José Ignacio de Pombo

La semblanza: un comerciante que piensa el sistema

Pombo encarna un tipo poco frecuente en la historia neogranadina: el comerciante que escribe. Se estableció como comerciante en Cartagena hacia 1784, en un contexto marcado por las tensiones entre Cartagena y Mompós por el control del comercio fluvial y la fiscalidad regional. Sus vínculos con familias criollas distinguidas lo situaban en el núcleo de la élite mercantil de la ciudad, y desde esa posición —no desde una cátedra ni desde un despacho virreinal— produciría su obra. Este anclaje material importa: cuando Pombo diagnostica el sistema, lo hace desde adentro, desde los libros de cuentas de una casa comercial expuesta a los ciclos de guerra y paz atlánticos, a las flotas que llegaban o no llegaban, a las aduanas que recaudaban o no recaudaban.

Su papel público se estructura sobre tres apoyos entrelazados. Primero, la pertenencia al Real Consulado de Comercio de Cartagena, corporación creada por Real Cédula del 14 de junio de 1795 que reunía funciones de tribunal mercantil, fomento y consulta. Segundo, la actividad como autor de memorias e informes económicos: un informe sobre contrabando del 2 de junio de 1800, una memoria más extensa de marzo de 1804, un informe fiscal de 1807 y el programa dirigido a la Junta Suprema en 1810. Tercero, su inserción en las redes científicas ilustradas: mantuvo correspondencia con Mutis, apoyó a Caldas con libros e instrumentos y, junto con Mutis, lo contrató para explorar especies en el Cauca y Quito.

De esa triple posición —mercantil, corporativa y científica— surge la coherencia de su pensamiento. Pombo no separaba comercio, producción, saber útil y educación técnica: los pensaba como un mismo problema, el de una colonia atrapada entre un sistema comercial disfuncional y una estructura productiva incapaz de aprovechar sus recursos.

Cartagena, escenario del reformismo mercantil

Para entender a Pombo hay que entender a Cartagena, porque su pensamiento es indisociable del puerto donde se formó. La costa atlántica neogranadina —Cartagena y Santa Marta— tenía ante todo una función comercial, con comunidades de españoles y criollos organizadas en torno al tráfico ultramarino. La economía costera operaba según la lógica de la demanda de los mercados externos, mientras la del interior, centrada en Bogotá, se movía por otros ritmos, con el río Magdalena como cordón umbilical dificultoso entre ambas. Esta bifurcación de racionalidades económicas —una costa vuelta al Atlántico, un interior vuelto sobre sí mismo— atraviesa todos los escritos de Pombo.

Cartagena era, además, plaza principal del poderío español en América. Su población combinaba una élite peninsular y criolla con un peso demográfico mayoritario de castas: mestizos de origen africano, negros libres, artesanos pardos que en algunos casos alcanzaban cierta riqueza —zapateros, sastres, albañiles, plateros que llegaban a habitar casas de dos pisos y a poseer esclavos—. Las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII habían reorganizado la milicia incorporando a los pardos, extendiéndoles el fuero militar y fomentando un orgullo corporativo que alteró silenciosamente la jerarquía social de la ciudad. Cartagena había sido uno de los grandes puertos de la trata esclavista atlántica, especialmente entre finales del siglo XVI y la primera mitad del XVII. A fines del XVIII, ese legado seguía visible en una población numerosa de ascendencia africana, libre y esclavizada, aunque la geografía y la organización de la trata habían cambiado.

El puerto mismo era problemático. La abertura de Bocagrande había motivado intentos fallidos de cierre entre 1750 y 1757. Por orden real, Antonio de Arévalo inició allí una escollera defensiva el 11 de noviembre de 1771 y la concluyó en 1778, de modo que los grandes buques quedaron encaminados hacia el acceso fortificado de Bocachica. Esta decisión defensiva, que privilegió la seguridad militar sobre la eficiencia comercial, es emblemática del dilema borbónico y ayuda a explicar por qué las provincias costeras vecinas —Santa Marta, Riohacha— apenas veían tocar sus puertos por barcos españoles y terminaban comerciando ilícitamente con británicos, holandeses y franceses.

Sobre este escenario operaba el Real Consulado. Pombo participó desde 1789 en la solicitud que condujo a su creación por Real Cédula del 14 de junio de 1795. La institución administraba justicia mercantil, promovía agricultura, comercio y obras de comunicación, defendía intereses gremiales y asesoraba a las autoridades. Comerciantes como Juan de Francisco y Martín rotaban por sus cargos principales y acumulaban funciones municipales. Pombo también ocupó cargos del cabildo y del Consulado; desde ese circuito produjo buena parte de sus informes, que combinaron proyectos de fomento con la perspectiva de los comerciantes de la costa.

El diagnóstico del contrabando (1800–1804)

El primer informe económico de Pombo reunido en la edición académica del Banco de la República está fechado el 2 de junio de 1800. Allí defendió el comercio con neutrales durante la guerra y la reducción y simplificación de tributos. En marzo de 1804 desarrolló con mayor amplitud el diagnóstico del contrabando y sostuvo que varias medidas liberalizadoras también convenían en tiempo de paz. Ambas intervenciones respondían a las interrupciones que las guerras con Gran Bretaña imponían al comercio legal del Caribe hispánico.

Pombo describió el fenómeno sin eufemismos. El contrabando en Cartagena era una práctica tan extendida que participaban en él incluso los comerciantes españoles recién llegados en la flota y los funcionarios nombrados precisamente para su control, que lo practicaban en las costas de los alrededores de la ciudad. Autoridades españolas y viajeros contemporáneos coincidían en reconocer su extensión e intensidad en Cartagena y su litoral. Pombo tomó ese conocimiento tácito y lo convirtió en argumento sistémico: bajo un gobierno corrupto, las medidas para prevenir el contrabando eran prácticamente inútiles, porque el propio aparato encargado de reprimirlo estaba integrado en él.

La fuerza analítica del documento está en el nexo que Pombo estableció entre coyuntura y estructura. La guerra internacional no era la causa del contrabando sino su acelerador: la causa estructural era la incapacidad del sistema comercial español para servir a las necesidades reales de sus colonias. Cuando los barcos españoles no llegaban —y no llegaban a Santa Marta, no llegaban a Riohacha, llegaban a Cartagena de modo intermitente—, las provincias costeras no tenían otra opción que comerciar ilícitamente con británicos, holandeses y franceses. El contrabando no era un vicio moral de comerciantes deshonestos: era la respuesta racional a un sistema disfuncional.

La persistencia del contrabando durante la reconquista, bajo el gobierno de Sámano, muestra la duración del problema, aunque un episodio posterior no confirma por sí solo toda la explicación causal de Pombo. Sus informes sí identificaron una relación entre gravámenes elevados, interrupciones del abastecimiento legal, incentivos al fraude y participación de funcionarios; por eso propuso combinar menores estímulos económicos al contrabando con controles institucionales.

Del diagnóstico al programa de fomento: el Informe de 1810

El 11 de octubre de 1810, una década después de su primer informe sobre contrabando, Pombo redactó su documento económico más extenso. Cartagena se administraba entonces de forma autónoma en medio de la crisis de la monarquía, aunque la Junta Suprema todavía disputaba la forma de la soberanía y en diciembre reconoció las Cortes españolas. El texto fue presentado por el Real Consulado a la Junta provincial como un programa para reformar gravámenes, industria, educación y agricultura.

Su respuesta combinó apertura y fomento. El Informe propuso eximir de derechos a los productos de la provincia, reducir los gravámenes sobre bienes extranjeros hasta quitar rentabilidad al contrabando, formar un arancel público y suprimir la matrícula marítima y sus privilegios para estimular la navegación y la pesca. A ello sumó libertad de cultivos e industria, reforma de estancos, escuelas, imprenta, caminos, canales, nuevos poblados y estímulos a cultivos y fábricas.

El programa de Pombo debe entenderse en su contexto. Sus informes citan autores de tradiciones distintas y observan experiencias británicas y norteamericanas, pero no encajan de manera limpia en una oposición entre libre comercio y protección. Defendió comercio neutral y menores trabas fiscales, a la vez que pidió exenciones para productos provinciales y promoción pública de cultivos, manufacturas, navegación e infraestructura. Por eso, asociarlo sin más a un bloque proteccionista junto con Eloy de Valenzuela simplifica una posición que en Pombo fue más heterogénea.

El pensamiento económico colombiano de la independencia se caracterizó por un enfoque pragmático y ecléctico, moldeado por debates de política pública concretos, en el que los actores no eran meros importadores de doctrinas sino que las transformaban y aplicaban a condiciones locales. Pombo es el ejemplo mayor de esa operación intelectual: sus fuentes eran ilustradas —fisiócratas, mercantilistas tardíos, reformadores borbónicos— pero sus propuestas respondían al problema real de un puerto caribeño que había visto colapsar el orden imperial y necesitaba inventar un orden económico nuevo desde los recursos disponibles.

La continuidad entre los informes se entiende mejor sin convertir 1810 en un giro proteccionista. En 1800 Pombo defendió el comercio neutral durante la guerra y la reducción y simplificación tributaria; en 1804 extendió varias medidas liberalizadoras incluso al tiempo de paz. En 1810 mantuvo la reducción de gravámenes extranjeros para desalentar el contrabando y la combinó con exenciones a productos provinciales y políticas activas de fomento. Había tensiones entre apertura, recaudo y promoción productiva, pero no una inversión doctrinal cerrada.

La red ilustrada: Mutis, Caldas y el Caribe informativo

Al mismo tiempo que escribía sobre aduanas y contrabando, Pombo participaba en la circulación de saber. Mantuvo una correspondencia asidua con José Celestino Mutis en Santafé: las cartas conservadas tratan noticias europeas, quinas, Humboldt, Caldas y proyectos científicos. Esa comunicación enlazaba el puerto caribeño con el interior, sin que pueda fijarse un tiempo mínimo uniforme para el trayecto postal.

Como comerciante de un puerto atlántico, Pombo tuvo acceso a gacetas, libros y noticias llegados por vía marítima, y trasladó parte de esa información a su correspondencia con Mutis. Una carta catalogada del 10 de octubre de 1803 reúne asuntos europeos, quinas, Humboldt y Caldas. La posición de Cartagena favorecía ese intercambio, pero la circulación variaba según rutas, escalas, guerras y medios de transporte; no obedecía a un calendario regular comparable entre el océano y el interior.

Su vínculo con Mutis no era solo informativo. Mutis, llegado a Santa Fe en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Zerda y formado en el Jardín Botánico de Madrid antes de viajar al Nuevo Mundo, había sido el agente más importante de la Ilustración científica en la Nueva Granada. Alrededor de su figura se había formado un grupo de criollos —entre ellos Caldas y Nariño— que compartían con ilustrados españoles como Feijóo y Jovellanos la actitud crítica ante la escolástica y el entusiasmo por la ciencia moderna. Feijóo, en particular, tuvo una influencia decisiva en los comienzos del nuevo espíritu ilustrado neogranadino, reconocida por sus contemporáneos como impacto formativo directo.

En este ecosistema, Pombo actuó como protector de Caldas. José Celestino Mutis y Pombo lo contrataron para explorar en tierras caucanas y quiteñas especies susceptibles de aprovechamiento; Pombo también lo apoyó con libros e instrumentos, y Caldas dedicó en 1803 un trabajo a ambos protectores. Ese patrocinio convergía con el interés de Pombo por las ciencias útiles y los recursos del territorio. No demuestra, sin embargo, que sustituyera por sí solo al Estado ni que toda la labor científica de Caldas fuera un instrumento de su programa mercantil.

Esta articulación —ciencia útil al servicio de la reforma económica— fue la marca distintiva de la Ilustración neogranadina. La élite ilustrada, al igual que los administradores borbónicos españoles, buscaba orientar tanto a las clases altas como a los pobres hacia la tecnología y la empresa económica, promoviendo el conocimiento útil y práctico por encima de las carreras literarias o jurídicas tradicionales. Pombo llevó esa convicción a su terreno más concreto: no bastaba con predicar la utilidad del saber; había que financiar expediciones, contratar naturalistas, hacer circular gacetas.

La reforma educativa: fábricas de sabiduría y conocimientos útiles

En el Informe de 1810, Pombo presentó la enseñanza como base de la moral pública, el bienestar y el desarrollo de las artes. Llamó a esos establecimientos «fábricas de sabiduría» y los integró en un programa económico más amplio. Su punto de partida no era rechazar las cátedras jurídicas, sino ampliar el acceso y diversificar los saberes disponibles.

Sus propuestas eran concretas y territoriales: escuelas de primeras letras en todos los pueblos; escuelas de dibujo y matemáticas en Cartagena, Mompox y Corozal; estudios de mineralogía, botánica, zoología, química y medicina; un observatorio astronómico; y cátedras de derecho público, moral, economía política y lenguas. También pidió una Sociedad de Amigos del País, una imprenta mejor dotada y un periódico político-económico.

La propuesta ampliaba el horizonte educativo hacia artes, ciencias naturales, navegación, ingeniería y administración pública. No era una oposición absoluta al letrado: Pombo incluyó derecho público, moral, economía política y lenguas entre los saberes necesarios para la magistratura, el gobierno y el senado. Su programa participaba de la valoración ilustrada del conocimiento útil y vinculaba formación, circulación impresa, investigación del territorio y fomento económico.

Los límites del reformismo

Los informes de Pombo formularon un diagnóstico sostenido del comercio colonial y un programa que combinaba apertura, reforma fiscal, fomento productivo, ciencia y educación. Su posición dentro del Consulado le dio una plataforma institucional, y su ingreso a la Junta Suprema en 1810 amplió el terreno político de actuación. Eso no permite medir una transformación estructural inmediata ni separar sus proyectos de los intereses mercantiles que también representaba.

Las tensiones fueron institucionales y políticas. El Informe de 1810 se presentó cuando Cartagena se administraba autónomamente, pero la Junta aún negociaba su relación con las autoridades españolas. Pombo no se limitó a diagnosticar: integró la Junta Suprema, defendió la autonomía provincial frente a Santafé y fue elegido para la convención constitucional de 1812, aunque no firmó la declaración de independencia de noviembre de 1811. El contrabando desbordó la capacidad inmediata de reforma, y el Consulado combinó funciones públicas de justicia y fomento con la defensa de intereses corporativos. Esa doble condición exige leer sus propuestas como política pública y como expresión de los comerciantes costeños.

Un ejemplo concreto ilustra esa ambivalencia. La supresión de la matrícula marítima y de sus privilegios buscaba ampliar la navegación y la pesca, y también afectaba de forma directa a los comerciantes del puerto. En materia arancelaria, Pombo no propuso simplemente proteger a los importadores formales: pidió reducir los derechos sobre bienes extranjeros hasta un nivel que quitara incentivo al contrabando y, a la vez, eximir los productos provinciales. El apoyo a Caldas para estudiar especies de posible aprovechamiento enlazaba conocimiento científico y expectativas comerciales. La agenda ilustrada y el interés mercantil podían converger, aunque no todos sus beneficios pueden asignarse de antemano a una sola casa o grupo.

Estas tensiones no anulan la obra de Pombo; la sitúan. Su reformismo recogía en buena medida la perspectiva de la élite mercantil costeña: apertura del comercio neutral, reducción y simplificación de gravámenes, fomento de productos provinciales, infraestructura y educación útil. Ese anclaje no invalida sus ideas, pero obliga a distinguir entre beneficios generales esperados y efectos favorables para los grupos que integraban el Consulado. La edición académica de sus escritos subraya precisamente esa combinación entre reflexión económica e intereses sociales dominantes.

La contingencia geopolítica juega también un papel que no debe minimizarse. Las guerras recurrentes de España contra Gran Bretaña —que interrumpían el comercio legal y multiplicaban el contrabando— configuraron el escenario donde el pensamiento de Pombo se volvió urgente. Su documento de 1804 surge directamente de esa presión de guerra internacional; su Informe de 1810 responde a la crisis dinástica peninsular. En este sentido, su obra es tanto respuesta coyuntural como proyecto ilustrado sostenido: las coyunturas le dieron ocasión, pero la coherencia interna de sus propuestas viene de una elaboración intelectual de años.

La huella: una bisagra entre siglos

La actuación pública de Pombo entre 1809 y 1812 puede reconstruirse en sus líneas principales. Fue candidato de Popayán para representar al reino ante la Junta Central en 1809; integró la Junta Suprema de Cartagena desde junio de 1810, se opuso a la supremacía de Santafé, colaboró con Argos Americano y fue elegido diputado suplente en 1811. No firmó la declaración del 11 de noviembre: se han propuesto como explicaciones su salud y una posible oposición política, sin que el motivo sea concluyente. Elegido para la convención constitucional de 1812, revisó el proyecto desde su lecho de enfermo. Murió en Cartagena el 16 de febrero de ese año.

La importancia histórica de Pombo se juega en varios planos. En el pensamiento económico, sus informes articulan comercio neutral, reforma tributaria, fomento productivo y conocimiento del territorio; la edición de Melo señala su influencia en políticas posteriores a 1819. En las redes científicas, su apoyo material y su contratación conjunta de Caldas con Mutis fueron importantes y están documentados, sin que pueda afirmarse que la obra de Caldas habría sido imposible sin él. En el plano institucional, muestra las posibilidades y los límites del Consulado como tribunal mercantil, órgano de fomento, defensor gremial y espacio de consulta pública.

En un plano más amplio, Pombo permite observar continuidades entre la Ilustración tardía y debates económicos del siglo XIX. No conviene clasificarlo con una etiqueta única: sus informes contienen argumentos de trasfondo liberal sobre comercio neutral, tributos y libertad de cultivos e industria, junto con exenciones y estímulos selectivos para la producción local. La conexión que trazó entre comercio, recursos naturales, ciencia, educación e infraestructura circuló entre sus contemporáneos y contribuyó al vocabulario de políticas adoptadas después de 1819, sin convertirlo en autor exclusivo de los debates posteriores.

Su reformismo no transformó las estructuras que criticaba; pero nombró con precisión sus contradicciones en el momento exacto en que esas estructuras comenzaban a derrumbarse. En un país que suele confundir historia intelectual con hagiografía o con denuncia, la figura de Pombo se sostiene sin necesidad de ninguna de las dos: un comerciante que pensó su sistema, escribió con lucidez lo que veía desde el puerto y financió a quienes podían saber más sobre el territorio. Eso, en la Nueva Granada de 1800, era ya mucho más de lo habitual.