José María García de Toledo

El patricio

Nació en Cartagena el 11 de febrero de 1769. Fue hijo de José García, contador del Tribunal del Santo Oficio, y de María Isabel de Madariaga; por la línea materna estaba emparentado con los condes de Pestagua. Esa filiación lo situaba dentro del patriciado cartagenero y ayuda a explicar su acceso a estudios superiores y cargos locales. El parentesco documentado ofrece una descripción más precisa que una afirmación general sobre la riqueza de toda la familia.

Ingresó al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1783 y estudió filosofía, jurisprudencia y derecho canónico. Obtuvo el doctorado en Derecho y fue recibido como abogado de la Real Audiencia en 1792. Por tanto, el tratamiento de «doctor» no es una conjetura basada en su condición social, sino una credencial jurídica documentada. Tenía cuarenta y un años cuando se formó la Junta de 1810.

Antes de 1810 acumuló una trayectoria institucional precisa. Fue fiscal de la Comandancia de Matrículas desde 1794 durante tres años; ejerció funciones en el Tribunal del Consulado a comienzos del siglo XIX y fue alcalde ordinario de Cartagena en 1804. Cuando llegó la hora de las juntas no era un recién llegado a la vida pública, sino un abogado y funcionario con experiencia en la administración local.

Su condición de abogado, funcionario y miembro del patriciado ayuda a situar el liderazgo toledista, pero la disputa con los Gutiérrez de Piñeres no puede reducirse a una diferencia de edad entre familias de idéntico estatus. Intervinieron rivalidades por el control provincial, desacuerdos sobre procedimientos y ritmos de la independencia, y distintas relaciones con los sectores populares. Además, en junio de 1810 García de Toledo presidió la organización de los Voluntarios Patrióticos, con el artesano pardo Pedro Romero como coronel: una alianza que complica la imagen de dos bloques sociales completamente separados.

El jefe toledista

Entre 1810 y 1811 se consolidaron en Cartagena dos agrupaciones rivales conocidas como piñeristas y toledistas. Sus adversarios también las llamaron «demagogos» y «aristócratas», etiquetas polémicas que no deben confundirse con partidos modernos de fronteras estables. Gabriel Gutiérrez de Piñeres fue una figura central del primer grupo y García de Toledo del segundo; ambos disputaron el control y el rumbo del gobierno provincial.

La fractura tuvo varias dimensiones. Se discutieron la relación con la Regencia, la oportunidad de declarar la independencia absoluta, la autoridad jurídica de la Junta, el equilibrio entre Cartagena y las villas de la provincia y la participación política de los sectores populares, incluidos los pardos libres. No hay base para afirmar que todos los dirigentes hubieran leído las mismas obras ni para reducir el conflicto a una sola frontera doctrinaria.

La historiografía de Alfonso Múnera, Aline Helg y Marixa Lasso ha mostrado que la igualdad racial y la participación de los pardos fueron asuntos centrales de la revolución cartagenera. Las acusaciones contemporáneas de «demagogia» o «igualitarismo» contra los piñeristas forman parte de esa evidencia, pero también eran armas del combate faccioso. Permiten documentar el temor de sectores de la élite ante la movilización popular; no bastan, por sí solas, para reconstruir como programa inequívoco la intención de cada dirigente.

Los estudios recientes describen al toledismo como una coalición de patricios que defendía su preeminencia social y mostró poco interés en una igualdad racial sustantiva. Esa lectura ilumina la posición de García de Toledo, pero debe convivir con una práctica política menos lineal: en 1810 colaboró con Pedro Romero y con voluntarios populares armados. Su trayectoria no fue la ejecución coherente de una fórmula de «pardos obedeciendo», sino una combinación cambiante de alianzas, cautelas institucionales y competencia por el poder.

De la Junta al Acta del 11 de noviembre

Cuando en 1810 se desencadenó la crisis de la monarquía española y las ciudades neogranadinas empezaron a formar juntas, Cartagena siguió el camino trazado por Caracas y Santa Fe. La Junta Suprema de la ciudad se constituyó sobre la base del cabildo —considerado el único cuerpo que representaba al pueblo— ampliado con seis diputados electos por los habitantes de la ciudad y cinco por los cabildos subalternos. En diciembre de ese año, para formar la Junta Provincial, se invitó a participar a todos los vecinos libres, incluyendo mestizos y castas, con la exclusión explícita de los esclavos y de quienes no supieran leer o escribir —salvo que estos últimos tuvieran casa poblada o fueran padres de familia con ingreso independiente y sin servidumbre asalariada. Fue una apertura considerable para los estándares de la época: seis de las nueve provincias-estados de la Nueva Granada, entre 1811 y 1816, terminarían constituyendo un cuerpo electoral integrado por hombres libres de todos los colores con independencia económica, en un contraste marcado con lo que ocurrió simultáneamente en México, Perú, Bolivia, Argentina o Chile.

Ese fue el terreno en el que García de Toledo se convirtió en figura central. Presidió la Junta Suprema de Cartagena del 14 de agosto al 31 de diciembre de 1810 y nuevamente del 1 de mayo al 31 de agosto de 1811. No fue codirector de El Argos Americano: el periódico estuvo a cargo de José Fernández Madrid y Manuel Rodríguez Torices. La actuación pública comprobada de García de Toledo se apoyó en sus cargos, intervenciones y escritos, no en una dirección periodística que las fuentes especializadas no le atribuyen.

El pulso interno se intensificó a lo largo de 1811 y estalló el 11 de noviembre. Sectores armados de Getsemaní ocuparon puntos militares y acompañaron a dos comisionados: el abogado Ignacio Muñoz y el sacerdote Nicolás Omaña. García de Toledo objetó que los miembros provisionales de la Junta no tenían competencia para declarar la independencia y propuso esperar a la asamblea constituyente prevista para enero. Finalmente cedió en una sesión marcada por presiones e insultos y firmó el Acta que declaró a la provincia «Estado libre, soberano e independiente» de España.

Cartagena se convirtió así en la primera provincia de la Nueva Granada en declarar su independencia absoluta. La oposición inicial y la firma final de García de Toledo están documentadas; lo que no puede darse por probado es un diseño íntimo y completo de la república que hubiera preferido. El episodio demuestra un desacuerdo sobre la competencia de la Junta y el momento de la declaración, seguido por una adhesión formal bajo intensa presión popular.

En 1811 publicó en la Imprenta del Consulado la Defensa de mi conducta pública y privada, contra las calumnias de los autores de la conmoción del once y doce del presente mes. El impreso, acompañado de documentos justificativos, expone su propia versión de la crisis y debe leerse como una fuente de parte dentro de la disputa, no como prueba automática de todas las intenciones que después se le han atribuido.

Gobierno, guerra y represión: Mompox

La confrontación con Mompox no ocurrió después de la declaración del 11 de noviembre de 1811, sino antes: fue uno de los conflictos que atravesaron la formación del nuevo orden provincial. García de Toledo había defendido la subordinación de Mompox a Cartagena; la expedición salió en enero de 1811, después de terminar su primera presidencia de la Junta. Vincular aquel episodio directamente con su ejecución de 1816 confunde dos procesos separados por cinco años y por la Reconquista española.

Mompox había desconocido la autoridad de Cartagena y sostenía su propia aspiración autonomista dentro de la provincia. Sus vínculos con los Gutiérrez de Piñeres daban al conflicto una dimensión facciosa, pero también estaban en juego jurisdicción, comercio y control del río Magdalena. Para la Junta presidida por García de Toledo, la separación momposina fue un desafío político y territorial, no solo una maniobra de un «enemigo interno».

La respuesta fue militar. Tropas de Cartagena dirigidas por Antonio José de Ayos ocuparon Mompox en enero de 1811 y pusieron fin a su Junta Provincial independiente el día 23. La ocupación estuvo acompañada de destierros, confiscaciones, secuestro de bienes y reclutamientos forzosos. Esa evidencia permite hablar de una represión severa y de un antagonismo duradero, sin convertir todas sus consecuencias posteriores en una cadena causal única.

La expedición restableció temporalmente la autoridad de Cartagena, pero profundizó las divisiones entre la capital provincial y Mompox. Las expulsiones, incautaciones y levas ayudan a explicar el resentimiento contra la Junta y el toledismo. La documentación no permite medir a todos los opositores como «enemigos irreconciliables» ni calificar por sí sola la operación como causa decisiva de la caída de la república.

Una correspondencia de enero de 1812 documenta el vínculo político entre García de Toledo y Manuel del Castillo y Rada, quien más tarde sería ejecutado el mismo día que él. Esa comunicación permite hablar de coordinación y búsqueda de apoyos; no demuestra que Castillo fuera el «brazo armado natural» de García de Toledo ni autoriza a atribuir a ambos un temperamento idéntico.

La cuestión racial: el nudo del problema

La cuestión racial es central para comprender la revolución de Cartagena, pero exige distinguir documentos, acusaciones de adversarios e interpretaciones posteriores. La historiografía ha vinculado al toledismo con la defensa de privilegios patricios y con reservas ante la igualdad de negros y mulatos. La evidencia disponible permite sostener esa orientación general; no permite atribuir a García de Toledo, como confesión literal y uniforme, cada formulación polémica transmitida por sus adversarios.

Cartagena tenía una amplia población libre de color, presente en las milicias, los oficios y la vida portuaria. Esa composición alteró el campo político y dio a dirigentes como Pedro Romero capacidad de negociación y movilización. García de Toledo intentó preservar la autoridad patricia, pero también presidió en junio de 1810 la formación de los Voluntarios Patrióticos con Romero como coronel. La fórmula «contener, no incluir» describe una interpretación del toledismo, no toda la práctica comprobada del personaje.

Pero la historia lo desmintió incluso en el corto plazo. La independencia de Cartagena creó dinámicas que su facción no controló. El testigo realista Fernández de Santos, escribiendo tras la caída de la ciudad, señalaba que tras un año de independencia habría sido extremadamente difícil reconvertir a los cartageneros al bando realista porque estaban "encantados con promesas de felicidad y un igualitarismo frenético". La retórica que García de Toledo había querido neutralizar se había vuelto sentido común popular. Más tarde, cuando la República se reorganizó tras la Independencia definitiva, hombres como Mauricio José Romero —pardo, hijo de un mulato cubano avecindado en Cartagena— llegarían a ocupar posiciones de la mayor visibilidad institucional: Romero sería vicepresidente de la Convención Constituyente que erigió el Estado de la Nueva Granada en 1832. La transformación fue gradual, pero fue real, y siguió una dirección exactamente contraria a la que el toledismo había intentado imponer.

La movilización de los pardos y el lenguaje republicano de igualdad abrieron espacios que las élites no controlaron por completo. El toledismo se opuso a parte de esa transformación, aunque también formó alianzas populares coyunturales. Cuando llegó Morillo, Cartagena estaba dividida y exhausta; esas fracturas internas importaron, pero su caída también dependió del asedio, el hambre, la enfermedad y la superioridad militar realista. No puede atribuirse principalmente a una sola incapacidad de García de Toledo.

El sitio, la caída, el cadalso

En febrero de 1815 partió de Cádiz una gran expedición al mando de Pablo Morillo, destinada a restablecer el dominio español en Venezuela y la Nueva Granada. La flota zarpó el 17 de febrero y llegó al Caribe en abril. Cartagena, puerto fortificado y punto estratégico de comunicación, se convirtió en uno de sus objetivos principales. La magnitud de la expedición está bien documentada, pero no justifica el superlativo de que fuera la mayor enviada jamás por España a América.

El asedio realista se prolongó durante algo más de tres meses. Antes de la llegada de Morillo, las fuerzas de Simón Bolívar habían cercado Cartagena en 1815 durante su enfrentamiento con Manuel del Castillo y Rada y con el gobierno local. No fueron dos sitios interiores sucesivos, uno de Castillo y otro de Bolívar: Castillo estaba dentro de la plaza y se opuso al mando de Bolívar. A ese conflicto se sumaban divisiones facciosas y dificultades militares que habían debilitado a la república.

Los testimonios de la caída describen cadáveres, hambre, enfermedad y una ciudad devastada. Las cifras varían: Francisco de Montalvo habló de más de dos mil muertos por hambre y peste, mientras Gabriel de Torres calculó tres mil; un estudio demográfico estima 18.708 habitantes en 1815 y advierte que esas cuentas no incluyen todas las bajas, evacuaciones y huidas. No hay base para presentar 3.125 muertos y 3.000 enfermos como pérdidas españolas del sitio. Las tropas realistas ocuparon Cartagena el 6 de diciembre de 1815.

Tomada la ciudad, empezó la maquinaria represiva. Morillo instaló en los territorios reconquistados —Cartagena primero, Santa Fe después— el Consejo de Purificación, la Junta de Secuestros y los consejos de guerra para procesar a los patriotas. La Junta de Secuestros confiscaba bienes y propiedades de los insurgentes; sus ingresos financiaban, en parte, el propio esfuerzo bélico realista. Era una economía de guerra que hacía de los patriotas capturados una fuente material —además de simbólica— para su verdugo.

El cabildo de Cartagena presentó una solicitud a Francisco de Montalvo por la suerte de los prisioneros, pero los juicios y las ejecuciones continuaron. El consejo de guerra del 19 de febrero de 1816 condenó a muerte a nueve dirigentes: García de Toledo, Manuel del Castillo y Rada, Antonio José de Ayos, Martín Amador, Pantaleón Germán Ribón, José María Portocarrero, Santiago Stuart, Manuel Anguiano y Miguel Díaz Granados. El resumen documental conservado por el Museo Histórico de Cartagena distingue condena a la horca para García de Toledo y varios compañeros y muerte por armas para Anguiano. Todos fueron ejecutados el 24 de febrero en la Ciénaga de la Matuna, junto a la bahía de las Ánimas; la memoria posterior los reunió como los nueve mártires y con frecuencia llamó «fusilamiento» al episodio.

Las ejecuciones de Cartagena se sumaron a las que las autoridades de la Reconquista realizaron después en Santafé contra Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell y otros dirigentes. Los métodos no fueron uniformes: Carbonell, por ejemplo, murió en la horca. La represión eliminó a numerosos cuadros de la primera generación revolucionaria y alimentó una memoria patriótica de martirio. Su efecto político fue importante, pero la evidencia conservada no permite afirmar que las noticias de esas muertes produjeran por sí mismas apoyo monetario y logístico externo para la independencia.

García de Toledo murió el 24 de febrero de 1816, trece días después de cumplir cuarenta y siete años. La Reconquista cerró por la fuerza su trayectoria política y transformó al dirigente faccioso en figura de la memoria patriótica cartagenera.

La red

Su biografía se entiende mejor como parte de una red cambiante. Mantuvo correspondencia política con Manuel del Castillo y Rada y defendió el sometimiento de Mompox antes de la expedición dirigida por Antonio José de Ayos. En 1810 colaboró con Pedro Romero en la organización de los Voluntarios Patrióticos. No compartió la dirección de El Argos Americano con José Fernández Madrid: los responsables del periódico fueron Fernández Madrid y Manuel Rodríguez Torices. Las relaciones documentadas no permiten convertir a todos estos actores en subordinados de una sola facción estable.

Gabriel, Germán y Vicente Celedonio Gutiérrez de Piñeres estuvieron entre sus principales adversarios en Cartagena y Mompox. La diferencia no puede resumirse como una disputa generacional entre familias idénticas que habían leído los mismos libros. Las alianzas sociales, las rivalidades territoriales, la autoridad de la Junta, el ritmo de la ruptura con España y la participación popular formaron un conflicto más amplio y cambiante.

Otros actores ocuparon posiciones distintas, no una simple escala de antagonistas. El comisionado regio Antonio Villavicencio facilitó en 1810 una salida negociada a la crisis con el gobernador; Antonio Nariño defendió desde Santafé un proyecto centralista rival del federalismo cartagenero; Bolívar chocó con Manuel del Castillo y con las autoridades de Cartagena en 1815; y Morillo dirigió la expedición que reconquistó la plaza. Cartagena, Getsemaní, Mompox y Santafé conectan esos conflictos, pero cada relación tuvo una coyuntura propia.

La huella

Del García de Toledo político sobreviven la Defensa impresa en Cartagena en 1811, correspondencia y otros documentos reunidos en archivos y compilaciones. Esas fuentes deben contrastarse con testimonios adversarios y con la historiografía posterior. Alfonso Múnera y otros investigadores han usado el conflicto toledista-piñerista para estudiar la relación entre independencia, élites y movilización racial. La tradición conmemorativa, por su parte, lo incorporó al conjunto de los nueve mártires y tendió a dejar en segundo plano las disputas de la primera república.

Esa doble condición —dirigente de la independencia cartagenera y símbolo póstumo del martirio— explica la ambigüedad de su memoria. La tradición patriótica destacó al firmante y a la víctima de la Reconquista. La historiografía reciente ha reincorporado la cuestión racial, la movilización popular y la lucha entre facciones. Ese enfoque permite examinar críticamente al toledismo, aunque no autoriza a cargar sobre García de Toledo una responsabilidad individual y mensurable por el agotamiento militar de Cartagena.

Ninguna de las dos imágenes es completa por separado. García de Toledo fue un jurista patricio que presidió la Junta, participó en alianzas con sectores populares, se opuso al procedimiento inmediato del 11 de noviembre y terminó firmando el Acta bajo presión. También defendió el sometimiento militar de la autonomía de Mompox. Su vida muestra que la Independencia neogranadina no fue un bloque uniforme de patriotas contra realistas, sino un tejido de facciones y coaliciones. Murió con Ayos, Castillo y los demás condenados el 24 de febrero de 1816; la documentación disponible no permite describir todas esas muertes como producidas por el mismo paredón y las mismas balas.

Queda, doscientos años después, la figura de un patricio que quiso conducir una revolución cuyo alcance no controló por completo. La conmemoración privilegió al mártir; la investigación histórica devuelve al presidente de Junta, al adversario de Mompox, al aliado coyuntural de Pedro Romero y al firmante reticente del Acta. Entender esa distancia ayuda a contar la Independencia como un proceso con alianzas, conflictos sociales y decisiones cambiantes, no como una galería de héroes sin contradicciones.