Juan de Dios Mosquera Mosquera

Un chocoano en Risaralda

Mosquera nació en 1956 en Santa Cecilia, comunidad del municipio risaraldense de Pueblo Rico, no en Certeguí. Se trasladó a Pereira para estudiar y obtuvo en 1981 el título en Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira; después cursó estudios de Sociología Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana de México. Trabajó como docente en Risaralda entre los años setenta y comienzos de los noventa. Las semblanzas disponibles vinculan su activismo a las experiencias de discriminación vividas por estudiantes afro en Pereira, pero esa explicación debe conservarse como memoria de los protagonistas, no como reconstrucción psicológica independiente.

Esa experiencia estudiantil dio forma a un proyecto de alcance nacional. Soweto reunió desde 1976 a jóvenes afro procedentes de distintas regiones; en 1982 ese proceso dio paso en Buenaventura al Movimiento Nacional Cimarrón. Su denominación completa —Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas— expresa una agenda que combinó identidad, educación, lucha contra la discriminación y organización política, sin limitarse a una sola cuenca del Pacífico.

Del grupo de 1943 a los círculos estudiantiles

Mosquera no inventaba desde cero. Su generación heredaba una tradición intelectual afrocolombiana que se remontaba, al menos, a 1943, cuando un grupo de intelectuales negros encabezados por Natanael Díaz reclamaba, en Bogotá, la necesidad de adelantar sobre el negro los mismos estudios que ya se hacían sobre el indio. De aquel núcleo original hicieron parte figuras como Manuel Zapata Olivella, Carlos Calderón Mosquera, Arcesio Viveros, Adolfo Mina Balanta y Delia Zapata Olivella. Era un grupo pequeño, ilustrado, urbano, que veía la cuestión negra como un problema de reconocimiento cultural y de reparación historiográfica: había que corregir a los historiadores, científicos y literatos que habían borrado o caricaturizado el aporte africano. En septiembre de 1947, en la revista Cromos, uno de ellos —firmando como Manuel Karabalí— llamaba a "rectificar la conducta" de esos intérpretes de la nación.

Aquel grupo se disolvió sin lograr institucionalizarse. Natanael Díaz murió antes de ver formalizado el proyecto. Solo en 1975 los sobrevivientes de la iniciativa original —Zapata Olivella, Viveros, Calderón Mosquera, Mina Balanta, Delia Zapata— dieron personería jurídica al Centro de Estudios Afrocolombianos, retomando los objetivos de tres décadas atrás. Paralelamente circulaban otras iniciativas como la revista Negritud, publicada por el Centro para la Investigación de la Cultura Negra (CIDUN), que abordaba el racismo en ciudades como Cartagena, y el teatro social de Zapata Olivella, cuyas piezas —El retorno de Caín, premiada en el Festival de Arte de Cali en 1962, Caronte liberado, Mangalonga el liberto, Los pasos del indio— llevaban a escena los problemas de la "raza india y la raza negra" de la costa Atlántica.

Los círculos que surgieron en los años setenta no fueron una simple continuación de aquel grupo. El testimonio de Mosquera sitúa el origen de Soweto en reuniones semanales de estudiantes afro que buscaban responder al racismo cotidiano mediante estudio, conciencia y organización. El nombre conectó su experiencia local con la lucha sudafricana contra el apartheid. Esa combinación de autoformación, referentes diaspóricos y acción colectiva fue el antecedente directo de Cimarrón, formalizado en 1982.

La fundación de Cimarrón

De ese ambiente salió el Movimiento Nacional Cimarrón, fundado en 1982 y dirigido por Mosquera durante décadas. El nombre remite al cimarronaje: la fuga y resistencia de personas esclavizadas y la formación de comunidades libres. En su libro Las comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI, Mosquera desarrolló el “cimarronismo contemporáneo” como una propuesta política que enlaza esa memoria histórica con organización autónoma, conciencia afrocolombiana y lucha contra el racismo. Esa formulación es la del propio dirigente; no debe confundirse con una descripción neutral de todas las experiencias afrocolombianas.

Adoptar ese nombre fue, por tanto, una declaración política. Soweto y luego Cimarrón situaron las experiencias colombianas de discriminación dentro de una historia más amplia de resistencia africana y afroamericana. La continuidad entre el cimarronaje colonial y el activismo contemporáneo es una tesis desarrollada por Mosquera, útil para comprender la identidad de la organización, pero no una unidad histórica demostrada para todas las comunidades negras del país.

La secuencia institucional está bien establecida: el Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Afrocolombianas —Soweto— surgió en Pereira en 1976 bajo el liderazgo de Mosquera; seis años después dio paso al Movimiento Nacional Cimarrón, constituido en Buenaventura. El referente sudafricano formaba parte de un horizonte panafricano y antirracista compartido con las luchas contra el apartheid y por los derechos civiles, no de una organización paralela que coexistiera desde el inicio con Cimarrón.

Discriminación e integración

Cimarrón colocó en primer plano la desigualdad racial, la educación política y la exigencia de integración con igualdad efectiva. En el análisis de Tianna Paschel, ese encuadre se distinguió del lenguaje étnico-territorial que ganó centralidad en la coyuntura constitucional: mientras Cimarrón trabajaba sobre racismo y problemas urbanos, otras organizaciones articulaban identidad cultural, territorio colectivo y autonomía. La diferencia es una interpretación académica respaldada por archivos y entrevistas; no implica que cada corriente tuviera una agenda única o invariable.

Ese marco permitía formular demandas para poblaciones afro urbanas y rurales de distintas regiones, pero no agotaba la diversidad del movimiento. Desde mediados de los años ochenta, organizaciones campesinas del Chocó y otras zonas del Pacífico desarrollaron reivindicaciones sobre ríos, prácticas productivas y propiedad colectiva. Los estudios revisados describen tensiones y cruces entre igualdad racial, identidad étnica y territorio; no demuestran que Cimarrón simplemente ignorara la cultura o que las organizaciones ribereñas rechazaran la ciudadanía nacional.

Cimarrón funcionó, entonces, dentro de un panorama afrocolombiano que en los ochenta se estaba diversificando aceleradamente. A mediados de esa década surgieron organizaciones de campesinos negros en el Chocó, orientadas hacia la protección, el control y el acceso al territorio y sus recursos naturales. En el curso medio del río Atrato, en la parte norte del Pacífico, emergió un discurso inédito: el de los campesinos negros como grupo étnico con derechos territoriales colectivos, análogos a los de los pueblos indígenas. En Buenaventura, la organización se estructuró río por río, generando toda una arquitectura de colectivos por cuencas fluviales que dibujaba, sobre el mapa del Pacífico sur, una geografía étnico-territorial diferenciada; asociaciones culturales trabajaban en paralelo por consolidar procesos de conciencia colectiva desde tradiciones estéticas y expresivas. El movimiento negro colombiano nunca fue una sola voz, y a mediados de los ochenta esa pluralidad se había vuelto evidente.

La coyuntura constituyente

La reforma constitucional se abrió en medio de la violencia política de finales de los ochenta, los acuerdos de paz con el M-19 y otros grupos, la movilización estudiantil y una crisis de legitimidad estatal. En agosto de 1990, el Encuentro Preconstituyente de Comunidades Negras reunió en Cali organizaciones regionales y nacionales para discutir una plataforma y candidaturas. La apertura fue real, pero también lo fueron las divisiones entre partidos, movimientos de izquierda, organizaciones urbanas y rurales y regiones del Pacífico; esas fracturas ayudan a explicar la falta de representación afro directa en la Asamblea.

Mosquera se presentó como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que Carlos Rosero, Otilia Dueñas y Justiniano Quiñones, pero ninguno obtuvo curul. Francisco Maturana fue la única persona negra elegida en diciembre de 1990 y declinó el escaño. Sin representación afro directa al instalarse la Asamblea, las demandas avanzaron mediante movilización externa, telegramas y ocupaciones, y por conducto de aliados como los constituyentes Francisco Rojas Birry y Orlando Fals Borda. En las horas finales del 5 de junio de 1991 se aprobó el artículo transitorio 55.

El artículo transitorio 55 fue un hito constitucional: ordenó expedir, en dos años y previo estudio de una comisión especial con representantes de las comunidades involucradas, una ley sobre propiedad colectiva para comunidades negras asentadas en tierras baldías rurales y ribereñas de la Cuenca del Pacífico. También ordenó mecanismos de protección de identidad, derechos y desarrollo, y permitió aplicar el régimen a otras zonas con condiciones similares. Su alcance inicial fue predominantemente étnico-territorial; llamarlo el primer reconocimiento jurídico de toda la población afrocolombiana excede el texto y borra antecedentes legales distintos.

La exclusión de la Comisión Especial

El artículo transitorio 55 no creó por sí mismo la Comisión Especial: ordenó al Gobierno establecerla. El Decreto 1332 de 1992 la organizó para estudiar el proyecto de ley y dispuso participación comunitaria; la Comisión se instaló en julio de 1992 y sesionó hasta julio de 1993. Miriam Jimeno, entonces directora del Instituto Colombiano de Antropología, ejerció su secretaría ejecutiva. La composición y el funcionamiento de ese espacio definieron buena parte de la negociación que culminó en la Ley 70.

La marginalización de Cimarrón en ese proceso está documentada, pero sus causas requieren atribución. Paschel señala que la Comisión reunió representantes de seis entidades estatales y doce delegados comunitarios procedentes de cuatro departamentos del Pacífico, y que Cimarrón no participó directamente. Una carta de la organización a Miriam Jimeno pidió conocer los nombres de los representantes y mantenerse informada sobre las sesiones. Para Paschel, el énfasis de Cimarrón en desigualdad racial e integración encajaba mal con las normas multiculturales y el foco pacífico-rural que se consolidaban. Es una explicación historiográfica, no una respuesta institucional explícita a la carta.

La Ley 70 fue expedida el 27 de agosto de 1993 dentro del plazo constitucional. Reconoció propiedad colectiva en tierras baldías rurales y ribereñas de la Cuenca del Pacífico, extendió la posibilidad a otras zonas con condiciones similares y estableció mecanismos sobre identidad cultural, participación, educación y desarrollo. El Decreto 1745 de 1995 reglamentó la titulación y los consejos comunitarios. Aunque su arquitectura nació del paradigma étnico-territorial, la jurisprudencia posterior ha advertido que ni el artículo transitorio 55 ni la Ley 70 pueden convertirse en una barrera para proteger comunidades negras de otras geografías o con relaciones distintas con el territorio.

La paradoja del puente

El lugar de Mosquera en esta historia se apoya en hechos más precisos que una primacía absoluta. Fundó Soweto en 1976, participó en la creación de Cimarrón en 1982, sostuvo una agenda nacional contra el racismo, produjo materiales de formación y compitió por un escaño constituyente en 1990. Algunas personas que integraron la Comisión Especial habían pasado por procesos de formación de Cimarrón, según Paschel. Ese recorrido demuestra influencia y continuidad organizativa, pero no que sin Cimarrón la Asamblea hubiera sido incapaz de reconocer a las comunidades negras.

Cuando se negoció el desarrollo del artículo transitorio 55, las organizaciones campesinas y ribereñas del Chocó y del Pacífico contaban con agendas territoriales y redes propias. Los estudios muestran que la incidencia constitucional fue plural: hubo encuentros preconstituyentes, candidaturas, aliados indígenas, movilizaciones y organizaciones con trayectorias distintas. El predominio del lenguaje étnico-territorial en la Ley 70 no fue una victoria simple de una corriente sobre otra, sino el resultado de esa coalición desigual y de un marco constitucional concentrado inicialmente en el Pacífico.

La Ley 70 fue un logro del movimiento afrocolombiano y, al mismo tiempo, dejó agendas por fuera. Paschel documenta que Cimarrón quedó virtualmente desplazado de la negociación formal, mientras el artículo y la Comisión privilegiaron comunidades del Pacífico organizadas alrededor de identidad y territorio. También muestra desacuerdos entre activistas, funcionarios y antropólogos dentro de la propia Comisión. La evidencia no permite presentar a Miriam Jimeno ni al aparato académico como patrocinadores de una facción vencedora; sí permite describir un campo institucional conflictivo que legitimó unos encuadres y limitó otros.

La red: contemporáneos, referentes y rivales

Mosquera actuó dentro de una tradición intelectual y organizativa amplia. Manuel Zapata Olivella fue una referencia central por su trabajo literario, antropológico y político; Amir Smith Córdoba impulsó el Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Negra; y los círculos estudiantiles de los setenta leyeron tanto autores colombianos como pensadores de la diáspora africana. Esa red ayuda a explicar el repertorio de Soweto y Cimarrón. No hay base, en cambio, para afirmar que la legitimidad de Zapata fuera un capital del que la organización se beneficiara “sin reservas” ni para oponer sus novelas mediante un código cultural único.

La coyuntura reunió liderazgos y organizaciones diferentes. Carlos Rosero fue escogido por una plataforma preconstituyente debilitada por divisiones internas; Mosquera, Otilia Dueñas y Justiniano Quiñones también fueron candidatos. Rojas Birry y Fals Borda llevaron demandas afro a la Asamblea. El Proceso de Comunidades Negras se consolidó como plataforma en 1993, integrando alrededor de 120 organizaciones locales, no desde mediados de los ochenta bajo una dirección ya formada. Esta cronología permite reconocer antecedentes regionales sin proyectar retrospectivamente una organización posterior.

El mapa resultante fue heterogéneo: organizaciones del Chocó, el Pacífico sur, Buenaventura, el norte del Cauca y ciudades del interior construyeron alianzas y también compitieron por representación. Las fuentes sí distinguen el énfasis urbano y antirracista de Cimarrón del énfasis étnico-territorial que predominó en la Comisión, pero no ofrecen una medición que permita declarar dónde era fuerte o débil cada organización. La Ley 70 refleja una coalición y una coyuntura específicas, no una geografía exhaustiva del movimiento afrocolombiano.

Después de 1993

Después de 1993, Mosquera y Cimarrón continuaron trabajando en educación, liderazgo, denuncia del racismo e incidencia pública. Los catálogos bibliográficos registran, entre sus obras, La etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el sistema escolar (1999), Las comunidades negras de Colombia hacia el siglo XXI (edición actualizada de 2000) y un boletín de estudios afrocolombianos de 2001. La organización mantiene convenios educativos y programas de formación, y su sitio institucional identifica actualmente a Mosquera como presidente y director nacional. En 2025 el Gobierno todavía informaba que avanzaba en aspectos pendientes de reglamentación de la Ley 70.

La actividad de Mosquera también se extendió a redes de formación y articulación internacional. Sus perfiles registran participación fundacional en la Red Continental de Organizaciones Afroamericanas en Montevideo en 1995, la Escuela Nacional de Liderazgo Afrocolombiano Nelson Mandela en Bogotá en 2003 y la Red Andina de Organizaciones Afrodescendientes en 2009. Estos hitos muestran una expansión comprobable de su trabajo más allá de la Ley 70. Los casos de Yolanda Cerón y de asociaciones de víctimas, aunque relevantes para la historia afrocolombiana, no prueban por sí mismos una actuación de Mosquera y se retiran de esta semblanza personal.

Su agenda antidiscriminatoria siguió teniendo expresión pública y jurídica. En la sentencia T-691 de 2012, la Corte Constitucional incorporó la intervención de Mosquera, entonces presidente nacional de Cimarrón, en un caso sobre expresiones racistas en un aula universitaria; allí propuso medidas de reparación, no repetición y cambios normativos. En 2006 y 2010 buscó sin éxito una curul en la Cámara de Representantes. Estas actuaciones documentan continuidad entre formación, litigio e incidencia electoral, sin necesidad de atribuirle un papel general de puente entre todas las víctimas rurales y el Estado.

Qué queda

Juan de Dios Mosquera ocupa un lugar destacado en la historia afrocolombiana contemporánea por la continuidad de su trabajo organizativo. La secuencia documentada incluye Soweto en 1976, Cimarrón en 1982, la candidatura constituyente de 1990, publicaciones de formación y varias redes nacionales e internacionales posteriores. Esa trayectoria contribuyó a mantener una agenda contra la discriminación racial y a formar activistas. No permite, sin embargo, convertir a Cimarrón en la infraestructura única que hizo pensable el reconocimiento constitucional de 1991.

La exclusión de Cimarrón de la Comisión Especial es una clave de lectura importante, siempre que se atribuya y no se vuelva explicación total. Paschel la relaciona con la tensión entre una agenda de igualdad racial e integración y el encuadre étnico-territorial favorecido por el nuevo multiculturalismo. Otros estudios subrayan además las divisiones regionales, partidistas y organizativas anteriores a la Asamblea. En conjunto, la evidencia muestra varios protagonistas y repertorios, no una oposición cerrada entre solo dos proyectos.

Su legado verificable está en una organización que conserva estructura nacional, en una producción escrita sobre historia, etnoeducación y derechos afrocolombianos, y en décadas de intervención pública contra el racismo. La candidatura constituyente no prosperó y Cimarrón no redactó directamente la Ley 70; aun así, sus procesos de formación alcanzaron a personas que sí participaron en la Comisión Especial. Situar esas contribuciones junto a las de organizaciones territoriales, aliados indígenas, activistas y académicos ofrece una historia más precisa que atribuir a un solo dirigente la instalación del antirracismo en el sentido común nacional.