José María Carbonell

Un santafereño de familia acomodada

Sobre los orígenes de Carbonell la información es más escueta de lo que se quisiera. Nació en Santafé de Bogotá en 1778, en el ocaso ilustrado del reinado de Carlos III, dentro de una familia cuyo apellido aparece asociado a una de las porciones de tierra que compondrían con el tiempo el barrio de Chapinero. Pedro María Ibáñez recoge en sus Crónicas de Bogotá la tradición —no del todo verificable en documento— según la cual esas tierras habrían venido de un rico aborigen natural de Usaquén cuya hija casó con un zapatero gaditano establecido en Santafé poco después de la fundación de la ciudad; de ahí, por transmisiones sucesivas, habrían pasado a las haciendas que en el siglo XIX conocieron los Carbonell y los Groot. Lo verificable es más simple y basta: la familia poseía haciendas en Chapinero, y en la Nueva Granada colonial la propiedad agraria era un componente sólido, aunque no suficiente por sí solo, del estatus.

Aquí la biografía se rehúsa a los rótulos rápidos. Llamar a Carbonell "plebeyo" simplificaría la propiedad rural de su familia y el oficio mercantil de su padre; llamarlo "miembro de la élite criolla" plena también exageraría su inserción en las grandes casas neogranadinas. Sí ocupó cargos militares y fiscales durante la Primera República, aunque no fue oidor ni regidor, y no dejó obra escrita comparable a la de Camilo Torres o Francisco José de Caldas. Lo que la Santafé del siglo XVIII llamaba élite se definía menos por la riqueza que por el parentesco, la limpieza de sangre, el acceso a los colegios mayores y la tradición estamental; los grupos regionales más exitosos combinaban propiedades urbanas, haciendas, minas, obrajes, comercio y cargos administrativos sostenidos por redes de familia. Los Carbonell tenían tierra, pero no ese entramado completo. Su hijo José María se movería toda su vida en un estrato intermedio: cerca de los letrados que hacían la revolución, familiarizado con sus tertulias y sus lecturas, y a la vez con oído y voz para los artesanos, tenderos y jornaleros que llenaban las calles de la capital. Esa posición ambigua ayuda a explicar el papel de mediador social que parte de la historiografía le atribuye en julio de 1810.

De su formación intelectual no queda un expediente detallado. La educación superior en Santafé pasaba por los colegios mayores —San Bartolomé, el Rosario— y por el seminario, con requisitos de limpieza de sangre y de no haber ejercido oficios "bajos" que filtraban socialmente a los estudiantes. Carbonell, que había estudiado en el Colegio de San Bartolomé, comenzó a trabajar en 1794 como escribiente de la Real Expedición Botánica y después figura como amanuense bajo las órdenes de Sinforoso Mutis; el oficio confirma su instrucción y su cercanía al mundo criollo ilustrado. En la Real Expedición Botánica —iniciada oficialmente en 1783 y dirigida por Mutis hasta su muerte en 1808— trabajaban también Caldas y otros jóvenes que en 1810 participarían en el proceso político de Santafé. Ese trabajo situó a Carbonell en el entorno científico e ilustrado de la Expedición y lo relacionó con figuras que participaron en la crisis de 1810.

La Ilustración tardía como taller político

Para entender qué se decía y qué se leía en las tertulias que Carbonell frecuentó hay que reconstruir el clima ideológico de la Santafé de finales del siglo XVIII, ese momento en que la intelligentsia criolla, entre 1760 y 1800, hizo suyo el rechazo escolástico y el entusiasmo por la ciencia moderna que ya circulaba en la España ilustrada de Carlos III. Benito Feijóo fue una entrada temprana; sus Cartas eruditas y su Teatro crítico universal aparecen citados por hombres de la generación siguiente —José Manuel Restrepo lo reconoció en su autobiografía— como una primera brecha en la disciplina intelectual heredada. Luego vinieron, más difícilmente y a veces de contrabando, los enciclopedistas franceses, Rousseau y Montesquieu, cuyas ideas penetraron lentamente en el virreinato y marcaron sobre todo a la generación que hizo la Independencia.

La paradoja del proyecto ilustrado borbónico está bien estudiada: la propia Corona, para modernizar sus dominios y estimular su explotación, financió expediciones científicas, sociedades económicas y tertulias que en menos de una generación producirían a los hombres capaces de cuestionar la autoridad que los había formado. Desde la década de 1790, criollos ilustrados y funcionarios comenzaron a vincular las ciencias naturales con el desarrollo económico, y los primeros a culpar al régimen español por el atraso de las comunicaciones internas y las trabas al comercio exterior. Esa acumulación de agravios letrados —a la que se sumaba la experiencia concreta de discriminación de la élite criolla frente a los peninsulares durante las reformas borbónicas— encontró en 1808, con la invasión napoleónica de España y la crisis dinástica, la coyuntura que le faltaba. La teoría de la retroversión de la soberanía al pueblo en ausencia del monarca proporcionó el argumento jurídico; el 20 de julio de 1810 sería su puesta en escena.

Carbonell no fue el teórico de esa transición. No dejó tratados ni proclamas fundadoras. Las fuentes documentan, en cambio, a un escribiente de la Expedición que actuó como orador y organizador de la movilización popular. Más que una lista demostrable de lecturas o doctrinas propias, esa combinación de oficio letrado y acción callejera constituye el núcleo de su biografía política.

El 20 de julio: arengar al pueblo

De los muchos protagonistas del 20 de julio de 1810, Carbonell es aquel cuyo papel se juega enteramente en la calle. La coreografía del día está bien establecida: un incidente en el establecimiento comercial del peninsular José González Llorente —la tienda de Llorente en la primera Calle Real, junto a la Plaza Mayor— sirve de detonante; la noticia corre; se convoca a una multitud; José Acevedo y Gómez, desde un balcón frente a la Plaza Mayor, canaliza el descontento hacia demandas concretas, primero pidiendo que se pronunciasen a favor de una Junta y luego que aprobasen la lista de delegados del pueblo; el virrey Antonio Amar y Borbón, que en un principio se negó a convocar al cabildo —el único organismo capaz de dar carácter constitucional a las peticiones—, cede al fin bajo presión; hacia las seis o más de la noche los capitulares se juntan y la sala capitular se llena de gente. En el acta redactada esa misma noche y a lo largo del día 21, Acevedo y Gómez consigna la transferencia provisional del poder a una Junta Suprema que reconoce a Fernando VII.

Dentro de esa coreografía, ¿qué hizo Carbonell? Un testigo dejó una frase que ha resistido bien el paso del tiempo: el pueblo santafereño estaba "más y más entusiasmado con los discursos de Don José María Carbonell" cuando se convocó el cabildo abierto. La expresión importa porque asigna a Carbonell una acción concreta: pronunciar discursos que, a ojos del testigo, aumentaban el entusiasmo popular. El Diario Político de Caldas y Camacho también lo presenta recorriendo talleres y casas y aumentando la concurrencia. Ambos testimonios respaldan un papel destacado en la movilización; no permiten medir que actuara solo ni que sus arengas fueran la causa exclusiva de que se llenara la sala capitular.

Conviene detenerse en un matiz que el propio relato de época deja ver. La tradición conservadora —y buena parte de la historiografía patricia decimonónica— insistió en que el plan de la revolución del 20 de julio "estaba entre unos pocos", que "la masa del pueblo no lo sabía de antemano" y que actuó "por instigaciones", dejando explotar sus antipatías y resentimientos contra algunos españoles, sobre todo contra los llegados a comienzos del siglo XIX. Esa descripción, escrita para minimizar el componente popular del acontecimiento, tiene sin embargo la virtud involuntaria de confirmarlo: hubo instigadores eficaces y hubo una multitud dispuesta a ser instigada. Carbonell fue uno de los instigadores mejor documentados, y la multitud santafereña, lejos de ser una comparsa dócil, aportó al día su propia carga de rencor contra los peninsulares, que los letrados canalizaron pero no fabricaron. La revolución del 20 de julio fue, en efecto, planeada por una minoría de patricios; también fue, en su ejecución callejera, sostenida por una movilización popular en la que Carbonell tuvo una intervención destacada, junto a otros dirigentes y sectores urbanos.

Los chisperos y el 26 de julio

En los días posteriores al cabildo abierto, cuando la Junta Suprema comenzó a organizarse en secciones de gobierno —el 27 de julio se dividió en varias, entre ellas la de Negocios Eclesiásticos, para manejar con eficacia las decisiones cotidianas—, se hizo visible una tensión que atravesaría toda la Primera República: el grupo dirigente quería avanzar con prudencia, guardando las formas de la lealtad a Fernando VII, y un sector más radical de santafereños empujaba en la dirección contraria. A esos radicales las fuentes de la época los llamaron "chisperos", por su capacidad de encender la calle con la rapidez de una chispa. Carbonell no aparece designado formalmente en los documentos como jefe de los chisperos, pero los testimonios sobre sus discursos y la historiografía posterior lo convirtieron en la figura paradigmática de esa presión popular.

El primer resultado tangible de esa presión llegó pronto. El 26 de julio de 1810, apenas seis días después del cabildo abierto, la Junta Suprema declaró que no reconocía al Consejo Supremo de Regencia y estableció que ninguna corporación o individuo proveniente de la Península tendría autoridad sobre estas tierras, excepto el propio Fernando VII. Fue un salto cualitativo: el 20 de julio había dejado intactas las formas monárquicas y se había limitado a constituir una junta local dentro del imperio; el 26 de julio, en cambio, rompía con la Regencia española, la única instancia peninsular con pretensión de gobernar en nombre del rey cautivo. La movilización popular sostenida en esos días —con Carbonell entre sus dirigentes visibles— formó parte de la presión que rodeó a la Junta; la evidencia no permite aislar su aporte individual ni afirmar que la declaración dependiera de él.

Ahí está, condensado, el papel histórico específico de Carbonell. No fue el redactor del acta ni el orador del balcón y no integró la Junta Suprema instalada el 20 de julio; después fue capitán de milicias de infantería, oficial mayor de las cajas de Cundinamarca y presidente de la Junta de Represalias. Desde la calle ayudó a empujar decisiones más allá de donde parte de los patricios quería llevarlas, una función incómoda pero no exclusiva. Esa tensión ayuda a interpretar su posterior persecución y su lugar en la memoria, aunque no basta por sí sola para establecer los motivos precisos de su condena.

La Patria Boba: fidelidades y sombras

Los años que van de 1810 a 1815 —la llamada Patria Boba— fueron el momento en que la revolución neogranadina se dividió consigo misma. Se formaron dos bandos: los centralistas, liderados por Antonio Nariño desde Cundinamarca, que apostaban por un gobierno fuerte concentrado en Santafé; y los federalistas, encabezados por Camilo Torres y Antonio Baraya, que promovían un régimen federal para las provincias. El 27 de noviembre de 1811 se suscribió el Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, un pacto redactado por Camilo Torres y firmado inicialmente por representantes de Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja; Cundinamarca no se adhirió. El 11 de septiembre de 1812, tras el breve gobierno de Manuel Benito de Castro, Nariño volvió a asumir la dirección del gobierno cundinamarqués en medio del enfrentamiento con Antonio Baraya y las fuerzas federalistas de Tunja. Las disputas ponían en peligro las conquistas de la revolución y debilitaban militarmente al conjunto.

De la actuación de Carbonell en esos años el rastro es más tenue que el de julio de 1810, pero no desaparece. Tras los sucesos de julio conformó la Junta Popular Revolucionaria de San Victorino, fue capturado en agosto y liberado meses después. Durante la Primera República fue capitán de milicias de infantería, oficial mayor de las cajas matrices y de las Reales Cajas de Cundinamarca, y presidente de la Junta de Represalias. No dirigió grandes ejércitos ni firmó constituciones; su presencia institucional fue real, aunque menos visible que la de los principales jefes de los gobiernos en disputa.

Esa disminución relativa de su protagonismo tiene una lectura estructural. La revolución que Carbonell había ayudado a encender era, en su nivel superior, una insurrección de minorías cultas y ricas: los centros urbanos concentraban comerciantes, artesanos e intelectuales; las masas rurales permanecían aisladas, sin resonancia política para sus inquietudes. Los sectores populares urbanos, aunque decisivos en el momento del cabildo, no encontraron representación estable en las instituciones que se fueron formando. Los chisperos habían empujado a la Junta en julio de 1810; una vez pasado ese umbral, el juego se trasladó a las asambleas, los congresos y los ejércitos, donde el vocabulario y las credenciales que decidían eran otros. La trayectoria de Carbonell muestra, sin embargo, que esa separación no fue absoluta: su agitación popular convivió después con cargos militares y fiscales, aunque sin convertirlo en jefe principal de los gobiernos en disputa.

La Reconquista y la ejecución de 1816

El desenlace llegó con la Reconquista. En 1815, Fernando VII, restaurado en el trono, envió a América un ejército expedicionario de aproximadamente doce mil hombres al mando del general Pablo Morillo, con orden de retomar los territorios rebeldes. Morillo llegó primero a Venezuela y luego se dirigió a la Nueva Granada. El punto clave fue Cartagena: la ciudad cayó el 6 de diciembre de 1815, tras un asedio de ciento dos días en el que se estima que murió al menos la tercera parte de la población, principalmente por hambre y epidemias. Con la caída de Cartagena, el camino hacia el interior quedaba abierto; para mayo de 1816 las tropas realistas entraban en Santafé.

Morillo procedió con método. Confiscó y vendió propiedades de los rebeldes sin debido proceso, definiendo "rebelde" de forma amplia para incluir tanto a líderes como a seguidores pasivos y a los emigrados que habían huido. Instaló tribunales de purificación y consejos de guerra permanentes. Las ejecuciones se sucedieron en cadena: ahorcamiento, decapitación y fusilamiento, tácticas eufemísticamente denominadas "pacificación", mientras los campesinos eran forzados a servir de base de abastecimiento para el ejército. Autores del siglo XIX, incluido el historiador venezolano Rafael María Baralt, describieron a Morillo como cruel por sistema más que por inclinación, imperioso y frío, con accesos de ira. La imagen se consolidó rápidamente: las noticias de las ejecuciones cruzaron el Atlántico y encajaron, en Gran Bretaña y Estados Unidos, con los tropos preexistentes de la leyenda negra española; coincidieron además con la llegada de apoyo monetario y logístico a la causa independentista, aunque atribuir a la crueldad realista una causa exclusiva de esa ayuda simplificaría el cuadro.

En 1816 fueron ejecutados varios dirigentes independentistas neogranadinos. Camilo Torres, redactor del Acta de Federación, murió fusilado. Francisco José de Caldas, el sabio de la Expedición Botánica, fue fusilado también. Jorge Tadeo Lozano, otra de las figuras del 20 de julio, corrió la misma suerte. José María Carbonell, en cambio, fue condenado a la horca y ejecutado el 19 de junio de 1816 en la Huerta de Jaime, a los treinta y ocho años. La memoria local recogería, con ese pudor mezcla de reverencia y silencio con el que la Bogotá del siglo XIX habló de sus muertos patrióticos, que fue "benemérito servidor" de la causa, así en la frase truncada por el estado del documento que preservó Ibáñez.

Los motivos que el régimen alegó contra Carbonell pueden leerse en su propia documentación, sin aceptar como neutrales sus calificativos. La Relación de las principales cabezas de la rebelión, impresa en 1816, lo presentó como primer presidente de lo que llamó una "Junta tumultuaria", partícipe en la prisión del virrey Amar, movilizador de sectores populares y "ministro principal del Tesoro público". Ese documento muestra que la represión vinculó su condena tanto con la protesta callejera como con su servicio fiscal; no demuestra que Morillo lo escogiera por una prioridad personal, que Carbonell fuera el único responsable de esas acciones ni que una nueva movilización dependiera de dejarlo con vida. La represión continuaría en los años siguientes; el caso más célebre sería el fusilamiento, en 1817, de Policarpa Salavarrieta. Del ejército de Morillo, entre paludismo, fiebre amarilla y campañas, quedarían menos de tres mil hombres en 1820.

La red

Carbonell no puede entenderse fuera del tejido de figuras y espacios en que se movió. Estaba José Celestino Mutis, el naturalista gaditano que llegó a Santa Fe en 1761 y organizó desde 1783 la Expedición Botánica, agente central de la ilustración científica en el virreinato y mentor de una generación entera; en la Real Expedición Botánica trabajó Carbonell como escribiente y oficial de pluma. Estaba Francisco José de Caldas, el astrónomo popayanejo, compañero de expedición y compañero de suerte en 1816. Estaba Antonio Nariño, el traductor de los Derechos del Hombre, precursor de la Independencia, cabeza del centralismo cundinamarqués. Estaba Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de Agravios de 1809 y presidente de las Provincias Unidas, ejecutado también en 1816. Estaba José Acevedo y Gómez, "el Tribuno del Pueblo", cuya arenga desde el balcón de la Plaza Mayor es la imagen icónica del 20 de julio y quien redactó el acta del cabildo abierto. Estaba Antonio Baraya, jefe militar del bando federalista. Y estaban los espacios físicos: la Plaza Mayor, escenario del cabildo abierto; el barrio de Las Nieves, corazón artesanal y popular de la capital, donde los chisperos tenían auditorio; la tienda de Llorente en la primera Calle Real, donde ocurrió el incidente; y la Huerta de Jaime, donde terminaría la vida de Carbonell. Del lado enemigo estarían Pablo Morillo, el pacificador, y Juan Sámano, quien gobernó como virrey tras la Reconquista; entre los dirigentes republicanos que culminaron el proceso independentista estuvieron Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, contemporáneos de Carbonell.

Esa red define a Carbonell mejor que cualquier calificación abstracta. Estaba en el círculo de Mutis pero no era Mutis; estaba en el 20 de julio pero no era Acevedo; era radical como los chisperos y tenía formación y oficio letrados documentados, aunque la evidencia no permite compararlo con la mayoría de ellos. Su singularidad histórica está exactamente en esa posición intermedia, y en la voz —los "discursos" del testigo— que sabía usar en la calle.

La huella

De la memoria histórica de Carbonell hay que decir dos cosas que no siempre se dicen a la vez. La primera es que su nombre nunca desapareció: figura en las listas canónicas de los mártires de 1816, aparece en las crónicas de Bogotá asociado a Chapinero, se lo menciona en las historias generales de Colombia junto a Torres, Caldas y Lozano, y sigue apareciendo en las obras contemporáneas de divulgación sobre la Independencia, como Otra historia de Colombia de Felipe Arias. La segunda es que su lugar en el panteón fue más modesto que el de varios de los otros ejecutados de 1816. No tiene estatua ecuestre, no da nombre a una avenida principal, no protagoniza los cuadros escolares del 20 de julio como lo hacen Acevedo y Nariño. En la enumeración de próceres, suele aparecer al final, precedido del "entre otros".

Esa presencia discreta admite explicaciones historiográficas convergentes. Una es institucional: las narrativas decimonónicas y, desde comienzos del siglo XX, la Academia Colombiana de Historia y los centros regionales de historia consolidaron una tradición de próceres centrada en patricios letrados, propietarios y militares con obra escrita y larga trayectoria institucional. Aunque Carbonell sí desempeñó cargos militares y fiscales, no dejó obra publicada ni una trayectoria de mando comparable a la de las figuras más consagradas, por lo que encajaba peor en esos criterios. Otra interpretación es social: la historiografía que privilegió a los dirigentes letrados dejó menos espacio a un agitador popular cuya actuación mejor documentada había sido movilizar a la multitud. Las narrativas producidas por la cultura impresa de la Gran Colombia —y luego de la República— proyectaron una visión particular de la Independencia, del republicanismo y del centralismo sobre la memoria nacional; en esa visión, los redactores de actas y los generales eran más útiles que los chisperos. Una tercera explicación posible es documental: la agitación callejera suele dejar menos registros que la redacción de una constitución o el mando de un ejército, por lo que el archivo tiende a favorecer a los escritores.

Pero la borradura no es total, y ha ido cediendo. La historiografía social de las últimas décadas ha revalorizado precisamente el papel de los sectores populares urbanos en la Independencia y, con ellos, la figura de Carbonell como su expresión más concreta y documentada en el momento fundador. Esa revaloración no es hagiográfica: reconoce las ambigüedades del papel —la instrumentalización parcial que la élite criolla hizo de la multitud, la brevedad del momento en que los chisperos importaron, la ausencia de un proyecto propio del sector popular urbano—, pero devuelve al personaje su peso específico. Las fuentes permiten sostener que Carbonell fue uno de los organizadores y oradores más visibles de la movilización popular del 20 de julio y los días siguientes; no permiten medir cómo habría transcurrido la jornada sin él ni atribuirle por sí solo la decisión colegiada del 26 de julio.

Queda, para cerrar, una imagen. La Huerta de Jaime —en el lugar de la actual plaza de Los Mártires— fue uno de los escenarios de las ejecuciones realistas de 1816. Carbonell fue llevado allí el 19 de junio, condenado a la horca; relatos posteriores basados en el diario del testigo José María Caballero señalan que soldados le dispararon después de una ejecución fallida. Tenía treinta y ocho años. No dejó libros, no dejó descendencia política, no dejó siquiera un retrato firme sobre el cual la posteridad pudiera fijar sus rasgos. Dejó, en cambio, un testimonio: la frase de aquel testigo del 20 de julio, "más y más entusiasmado con los discursos de Don José María Carbonell". En un país que suele recordar a sus próceres por lo que escribieron o por lo que gobernaron, Carbonell es raro: se le recuerda por lo que habló, y por la movilización popular a la que esos discursos contribuyeron. Es lo que un chispero podía dejar; es, en la economía de la revolución, mucho más de lo que parece.