícil de recursos; no bastan para afirmar, sin datos adicionales, que todos los comerciantes lo toleraron primero y luego abandonaron.

El melismo cargaba una contradicción política central. Sus voceros invocaban soberanía popular, derechos y legalidad, mientras el poder había surgido de un golpe que cerró el Congreso, depuso al presidente y dejó sin vigencia la Constitución de 1853. Por eso la historiografía usa tanto «dictadura» como «Gobierno Provisorio» o «gobierno de facto». Distinguir la autodenominación del régimen de la clasificación histórica permite describir la tensión sin resolverla mediante una sola etiqueta.

La base más visible del gobierno estuvo en militares de la capital, guardias nacionales y artesanos bogotanos. También recibió apoyos populares y adhesiones limitadas en algunas provincias, e incluso contó con ciertos draconianos y conservadores, pero no logró convertirlos en una coalición nacional duradera. La fórmula de alianza entre «uniforme y taller» resume una parte sustancial del movimiento; no agota la diversidad de sus participantes ni explica por sí sola su derrota.

La coalición constitucionalista: enemigos que se hacen aliados

La respuesta reunió a dirigentes liberales y conservadores que organizaron fuerzas fuera de Bogotá. Tomás Herrera asumió el poder ejecutivo de acuerdo con el vicepresidente José de Obaldía; José Hilario López y Julio Arboleda formaron el Ejército del Sur, mientras Tomás Cipriano de Mosquera organizó el Ejército del Norte y obtuvo armas y transporte con apoyo privado. Entre los mandos constitucionalistas también estuvieron Joaquín París, Pedro Alcántara Herrán y otros oficiales. La organización militar comprobada no sitúa a Manuel Murillo Toro ni a José Ignacio de Márquez como comandantes de la entrada a Bogotá.

La convergencia constitucionalista admite varias lecturas. Sus protagonistas declararon que buscaban restaurar la Constitución de 1853 y el gobierno legítimo; interpretaciones de historia social han subrayado, además, el temor de propietarios y dirigentes partidistas ante una alianza armada de artesanos y militares. Esa segunda lectura es influyente y ayuda a explicar la amplitud de la coalición, pero no debe presentarse como el motivo íntimo y uniforme de todos sus integrantes ni como simple envoltorio retórico.

La guerra civil se prolongó durante siete meses y diecisiete días. Los ejércitos constitucionalistas del Norte y del Sur, comandados respectivamente por Mosquera y López en la fase final, cercaron Bogotá y atacaron desde el 3 de diciembre. El día 4 derrotaron y capturaron a Melo y a sus fuerzas. Tomás Herrera murió en el combate; José de Obaldía encabezaba el gobierno constitucional, pero no corresponde describirlo, junto con una lista de expresidentes, como integrante comprobado de la entrada militar a la ciudad.

El después: juicio, indulto y violencia contrarrevolucionaria

Melo permaneció preso cerca de seis meses y en 1855 enfrentó procesos de distinta naturaleza, incluido el relacionado con la muerte del cabo Quiroz. Finalmente una decisión civil ordenó la confiscación de sus escasos bienes y el destierro por ocho años; salió hacia Costa Rica el 23 de octubre de 1855. El presidente Manuel María Mallarino lo había incluido el 6 de junio en un indulto condicionado al exilio. Obando fue juzgado por traición y rebelión por su supuesta complicidad, pero afirmar que allí terminó toda su carrera borra que volvió a intervenir en la política y murió en combate en 1861.

La derrota produjo una represión severa, aunque desigual y mejor documentada en Bogotá y entre los prisioneros enviados a Panamá. En la toma de la capital murieron cerca de ciento cincuenta rebeldes, hubo más de doscientos heridos y alrededor de mil ochocientos prisioneros según recuentos contemporáneos estudiados recientemente. Más de trescientos fueron enviados a prisión en Panamá y otros hicieron trabajos forzados. Esos datos permiten medir el castigo sin convertir una lectura de clase en balance único y total.

La derrota debilitó a las Sociedades Democráticas de Bogotá y a la alianza que había articulado demandas artesanales con sectores militares. El libre comercio conservó gran influencia en las décadas siguientes, aunque los aranceles y la protección no desaparecieron del debate ni siguieron una trayectoria inmutable. Parte de la historiografía interpreta 1854 como una derrota decisiva del proteccionismo artesanal; establecer cuánto determinó por sí sola el rumbo económico posterior exige distinguir política aduanera, cambios productivos y reorganización del artesanado.

El restablecimiento del gobierno constitucional no borró todas las reformas de 1853 y la experiencia federal continuó desarrollándose en los años siguientes. Lo que 1854 sí mostró fue la capacidad coyuntural de dirigentes liberales y conservadores para coordinarse contra un gobierno surgido de un golpe. Convertir ese desenlace en una regla universal sobre cualquier proyecto popular armado posterior es una interpretación de larga duración, no una consecuencia que pueda comprobarse directamente en este episodio.

El exilio final: México, Juárez y la muerte

Expulsado tras la derrota, Melo partió hacia Costa Rica en octubre de 1855. Sus movimientos durante los dos años siguientes no están bien documentados: una biografía del Banco de la República considera posible, pero no comprobada, su participación bajo otro nombre en la resistencia centroamericana contra William Walker. En mayo de 1859 apareció en El Salvador y el 2 de junio fue nombrado inspector general de su ejército. Después pasó brevemente por Guatemala y llegó al sur de México. Esta ruta puede reconstruirse; la idea de que fue un «huésped incómodo» en todas esas repúblicas es una inferencia.

En Chiapas, Melo ofreció sus servicios al gobernador liberal Ángel Albino Corzo, quien obtuvo autorización de Benito Juárez para incorporarlo a las fuerzas que defendían la frontera con Guatemala. Desde Comitán organizó un destacamento de caballería frente a los conservadores de Juan Antonio Ortega. En la madrugada del 1 de junio de 1860 fue sorprendido y herido en la hacienda Juncaná, en Zapaluta —hoy La Trinitaria—, a unos veintidós kilómetros de Comitán. Fue fusilado poco después sin juicio formal. No murió en Juchitán ni en Oaxaca, y la intervención francesa comenzó después de su muerte.

La muerte en el exilio cerró una trayectoria militar iniciada en las guerras de independencia. En México combatió bajo autoridades liberales, pero en Chiapas y no entre las fuerzas zapotecas de Juchitán. Habitantes tojolabales de Juncaná enterraron su cuerpo frente a la capilla local, según la investigación biográfica conservada por el Banco de la República. Ese dato no prueba una simetría étnica con Melo: su posible ascendencia indígena debe formularse con cautela y su origen fue tolimense, no pastuso.

Su red: hombres, lugares e ideas

Melo se movió en el cruce de varias redes. La primera fue la de los veteranos bolivarianos, forjada en campañas como Pichincha, Junín, Ayacucho, el Alto Perú y El Callao. Esa experiencia le dio grado, prestigio y vínculos militares que luego se reordenaron con la disolución de Colombia. Algunos dirigentes de su generación terminaron en el bando constitucionalista de 1854, pero no está probado que todos los generales que entraron a Bogotá hubieran marchado personalmente con Melo en las mismas campañas.

La segunda red fue el liberalismo draconiano, cercano a Obando y a oficiales opuestos a la reducción del ejército. Eso ayuda a explicar el intento de los insurrectos por convencer al presidente de encabezar la ruptura. La relación con el artesanado debe describirse sin colocar a Ambrosio López en el bando melista: para 1854 el fundador de la Sociedad había sido expulsado de ella y se aproximaba al conservatismo. Otros dirigentes, como Miguel León, y numerosos miembros de las Sociedades Democráticas sí sostuvieron el Gobierno Provisorio.

La tercera red fue geográfica. Chaparral e Ibagué marcaron su origen y su retorno a la vida civil; Bogotá fue el escenario de sus mandos de 1851-1854, del golpe y de la derrota. Sus exilios lo llevaron por Curazao, Venezuela y Europa, y después por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México. Las campañas tempranas se extendieron por el Cauca, Ecuador, Perú y el Alto Perú: ese itinerario documentado permite seguir su carrera entre las guerras de independencia, los exilios y el servicio militar en distintas repúblicas.

Melo no dejó una obra doctrinaria comparable a la de los publicistas de su época, pero tampoco fue solo un mando sin ideas. Sus proclamas, decretos y periódicos afines articularon un proyecto que invocaba soberanía popular, propiedad, moral cristiana, protección del ejército, derechos civiles y una nueva convención constitucional. La formulación pública dependió en buena medida de redactores como Joaquín Pablo Posada y de periódicos como El Artesano y El 17 de Abril. La investigación reciente estudia ese conjunto como un programa de legitimación, aunque su alcance práctico fue breve y limitado.

La huella: cómo se disputa su memoria

El melismo ha sido objeto de lecturas encontradas. Varios contemporáneos y una parte de la historiografía lo redujeron a motín militar, ambición personal o maniobra para eludir el proceso por la muerte de Quiroz. Investigaciones sociales posteriores destacaron la participación artesanal y el conflicto de clase; trabajos recientes han reconstruido además el programa político y las estrategias de legitimación del Gobierno Provisorio. Esa secuencia muestra un debate historiográfico, pero no permite atribuir una sola intención a todos los manuales o autores anteriores.

En el siglo XX, especialmente desde la sociología histórica, la interpretación cambió. El golpe de 1854 pasó a leerse como una subversión de clases: el momento en que los sectores populares del ejército y los artesanos urbanos intentaron disputar el Estado, y en que la percepción del peligro revolucionario llevó a todo el grupo dominante a unirse bajo la bandera de la legalidad para defender, entre otras cosas, el derecho de propiedad. Bajo esa lente, el melismo dejó de ser un episodio menor y pasó a ser un momento de verdad sobre la estructura del poder colombiano: la clase dominante, dividida en dos partidos, sabía cerrar filas cuando el orden social estaba en juego.

Otra lectura subraya la convergencia entre una crisis corporativa militar y una protesta artesanal sin suponer que ambas formaran un bloque homogéneo. Esa interpretación ayuda a explicar las tensiones internas y la dificultad para extender el movimiento fuera de Bogotá. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que los rebeldes sí formularon un programa político más amplio que la sola reivindicación arancelaria: pretendían reorganizar el Estado, restablecer temporalmente la Constitución de 1843 y convocar una convención nacional. El problema fue menos la ausencia absoluta de proyecto que su limitada capacidad de sostenerlo y territorializarlo.

Una tercera línea de análisis atiende al lenguaje político del movimiento. Sus periódicos y decretos combinaron la defensa del pueblo y del trabajo artesanal con soberanía popular, moral cristiana, orden, propiedad y memoria de la independencia. Esa mezcla no encaja de manera simple en la oposición entre liberalismo y conservatismo. Puede estudiarse como una forma de nacionalismo popular y militar, siempre que se presente como interpretación cultural de un corpus de proclamas y no como una etapa ya demostrada y cerrada de la evolución nacional.

Las lecturas coinciden en que 1854 no fue una anécdota, pero difieren sobre su naturaleza. Fue una toma del gobierno por militares y artesanos organizados, seguida por una respuesta conjunta de dirigentes liberales y conservadores. Esa singularidad permite estudiar los límites de la movilización popular y del poder militar en la Nueva Granada. No permite elevar el desenlace a una regla eterna según la cual toda política popular armada encontraría siempre una coalición idéntica de propietarios.

La discusión sobre la ascendencia indígena de Melo forma parte de su memoria contemporánea. El Banco de la República la presenta con cautela —como una ascendencia que quizá podía reclamar—, mientras relatos recientes lo identifican de manera más afirmativa como indígena pijao. Lo comprobable es que nació en Chaparral, creció en Ibagué y desarrolló una carrera militar prolongada; no fue pastuso. La hipótesis de que su derrota constituyó también un cierre racial y social sigue abierta, pero la composición del frente constitucionalista no demuestra por sí sola esa causalidad.

Hoy Melo aparece de manera intermitente en la memoria pública colombiana. Su nombre carece del brillo que la historiografía oficial dio a Bolívar, Santander, Núñez o los presidentes de la Regeneración. Cuando reaparece, lo hace como referencia obligada en la historia del movimiento artesano, del liberalismo popular y de la Bogotá del siglo XIX, y ocasionalmente como bandera de tradiciones políticas que buscan, en el fondo del siglo XIX, antecedentes para las luchas populares contemporáneas. Ese uso disputado indica que su lugar sigue abierto: al margen del canon, la anomalía de Melo ilumina cómo se estabilizó el poder en la Colombia republicana.