José Ignacio de Márquez

Semblanza de un civilista

Márquez pertenece a esa generación de juristas provincianos que hicieron la República después de la Independencia. No fue un caudillo ni un militar; nunca comandó tropas ni fundó ciudades. Su instrumento fue el código, su tribuna el Congreso, su método la deliberación. Cuando accedió a la presidencia en 1837, encarnaba lo que dentro del bloque ministerial se llamaba con precisión "moderado civilista": partidario del gobierno, pero refractario al sectarismo religioso de los "fanáticos" y a la agitación bolivariana de corte pretoriano. Compartía esa sensibilidad con figuras como José Manuel Restrepo y Luis Pombo, y prefiguraba el estilo político que años después encarnarían, ya dentro del conservatismo consolidado, hombres como Rufino Cuervo: tolerantes en materia religiosa, cautelosos en las reformas, empeñados en transformar la vida nacional sin romper con la tradición.

Márquez llegó a la presidencia después de una elección en la que ningún candidato obtuvo la mayoría requerida y el Congreso escogió entre José Ignacio de Márquez, José María Obando y Vicente Azuero; Santander aceptó la decisión pese a oponérsele. La Casa de Nariño no era entonces sede presidencial: sólo empezó a serlo en 1908. La pérdida de control territorial durante la guerra tampoco puede explicarse por un rasgo de temperamento. Confluyeron la protesta religiosa de Pasto, disputas regionales y caudillistas, debilidad fiscal y militar del Estado y conflictos políticos y sociales diferentes según la provincia.

Orígenes boyacenses y formación jurídica

Márquez nació en Ramiriquí, en el altiplano boyacense, el 9 de septiembre de 1793. Su Boyacá natal era ya entonces una región de curas, letrados y tierras de vocación agraria, ligada por el camino real a Tunja y a Santafé; de allí saldría buena parte de la clase política civilista que dio forma al aparato republicano en las primeras décadas. Se formó en el derecho, y esa formación —más que su origen provinciano— definió su lugar en la vida pública: los juristas fueron, en la Nueva Granada temprana, la casta administrativa por excelencia, la que redactaba constituciones, dictaba códigos y ocupaba las secretarías de despacho.

La disolución de la Gran Colombia en 1830, coincidente con la muerte de Simón Bolívar en diciembre de ese año, abrió el escenario en que Márquez haría carrera. Venezuela y Ecuador se separaron; la Ley Fundamental del 17 de noviembre de 1831 creó el Estado de la Nueva Granada y la Constitución de 1832 organizó su régimen. Esta carta estructuró el territorio en provincias dotadas de cámaras provinciales, definió un ejecutivo limitado y un Congreso fuerte, y estableció el deber del gobierno de proteger a los granadinos en el ejercicio de la Religión Católica, Apostólica y Romana. No ratificó de manera expresa una prohibición del culto público de otras religiones. La relación entre Estado e Iglesia seguiría siendo, sin embargo, un campo decisivo de conflicto.

Bajo esa constitución, Francisco de Paula Santander fue nombrado presidente. Venía del corazón mismo del proyecto originario: había sido vicepresidente en la etapa gran-colombiana, y su figura condensaba el legalismo civilista contra el que Bolívar había chocado desde 1826. En las elecciones para su presidencia, provincias enteras votaron por él en bloque: Riohacha lo eligió por unanimidad con sus once electores, Santa Marta lo respaldó de modo casi unánime en cuatro de cinco asambleas cantonales, y en Popayán —tierra de los Mosquera— siete de las once asambleas cantonales votaron por él sin fisuras. Márquez ya había ocupado la Secretaría de Hacienda en 1831, durante el gobierno encargado de Domingo Caycedo, no durante el cuatrienio de Santander. En marzo de 1832 el Congreso lo eligió vicepresidente y Márquez ejerció el Poder Ejecutivo del 10 de marzo al 7 de octubre, mientras Santander regresaba del exterior. Su exposición de Hacienda de 1831 defendió la contención del gasto y el equilibrio fiscal, además de medidas de fomento y protección económica. Esas posiciones pertenecen a un documento y una coyuntura precisos, no a una secretaría ejercida bajo Santander.

La pugna con el bolivarianismo y el bloque ministerial

Para entender por qué Márquez fue presidente hay que entender el conflicto que estructuraba la política neogranadina desde antes de la refundación. La pugna entre santanderistas y bolivarianos había estallado en 1826, cuando Bolívar promovió un proyecto constitucional inspirado en la Carta boliviana: presidencialismo vitalicio, poderes casi monárquicos, un ejecutivo que se acercaba peligrosamente al modelo autoritario. Los santanderistas, apegados a la Constitución de Cúcuta de 1821, vieron en ese proyecto la negación misma del republicanismo liberal. La Convención de Ocaña de 1828, convocada para saldar la disputa, terminó en fracaso: los bolivarianos se retiraron, los santanderistas se declararon sujetos a la Constitución de 1821, y el país quedó partido en dos bloques cuyas resonancias sobrevivieron a la muerte de Bolívar y a la disolución del proyecto gran-colombiano.

En el paisaje político de la Nueva Granada de los años treinta aparecieron denominaciones todavía inestables. Los ministeriales apoyaban al gobierno y los liberales agrupaban buena parte de la oposición santanderista, pero las elecciones de 1838 también mostraron a la Sociedad Católica como una fuerza distinguible de ambos. Algunas interpretaciones posteriores integraron a sus promotores dentro de un sector ministerial clerical; otras subrayan su competencia electoral separada. A nivel local y regional —particularmente en la costa— las facciones respondían además a lealtades personales y económicas más que a fidelidades partidistas formales. En Mompox, en 1840, el enfrentamiento entre un ministerial como Ribón y un oposicionista liberal como Martínez Troncoso se explicaba menos por doctrina que por gamonalismo.

Márquez había sido colaborador de Santander, pero su distanciamiento se hizo visible antes de la sucesión de 1837. Santander apoyó a José María Obando, mientras Vicente Azuero encabezó una tercera candidatura importante. Como ninguno obtuvo la mayoría exigida, el Congreso debía escoger entre los tres más votados y eligió a Márquez. Santander rechazó propuestas de desconocer el procedimiento y aceptó la transferencia. La sucesión mostró la capacidad de esas instituciones para tramitar una disputa severa, aunque la elección estuvo acompañada por impugnaciones sobre la candidatura de quien había ejercido la vicepresidencia.

Márquez asumió en 1837 y, con él, la moderación civilista pasó del papel al gobierno.

La presidencia (1837-1841): gobierno, coalición y censo

En el poder, Márquez actuó como su temperamento lo predecía. Se apoyó en los ministeriales y procedió a compartir el ejecutivo con la facción bolivariana, un gesto de reconciliación que interpretaba como cierre del cisma de Ocaña y que Santander leyó como capitulación. La oposición del ex presidente y de los liberales más intransigentes se hizo, desde el primer día, abierta. Pero el gobierno tenía margen: contaba con el Congreso, con la Iglesia, con los notables provinciales, y sobre todo con la legitimidad institucional que le había dado la transferencia pacífica del poder.

No se levantó un censo nacional durante el cuatrienio de Márquez. El censo oficial de 1835, anterior a su presidencia, registró 1.686.038 habitantes y dejó por fuera de ese total a 111.130 indígenas y 38.840 personas esclavizadas; el siguiente censo fue el de 1843, ya bajo Herrán. Esas exclusiones impiden usar una sola cifra como población completa del país, aunque las series sí muestran una sociedad de menos de dos millones de personas, dispersa en una geografía montañosa y con fuertes lealtades provinciales o regionales. La identidad nacional era una aspiración de las élites bogotanas, no una realidad social. En Pasto se era pastuso antes que granadino; en Cartagena, cartagenero; en Popayán, payanés y —muchas veces— mosquerista, en referencia a la familia local que dio a la Nueva Granada varios de sus políticos y militares más notables.

Ese regionalismo estructural se combinaba con dos debilidades del Estado. Primera, la debilidad fiscal, sobre la que el propio Márquez había teorizado como secretario de Hacienda: los ingresos apenas alcanzaban para lo indispensable, y el gasto militar era imposible de sostener sin recursos extraordinarios. Segunda, la debilidad institucional frente a la Iglesia: mientras la autoridad eclesiástica era casi universalmente aceptada por el pueblo, los nuevos gobernantes republicanos eran percibidos como distantes, ajenos, provisionales. En cualquier choque con el clero, el Estado neogranadino jugaba con desventaja.

Estas condiciones —regionalismo, debilidad fiscal, primacía eclesiástica— formaron el terreno sobre el cual Márquez tomó, en mayo de 1839, la decisión que le costaría el país.

La ley de conventos y el estallido en Pasto

La supresión de los conventos menores de San Francisco, San Agustín, La Merced y Santo Domingo en Pasto se apoyó en una ley de 1821 aplicable a comunidades con menos de ocho religiosos. Pasto había quedado exceptuado en 1827, y la aplicación se ratificó mediante disposiciones del 27 de mayo y el 6 de junio de 1839. Sus bienes y rentas debían destinarse a educación y a las misiones de Mocoa. La historiografía no es unánime sobre el papel de la jerarquía: algunas fuentes registran anuencia del obispo de Popayán y otras describen intereses o posiciones más ambiguos. Por eso no puede presentarse como una solicitud eclesiástica inequívoca ni como una operación meramente técnica.

Pero desde Pasto la ley se vio distinta. Pasto era, y sería durante décadas, uno de los reductos católicos más devotos y regionalistas del país. La ciudad había resistido con las armas durante la Independencia, había apoyado la causa realista hasta el final, y había mantenido después una relación tensa con el gobierno central. Un cura local estimuló la reacción popular, y la ejecución de la ley se convirtió de inmediato en el detonante de un levantamiento. Los pastusos reaccionaron de modo exactamente contrario a los propósitos pacifistas del gobierno.

Conviene distinguir dos escalas relacionadas. La Guerra de los Conventillos designa el levantamiento local iniciado en Pasto en 1839 contra la supresión de las casas religiosas. La Guerra de los Supremos fue la generalización posterior, sobre todo desde 1840, cuando jefes de distintas provincias asumieron el título de "supremo" y articularon rebeliones contra el gobierno central. Los motivos variaron entre religión, autonomías regionales, rivalidades políticas, redes familiares y lealtades caudillistas; no formaron una sola guerra de curas por debajo y caciques por encima.

La Guerra de los Supremos: alcance, actores y reclamos

Lo que empezó en Pasto se extendió a otras regiones entre 1840 y 1842. El 26 de enero de 1840 José María Obando se alzó junto con Juan Gregorio Sarria y amenazó Popayán, pero después negoció con Pedro Alcántara Herrán y aceptó someterse a prisión. Escapó el 6 de julio y diez días más tarde se proclamó Supremo Director de la guerra, etapa que contribuyó a su generalización. Obando había sido candidato presidencial con el respaldo de Santander y enfrentaba la reactivación del expediente por el asesinato de Antonio José de Sucre tras las declaraciones de José Erazo. Ese proceso judicial fue un factor inmediato de su conducta, sin resolver aquí la responsabilidad controvertida de Obando en el crimen.

Contra los "supremos" combatieron por el gobierno los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, dos figuras que después serían presidentes de la república y que en ese momento representaban el ala militar del bloque ministerial. Sus campañas fueron largas, costosas y dispersas: la guerra no tenía un frente, sino muchos, y la Nueva Granada carecía del aparato logístico para librarla con rapidez. Santander se opuso a la revuelta antes de morir en mayo de 1840, pese a su rivalidad con Márquez. José Hilario López tampoco se sumó al levantamiento y fuentes posteriores destacaron su defensa del orden constitucional; no hay base suficiente en esta revisión para atribuirle una mediación definida. La participación de dirigentes liberales varió por región y momento, por lo que tampoco puede cuantificarse como la mayoría de los seguidores personales de Santander.

Los reclamos de los "supremos" fueron heterogéneos y no constituyeron un programa nacional único. Algunas jefaturas invocaron federalismo y autonomía provincial; otras movilizaron religión, rivalidades locales o lealtades personales. Hubo además participación popular voluntaria y forzada. En el Cauca, por ejemplo, Obando prometió libertad y derechos sobre la producción y comercio de aguardiente a personas esclavizadas que se incorporaran a sus fuerzas. Ese caso demuestra una dimensión social concreta, pero no autoriza a atribuir a todos los supremos una misma reivindicación de trabajadores y esclavos.

La coalición con los bolivarianos y el nacimiento del bipartidismo

La guerra aceleró una reagrupación política, pero no consumó por sí sola el origen definitivo de los partidos Conservador y Liberal. Frente a los "supremos", el gobierno dependió de una coalición de ministeriales, liberales moderados y antiguos bolivarianos, y de generales como Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera. Esa colaboración fue una necesidad militar y uno de los antecedentes del alineamiento posterior, no una fusión partidista ya concluida.

La Guerra de los Supremos figura en la historiografía como uno de varios antecedentes de los partidos: acercó a sectores ministeriales y antiguos bolivarianos y enfrentó al gobierno con jefaturas entre las que hubo dirigentes liberales. No produjo, sin embargo, dos campos idénticos a los partidos posteriores, ni estos fueron una herencia directa y lineal de Bolívar y Santander. Sus identidades, organizaciones y programas se definieron mediante conflictos y alianzas sucesivos, con hitos explícitos en 1848 y 1849.

Una fuente conservadora tardía, el periódico La Civilización de 1849, atribuyó los actos violentos del partido opositor al general Obando, y los del partido gobernante a Santander y sus compañeros, en una narrativa que cargaba negativamente el legado del bando liberal. El detalle es útil no como verdad histórica sino como síntoma: en 1849 ya había un "partido gobernante" y un "partido opositor" con memorias enfrentadas, y la Guerra de los Supremos aparecía como el episodio fundacional de esa enemistad.

Estado, Iglesia y confesionalismo constitucional

La relación entre Estado e Iglesia fue una de las tensiones de la Guerra de los Supremos, pero no toda reforma eclesiástica produjo necesariamente un conflicto armado. La Constitución de 1832 ordenó proteger a los granadinos en el ejercicio de la religión católica. La de 1843 repitió esa protección y añadió que la católica era la única religión cuyo culto sostenía y mantenía la República; no la declaró literalmente "religión de la República" ni formuló en esos artículos una prohibición general de otros cultos. Existía un orden privilegiado para el catolicismo, cuya aplicación y alcance fueron objeto de disputa política y jurídica.

Y sin embargo, dentro de las élites republicanas coexistían dos actitudes hacia la Iglesia. Un sector percibía su poderío —económico, político, cultural— como un peligro, y emprendió acciones para controlarlo, limitarlo y reducirlo, especialmente en sus dimensiones materiales. Otro sector, muchas veces mayoritario en el Congreso, defendía el vínculo Estado-Iglesia como cimiento del orden social. Y dentro del clero mismo la reacción no era uniforme: hubo miembros del clero que apoyaron activamente las medidas reformistas y actuaron en las filas de los reformadores, del mismo modo que las reformas borbónicas del siglo anterior habían encontrado clérigos afines pese a haber desconocido, en general, la función social de la Iglesia en América.

Ese abanico interno explica la aparente contradicción de mayo de 1839: la ley que suprimía los conventos de Pasto no era una imposición estatal contra la Iglesia; había sido pedida, en parte, por la propia jerarquía. Pero en Pasto, la lectura popular fue distinta, y esa lectura popular pesó más que cualquier documento eclesiástico. El pueblo obedecía al cura del pueblo, no al obispo lejano; y el cura del pueblo agitó en contra. La debilidad del Estado quedó al descubierto: podía aprobar leyes, pero no podía imponer su interpretación autorizada en las plazas donde otras autoridades, más cercanas y más queridas, decían lo contrario.

El 5 de mayo de 1853 Rufino Cuervo hizo circular la Exposición Católica, cuyos suscriptores se comprometían a sostener el culto, procurar la revocación de medidas contrarias a la Iglesia y negar apoyo a partidos hostiles a sus intereses. El documento respondió de manera inmediata a las reformas eclesiásticas emprendidas desde 1850, más de una década después de los Conventillos. Puede leerse dentro de una historia larga de movilización católica, pero no como consecuencia directa y exclusiva de la guerra bajo Márquez.

La red: nombres y lugares

Alrededor de Márquez se movía una red que conviene fijar. En el bloque ministerial, junto a él, estaban José Manuel Restrepo —historiador oficial de la revolución de la Independencia— y Luis Pombo, ambos representantes del civilismo moderado. En el ala militar del gobierno, los generales Pedro Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera, que sostuvieron la guerra y heredaron la presidencia. En la generación que empezaba a formarse alrededor del gobierno figuraban Mariano Ospina Rodríguez y, más tarde, Rufino Cuervo, cuya trayectoria como secretario de Hacienda en 1843 —proponiendo reducir el número de empleados públicos y superar la afición a la burocracia oficial— continuaría la línea de sobriedad administrativa que Márquez había defendido una década antes.

En el bloque opositor, Vicente Azuero encarnaba el liberalismo civilista de raíz santanderista, y José Antonio Vargas, Juan de Dios Aranzazu y Lorenzo María Lleras aparecían en distintos momentos como piezas del engranaje. Santander, sobre todos ellos, ejercía una influencia moral incluso desde fuera del gobierno, y su rechazo a apoyar la revuelta de 1839 —pese a oponerse a Márquez— fijó un límite ético que buena parte de sus seguidores no respetaron.

Geográficamente, Márquez gobernó una república cuyos puntos calientes ya estaban marcados: Bogotá como capital administrativa y Congreso; Boyacá y Tunja como reserva del civilismo jurídico; Pasto como bastión religioso y reducto de resistencia; Popayán como campo de batalla de los Mosquera y de la sublevación de Obando; Cartagena como puerto atlántico con dinámicas propias; y el naciente eje que se llamaría Santander —el nombre mismo diría, décadas después, cuánto pesaba la memoria del Hombre de las Leyes— como frontera y como escuela política.

La huella

Márquez dejó la presidencia el 2 de mayo de 1841, cuando persistían focos de guerra y la pacificación continuó bajo Pedro Alcántara Herrán. La Constitución de 1843 reforzó el Ejecutivo y el sostenimiento estatal del culto católico. Márquez murió en Bogotá el 21 de marzo de 1880, casi cuarenta años después de salir del poder: alcanzó a vivir las reformas de mediados de siglo, la abolición de la esclavitud, el federalismo y la Constitución de Rionegro. Murió antes de que la Regeneración cristalizara en la Constitución de 1886. También vio consolidarse los partidos Liberal y Conservador, sin que su gobierno pueda considerarse la matriz de todas las guerras civiles posteriores.

Su huella se puede leer en tres registros. El institucional: la sucesión de 1837 mostró que la Nueva Granada podía resolver en el Congreso una elección sin mayoría y transferir el poder entre adversarios. Santander aceptó el procedimiento, Márquez completó el periodo y fue sucedido por otro presidente elegido. Es un episodio relevante del legalismo republicano colombiano, pero no basta para afirmar una primacía frente a buena parte de Hispanoamérica sin una comparación sistemática.

El político: el gobierno de Márquez fue uno de los momentos en que se dividieron antiguos aliados del santanderismo y se acercaron ministeriales, liberales moderados y antiguos bolivarianos. La aplicación de las normas sobre conventos actuó como detonante del levantamiento pastuso, pero la guerra nacional tuvo jefaturas y causas adicionales. Esos procesos contribuyeron a la polarización que precedió a los partidos Liberal y Conservador; no permiten atribuir su origen a una sola coalición, ley o disposición personal de Márquez.

El doctrinario: encarnó un tipo político que sobreviviría en el conservatismo posterior. Cuando Rufino Cuervo, en 1849, aparezca como candidato presidencial conservador representando el "espíritu de transacción con el liberalismo", tolerante en materia religiosa, cauteloso en las reformas, empeñado en transformar sin ruptura, estará prolongando la línea que Márquez había trazado. Ese conservatismo civilista y transaccional coexistió siempre con un conservatismo más militante y clerical, y las tensiones internas entre ambos —así como los intentos minoritarios de incorporar el proteccionismo económico al programa, que quedaron sin efecto tras la ratificación del librecambismo posterior a 1854— continúan la genealogía de la que Márquez fue punto de partida.

Sobre su vida se escribió, en 1917, una biografía extensa: la Vida del doctor José Ignacio de Márquez, de Carlos Cuervo Márquez, publicada como volúmenes 17 y 18 de la Biblioteca de Historia Nacional en Bogotá. Es la fuente a la que la historiografía posterior ha vuelto para reconstruir el itinerario del boyacense; su tono, cercano y familiar por vínculo apellidal, ilustra hasta qué punto Márquez pasó a la memoria del conservatismo colombiano como un patriarca fundacional, un hombre a quien se le recordaba menos por la guerra que estalló bajo su mandato que por el estilo civilista que legó.

La ficha se cierra en la tensión entre el proyecto conciliador de Márquez y una presidencia atravesada por la guerra. Su gobierno aplicó normas vigentes, buscó acuerdos entre sectores antes enfrentados y dependió al final de una coalición militar para sostenerse. El caso ayuda a entender los límites del legalismo civilista frente a disputas regionales, religiosas y caudillistas, así como una etapa de la formación de los bandos del siglo XIX. No demuestra, por sí solo, que la buena fe de Márquez o su forma de gobernar haya originado el bipartidismo que vino después.