Lauchlin Currie

Un canadiense en el New Deal

Currie nació el 8 de octubre de 1902 en West Dublin, un pueblo pesquero de Nueva Escocia. Estudió en la London School of Economics a mediados de los años veinte y cruzó luego el Atlántico para doctorarse en economía en Harvard en 1931, con una tesis sobre oferta monetaria y banca comercial que anticipaba varios de los debates centrales de la Gran Depresión. Aquellos años en Cambridge, Massachusetts, marcaron su formación monetaria y lo pusieron en contacto con la generación que reinventaría la política económica estadounidense. Cuando la crisis destruyó el consenso académico ortodoxo, Currie pasó al servicio público: en 1934 se sumó al Departamento del Tesoro, y de allí a la Junta de la Reserva Federal bajo la presidencia de Marriner Eccles, donde participó en la redacción de la Banking Act de 1935 y en el diseño institucional que le dio a la Fed su forma moderna.

En 1939 el presidente Franklin D. Roosevelt lo nombró su asesor económico en la Casa Blanca, cargo que ejerció durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer economista en ocupar oficialmente esa posición en la historia estadounidense. Trabajó de cerca con Harry Dexter White en asuntos de posguerra y viajó a China en 1941 y 1942 como enviado personal de Roosevelt ante Chiang Kai-shek, encargado de coordinar la ayuda al gobierno nacionalista. Esa experiencia asiática —el primer contacto de Currie con un país agrario, pobre y en transformación acelerada— dejaría rastros en sus ideas posteriores sobre migración rural y sectores líderes.

Currie dejó la Casa Blanca en junio de 1945 y trabajó como consultor económico en Nueva York antes de ser contratado por el Banco Mundial en 1949. En 1948 Elizabeth Bentley lo señaló ante el Comité de Actividades Antiamericanas, aunque ella misma no lo había conocido; Currie pidió comparecer y negó las acusaciones. Los descifrados Venona, divulgados décadas después, contienen referencias que algunos investigadores vinculan con él, pero el alcance de esos indicios y el conocimiento que pudo tener sobre una red de espionaje siguen siendo objeto de disputa historiográfica. Nunca fue procesado. La renovación de su pasaporte estadounidense fue negada en 1954, oficialmente por su residencia en el exterior y, según Sandilands, probablemente también bajo el peso de aquellas sospechas. Para entonces llevaba cinco años trabajando en Colombia: la misión de 1949 no fue consecuencia de esa negativa posterior.

La Misión del BIRF y el nacimiento del "desarrollo"

Los contactos entre el gobierno de Mariano Ospina Pérez y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento comenzaron en 1947. Después del Bogotazo, Colombia presentó en junio de 1948 una solicitud semioficial de crédito que pasó de 60 a 87 millones de dólares, no de 78 millones. El Banco envió primero dos misiones breves para asuntos fiscales y proyectos específicos. A finales de 1948, conversaciones entre John McCloy y el director colombiano Emilio Toro dieron forma a un estudio mucho más amplio, recibido con entusiasmo por Ospina. Colombia se convirtió así en sede de la primera misión general y exhaustiva del BIRF, no en el primer país que recibía cualquier misión del organismo. El giro del Banco desde la reconstrucción europea hacia el desarrollo explica mejor esa elección que una supuesta afinidad anticomunista presentada como causa suficiente del crédito.

Los primeros integrantes llegaron a Bogotá el 11 de julio de 1949 y el último salió el 5 de noviembre. La misión reunía catorce especialistas en transporte, agricultura, industria, energía, salud, bienestar social, banca y economía; participaban funcionarios del Banco y del FMI, consultores privados y expertos propuestos por la FAO y la Oficina Sanitaria Panamericana. Con apoyo de especialistas colombianos, recorrió el país y trabajó con datos que el propio informe reconocía como incompletos. Describió vivienda y salud rural precarias, baja productividad y graves carencias de transporte, educación y servicios. Su propuesta no fue una lista de obras aisladas: buscó relacionar inversión, asistencia técnica, infraestructura y políticas sociales dentro de un programa cuantificado y coherente.

El BIRF publicó en 1950 The Basis of a Development Program for Colombia, difundido en español como Bases de un programa de fomento para Colombia. El Banco de la República copatrocinó la misión y organizó especialistas de apoyo, pero el propio prefacio dejó claro que no asumía responsabilidad por sus hallazgos y recomendaciones. El informe fue pionero por tratar conjuntamente transporte, industria, agricultura, moneda y servicios sociales; debía servir de base y guía a las autoridades, no equivalía automáticamente a una política aprobada del Banco o del gobierno colombiano. Tampoco respaldó la gran siderúrgica de Paz del Río bajo una simple condición de competitividad: consideró aquel proyecto demasiado grande e ineficiente y propuso en su lugar una planta menor en la costa Caribe basada en chatarra importada. El gobierno continuó con Paz del Río pese a esa objeción.

Los años de espera

Currie se estableció en Colombia y, tras un retiro temporal de la asesoría económica entre 1953 y 1958, administró una finca lechera cerca de Albán. En 1954 contrajo matrimonio con la colombiana Elvira Wiesner —no con Elizabeth Ramsay— y en 1958 Alberto Lleras Camargo le confirió la ciudadanía colombiana. Regresó entonces al trabajo consultivo para sucesivos gobiernos. Se vinculó a la Universidad Nacional en 1964, dirigió el Centro de Investigaciones para el Desarrollo y fue decano de Economía en 1966; también enseñó en la Universidad de los Andes. Hubo intervalos académicos en el exterior entre 1966 y 1971, pero no casi dos décadas de marginalidad: las cronologías documentan asesorías, estudios regionales y actividad universitaria sostenida.

La tensión central no puede reducirse a una oposición entre “campo” y “ciudad”. La reforma agraria de 1961 y la Alianza para el Progreso privilegiaron la redistribución de tierras, la modernización rural y la permanencia de parte de la población campesina. Currie, en cambio, veía la migración rural-urbana como inevitable y potencialmente productiva si las ciudades generaban empleo suficiente. Sin embargo, sus propuestas también exigían aumentar la productividad agrícola y ampliar sus mercados. Discrepaba de fijar población en explotaciones marginales; no sostenía que el campo careciera de futuro ni proponía abandonar toda política agraria.

Esa convicción tomó forma entre 1960 y 1961 en la Operación Colombia. La propuesta buscaba crear al menos 500.000 empleos urbanos en dos años, con la construcción y sus actividades conexas como motores, para ofrecer una salida productiva a trabajadores que migraban del campo y facilitar al mismo tiempo la modernización agrícola. Currie apoyó el argumento en comparaciones de productividad e ingreso entre explotaciones cafeteras y empleos urbanos, pero esas estimaciones ilustraban su diagnóstico; no “demostraban” por sí solas que una transferencia acelerada de población produciría todos los efectos previstos. La apuesta era deliberadamente rápida y generó oposición precisamente por sus supuestos sobre empleo, vivienda, migración y capacidad de absorción urbana.

El gobierno de Alberto Lleras Camargo no adoptó la Operación Colombia. Estudios posteriores sitúan ese desenlace en una coyuntura de apoyo político limitado, reforma agraria y cooperación hemisférica orientada por la Alianza para el Progreso. Esa reconstrucción no equivale a una declaración explícita y única de Lleras con las razones que el artículo le atribuía. Entre 1961 y 1969 también hubo orientaciones oficiales que buscaban no acelerar la migración hacia las grandes ciudades. El enfoque de Currie permaneció como una alternativa polémica, pero siguió circulando en estudios, asesorías y espacios universitarios hasta encontrar una oportunidad distinta al comienzo de los años setenta.

Pastrana y las Cuatro Estrategias

La oportunidad decisiva llegó después de la elección estrecha y controvertida de Misael Pastrana Borrero en 1970. En mayo de 1971, Pastrana pidió a Currie que regresara de sus estancias universitarias para trabajar en un nuevo plan nacional. La formulación no fue obra de una sola persona: documentos del DNP sitúan también a Roberto Arenas Bonilla, Albert Berry y otros técnicos en el equipo. El énfasis urbano podía ofrecer al gobierno una bandera social en una sociedad crecientemente urbana, y algunos historiadores lo relacionan con la disputa por el electorado de la ANAPO; esa es una interpretación del contexto político, no un motivo presidencial probado como hecho. Lo verificable es la continuidad entre la Operación Colombia y el enfoque que adoptó el nuevo plan.

El Plan de Desarrollo Económico y Social Las Cuatro Estrategias, presentado al Congreso a finales de 1971 y publicado por el DNP en 1972, colocó el desarrollo urbano y la construcción de vivienda en el centro de una estrategia de demanda y empleo. Sus defensores esperaban que la edificación movilizara ahorro, ampliara el mercado interno y arrastrara industrias relacionadas. Currie rechazó que el objetivo fuera simplemente crear trabajo no calificado: sostenía que debía generar ocupaciones mejor remuneradas y duraderas. Las otras tres estrategias —exportaciones, aumento de la productividad agrícola y distribución del ingreso— eran componentes explícitos del plan, aunque críticos contemporáneos señalaron que la vivienda recibía el énfasis principal.

La dimensión política fue inseparable de la técnica, pero sus efectos siguen discutidos. Una lectura historiográfica entiende la vivienda urbana como la bandera social con la que Pastrana buscó responder a una sociedad movilizada y diferenciarse del reformismo agrario anterior. Otra ha descrito ese giro como una “contrarreforma agraria”. El contenido del plan obliga a matizar esa fórmula: no eliminó la productividad agrícola ni la redistribución del ingreso de sus objetivos, y los gobiernos siguientes desarrollaron programas rurales propios. Puede afirmarse que el énfasis se desplazó hacia la construcción y la urbanización; no que Colombia abandonara en un solo acto toda ambición de democratizar la tierra por decisión de Currie.

El sistema UPAC

La arquitectura financiera de esa apuesta se creó en 1972. El Decreto 677 organizó el sistema de valor constante para canalizar ahorro hacia la construcción; el Decreto 678 autorizó y reguló las Corporaciones de Ahorro y Vivienda; y el Decreto 1229 estableció formalmente la Unidad de Poder Adquisitivo Constante. La serie histórica del Banco de la República comienza el 15 de septiembre de ese año. Los depósitos y préstamos se reajustaban inicialmente con las variaciones del índice de precios al consumidor, con el propósito de conservar su poder adquisitivo. Las corporaciones empezaron a operar y a conceder crédito en la etapa de implementación que continuó en 1973. Currie fue un impulsor y diseñador central, pero los decretos y su ejecución fueron decisiones de un equipo gubernamental y jurídico más amplio.

La implantación produjo tensiones técnicas y políticas. La inflación presionó la corrección monetaria y el sistema compitió por captar ahorro, mientras sus promotores defendían la posibilidad de financiar vivienda a plazos largos. Currie continuó defendiendo la fórmula y la conectó con una demanda más amplia de planeación de largo plazo. Sin embargo, la trayectoria institucional no fue una simple ejecución de su diseño: la Junta de Ahorro y Vivienda, el Banco de la República, los ministerios, las corporaciones y sucesivas reformas intervinieron en sus reglas. Distinguir esa arquitectura colectiva importa para no atribuir a una sola persona ni todos los logros iniciales ni cada modificación posterior.

Durante más de dos décadas el UPAC canalizó ahorro y crédito hacia la vivienda, pero no puede atribuirse por sí solo el crecimiento físico de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Su fórmula tampoco permaneció intacta: el Banco de la República registra que al comienzo se actualizaba solo con el IPC y que entre 1994 y 1999 incorporó además la tasa DTF. En 1999 la Corte Constitucional intervino por razones distintas y precisas. La Sentencia C-383 eliminó la referencia a las tasas de interés en el cálculo; la C-747 declaró inconstitucional la capitalización de intereses en créditos de vivienda de largo plazo; y la C-700 invalidó las normas que estructuraban el sistema por falta del marco legislativo exigido por la Constitución. La Ley 546 de 1999 creó el régimen denominado en UVR, calculado exclusivamente con la variación del IPC.

La crisis de fin de siglo abrió una disputa sobre el legado de Currie, pero la evidencia revisada no autoriza a resolverla con una fórmula única. Está documentado que el mecanismo cambió al incorporar la DTF desde 1994 y que la recesión, el desempleo y las altas tasas agravaron la situación de los deudores. También es legítimo preguntar por los riesgos del crédito indexado desde su origen. Lo que no queda probado por esas fuentes es que una “captura” monopólica explique por sí sola el desenlace ni que toda responsabilidad desaparezca al separar el diseño inicial de sus reformas. El balance debe distinguir propuesta original, transformaciones regulatorias, coyuntura macroeconómica y decisiones judiciales.

La doctrina

Currie no fue un asesor limitado a políticas coyunturales. Entre la Operación Colombia, las Cuatro Estrategias y el UPAC aparece una línea persistente: sectores líderes, demanda efectiva, movilidad laboral y coordinación pública de largo plazo. Eso no significa una doctrina inmóvil durante cinco décadas. Él mismo describió en 1975 su enfoque como una mezcla difícil de clasificar, abierta a incentivos de mercado, decisiones descentralizadas y política económica estatal según los objetivos perseguidos. Conviene hablar de continuidad con adaptación, no de una teoría sostenida “con muy pocas rectificaciones” sin demostrar cuáles fueron esas permanencias y cambios.

Primero, una distinción entre necesidades biológicas —alimento, refugio, salud— y deseos sociales, los que llamaba "necesidades culturales más complejas". El desarrollo debía orientarse a satisfacer las primeras sin confundirlas con las segundas, y sin postergarlas en nombre de horizontes abstractos. Segundo, la convicción de que el desarrollo era, antes que un problema de acumulación de capital, un asunto de "nuevo estado mental": dependía de disposiciones colectivas hacia el cambio, la movilidad y la innovación. Esa formulación lo apartaba de las lecturas economicistas dominantes en los años sesenta —tanto de la ortodoxia como de la escuela cepalina— y lo acercaba, sin coincidir plenamente, a autores como Albert Hirschman.

Tercero, y decisivo, formuló una teoría del sector líder: una actividad con demanda potencial y encadenamientos podía impulsar al resto de la economía. Para la Colombia de los setenta propuso la construcción urbana, acompañada por exportaciones. Y cuarto, defendió la movilidad laboral del campo a la ciudad como condición para elevar la productividad agrícola y ampliar el mercado interno. Currie argumentó —no demostró de manera concluyente— que una agricultura más productiva y con menos trabajo subutilizado podía reducir el precio relativo de los alimentos y liberar ingreso para otros bienes. Sus críticos objetaron la duración del empleo constructor, los riesgos inflacionarios y la capacidad real de ese sector para liderar el crecimiento; los resultados de 1970-1974 tampoco permiten atribuirle por sí solo el mayor dinamismo económico.

Esa doctrina discutía tanto con enfoques de mercado que desconfiaban de la selección pública de prioridades como con corrientes estructuralistas y agraristas que asignaban mayor peso a la redistribución de tierras. Currie defendía una combinación de planeación e incentivos, no una centralización estatal sin matices. La planeación colombiana se institucionalizó mediante reformas y organismos construidos por numerosos gobiernos y técnicos; su contribución fue importante, pero no exclusiva. Del mismo modo, el debilitamiento de la reforma agraria tuvo causas políticas, económicas y violentas mucho más amplias. Las fuentes permiten situar a Currie dentro de esa controversia; no declarar que “ganó” y enterró por sí mismo una aspiración histórica nacional.

La red

Currie no operó nunca solo. Su influencia en Colombia se sostuvo sobre tres círculos concéntricos —el multilateral, el estatal-académico y el intelectual—, y la densidad de esa red explica su permanencia.

El primer círculo se formó alrededor del Banco Mundial, pero no fue una alianza continua de cuatro décadas. La misión de 1949 reunió al BIRF con especialistas del FMI, la FAO y la Oficina Sanitaria Panamericana y convirtió a Colombia en un laboratorio temprano de la nueva política de desarrollo del Banco. Después, el Comité de Desarrollo Económico acogió muchas recomendaciones, rechazó o no pudo imponer otras y obtuvo créditos por proyectos específicos. Desde 1951 crecieron las tensiones entre Currie y funcionarios del Banco, y su asesoría al Consejo terminó en 1954. Los Programas de Desarrollo Rural Integrado de los años setenta tuvieron financiamiento multilateral, pero la evidencia revisada no permite presentarlos como simple reaparición de políticas que Currie hubiera diseñado para el “Tercer Mundo”, ni atribuir ese vínculo a una llamada Comisión Interamericana de Desarrollo sin identificarla.

El segundo círculo se tejió en universidades y organismos públicos. La cronología de la Universidad Nacional documenta su vinculación en 1964, la promoción del Departamento de Economía, la dirección del Centro de Investigaciones para el Desarrollo y el decanato en 1966; también enseñó en los Andes y en universidades extranjeras. Esa actividad contribuyó a la profesionalización del debate económico. Sin una nómina verificable de estudiantes y trayectorias, sin embargo, no puede afirmarse que de sus cátedras saliera un grupo identificable que ocupó cargos clave en Planeación, el Banco de la República, Hacienda y las corporaciones de ahorro. La influencia intelectual es plausible y documentable; la cadena personal de discípulos exige nombres y evidencia que este artículo no tenía.

Sus interlocutores presidenciales cambiaron con los ciclos. Con Ospina Pérez coordinó la misión solicitada al BIRF; con Alberto Lleras regresó a la asesoría y desarrolló la propuesta que el gobierno no adoptó; con Pastrana volvió en 1971 para trabajar en las Cuatro Estrategias. Después no quedó reducido a un consejero honorífico: Sandilands registra que fue economista jefe del Departamento Nacional de Planeación entre 1971 y 1981 y trabajó luego doce años en el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda. El artículo no contaba, en cambio, con evidencia suficiente para afirmar que Argelino Durán articuló con el “equipo de Currie” una operación física específica de infraestructura y vivienda; esa relación se retira hasta encontrar documentación directa.

El círculo intelectual mejor documentado comienza con Allyn Young, su mentor en Harvard, cuya teoría de rendimientos crecientes marcó su obra posterior. También incluye debates con Albert Hirschman: sus diagnósticos y temperamentos chocaron durante la experiencia colombiana, aunque ambos pensaron el desarrollo mediante relaciones entre sectores y decisiones de inversión. Roy Harrod aparece en la historia intelectual de la época, pero las fuentes revisadas no sostienen aquí una relación personal decisiva con Currie. Tampoco permiten afirmar que dos generaciones enteras de economistas colombianos adoptaron “sin reconocerlo” su utillaje. Su influencia circuló por publicaciones, planes, cátedras y controversias; medir apropiaciones silenciosas requiere un estudio distinto.

La huella

Currie murió en Bogotá el 23 de diciembre de 1993, a los noventa y un años. Colombia fue su base durante más de cuatro décadas, aunque entre 1966 y 1971 ejerció como profesor visitante en universidades de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido; no fue una residencia físicamente continua. El día anterior a su muerte recibió la Gran Cruz de Boyacá. La transformación demográfica que presenció fue enorme, pero las cifras correctas son más moderadas que las del artículo: según el DANE, la población en cabeceras pasó de 39% en 1951 a 71% en 1993, no de un país rural en dos tercios a otro urbano en más de tres cuartas partes. Violencia, cambio agrícola, industrialización, educación y múltiples políticas impulsaron ese proceso. Currie influyó en la manera de interpretarlo y financiar parte del crecimiento urbano; no firmó institucionalmente toda la transformación.

Su legado admite lecturas distintas, pero no todas tienen el mismo respaldo. Está bien documentada su capacidad para articular programas de desarrollo y mantener una presencia excepcionalmente larga en la política económica colombiana. También lo está el carácter pionero de Colombia como laboratorio del Banco Mundial. En cambio, presentar a Pastrana como alguien que lo usó para capturar el voto de la ANAPO o a Lleras como alguien que lo desechó por una incompatibilidad personal con la Alianza para el Progreso requiere atribución historiográfica. Además, Currie dejó de representar al Banco después de la misión y sus relaciones con la institución se deterioraron: no fue un puente orgánico continuo del BIRF durante cuatro décadas. Fue asesor, autor e interlocutor de gobiernos e instituciones con agendas propias.

Su huella más nítida está en la teoría del sector líder, el énfasis en la construcción, la creación inicial del UPAC y la defensa de una planeación de largo plazo. Parte de esa herencia continúa en el crédito de vivienda denominado en UVR y en el debate sobre desarrollo urbano, aunque el UPAC dejó de existir al finalizar 1999. Las fuentes revisadas no cuantifican cuántos metros cuadrados fueron financiados por el sistema ni permiten atribuirle la transformación completa de las grandes ciudades. Mucho menos demuestran que Currie sea arquitecto intelectual del desplazamiento, el conflicto armado y la desigualdad rural. Sus ideas participaron en un giro urbano controvertido; el fracaso de la reforma agraria y la violencia rural responden a procesos mucho más amplios.

El caso de Currie es singular por la duración y por la variedad de sus intervenciones. Coordinó una misión colectiva en 1949, formuló la Operación Colombia alrededor de 1960-1961 y participó en la elaboración de las Cuatro Estrategias en 1971; decir simplemente que “diseñó tres planes” borra las autorías institucionales y las diferencias entre informe, propuesta y plan gubernamental. Vio implementada una parte decisiva de su enfoque urbano y continuó defendiéndola hasta 1993. Su nombre no tiene hoy la visibilidad pública de algunas instituciones que ayudó a crear, pero medir ese supuesto olvido requeriría evidencia propia. La medida más precisa de su importancia no es una leyenda de autor único, sino la persistencia de sus ideas dentro de debates que también muestran oposición, modificaciones y resultados imprevistos.