Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres

Un jurista peninsular al servicio de las reformas

Su trayectoria anterior a Santafé está bien documentada. Estudió en el Colegio de Santo Tomás de Sevilla y obtuvo el grado de bachiller en Cánones; fue recibido como abogado por la Audiencia de los Grados de Sevilla en 1758, ingresó al Colegio de Abogados de esa ciudad en 1759 y fue admitido ante los Reales Consejos en 1762. En 1772 fue nombrado alcalde mayor de Cádiz, en 1774 pasó a la Chancillería de Valladolid como juez mayor de Vizcaya y en 1776 obtuvo una plaza de oidor de la Real Audiencia de la Casa de la Contratación de Cádiz. Su selección para la visita neogranadina se inscribió en el programa reformista de José de Gálvez; la documentación permite reconstruir su formación y sus cargos, pero no convertir adjetivos posteriores como «enérgico» o «autoritario» en un retrato psicológico probado.

El cargo de regente de la Audiencia y la comisión extraordinaria de visitador general deben distinguirse del régimen de intendencias. En el Nuevo Reino no se creó antes de 1810 una división territorial de intendencias ni se nombraron funcionarios con ese título, aunque investigaciones recientes muestran que se aplicaron parcialmente componentes de ese régimen en el gobierno de los erarios. El propio Gutiérrez de Piñeres presentó en 1779 un proyecto que separaba al regente, cabeza de la Audiencia, de un intendente de Ejército y Real Hacienda y de un capitán general en Cartagena. La orden enviada a Quito en 1783 confirma la circulación de modelos administrativos, pero no convierte retrospectivamente al regente de Santafé en «un intendente con otra placa» ni prueba que la Hacienda hubiera quedado enteramente separada del virrey.

Gutiérrez de Piñeres fue designado el 18 de diciembre de 1776, recibió instrucciones reservadas el 17 de febrero de 1777 y llegó a Santafé en enero de 1778. Sus facultades de visita alteraron el reparto ordinario de competencias y produjeron superposiciones con la Audiencia, los tribunales de Hacienda y el virrey Manuel Antonio Flórez. Sin embargo, la investigación institucional muestra que decisiones de las rentas estancadas continuaban sujetas a contadores generales y a la aprobación del virrey como superintendente general. Hubo disputas sobre el alcance de cada jurisdicción y proyectos para redistribuirlas; esa arquitectura no se reduce a dos estilos personales opuestos ni a un virrey que negociaba frente a un regente que nunca consultaba.

La caja del rey: una reingeniería tributaria en tres años

Entre 1778 y 1781 Gutiérrez de Piñeres centralizó y reglamentó varios ramos de la Real Hacienda. En agosto de 1778 estableció una Dirección General de Tabacos; en mayo de 1779 creó otra para el aguardiente y, tras una real orden del 14 de octubre, reunió desde mayo de 1780 tabaco, aguardiente, naipes y pólvora en la Dirección General de Rentas Estancadas. También separó el cobro de la alcabala del derecho de Armada de Barlovento y reforzó controles contra el fraude y el contrabando. En el contexto de la guerra con Gran Bretaña llegaron órdenes metropolitanas para aumentar los precios del tabaco y el aguardiente. Las fuentes consultadas confirman esos aumentos, pero no sustentan que él hubiera decidido por cuenta propia duplicar ambos precios al detalle en mayo de 1780.

La reorganización del estanco del tabaco fue una de las piezas centrales de su gestión. La administración directa existía antes de su llegada, pero bajo la visita se reordenó el cultivo autorizado alrededor de Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Llanogrande —en el entorno de Palmira— y se articularon administraciones y factorías para compra y distribución. Las instrucciones regulaban calidades, empaque, precios, circulación y actuación de resguardos; las restricciones excluyeron o limitaron zonas donde se cultivaba tabaco fuera del sistema real. Esa política afectó a productores y comerciantes y alimentó conflictos con guardas y empleados. Fue una intervención intensa sobre la producción y el mercado, aunque no equivalió jurídicamente a quitarles la tierra a todos los cultivadores ni permite suponer que cada decomiso terminara en arresto.

Los números permiten calibrar una tendencia de largo plazo, no el efecto personal e inmediato de un solo funcionario. Las estimaciones disponibles sitúan la carga tributaria sobre el producto en 2,95 % para 1761–1765 y en 4,75 % para 1776–1780; el 10,39 % corresponde a 1796–1800 y el 8,4 % a 1801–1810. Del mismo modo, los 770.000 pesos anuales aportados por tabaco y aguardiente —cerca del 32 % de una recaudación de 2,4 millones— pertenecen a la última década del dominio español. Gutiérrez de Piñeres fue un actor decisivo en la centralización fiscal iniciada al final de la década de 1770, pero no puede atribuírsele como resultado propio todo el aumento registrado hasta 1800 ni afirmarse que el Socorro fuera la región peor preparada del virreinato.

Los estancos de aguardiente y tabaco concentraron críticas porque restringían campos de actividad de comerciantes y agricultores: la Corona regulaba quién podía producir, dónde, a qué precio compraría y cómo circularía la mercancía. Para cultivadores de zonas excluidas, esa intervención podía suprimir o reducir una fuente importante de ingreso y convertir una práctica aceptada en cultivo clandestino. No era solo una tarifa, pero tampoco una expropiación literal de la tierra ni significaba necesariamente que cada labrador perdiera todo su oficio. El efecto dependió de la región, del producto, de la relación con las factorías y de las alternativas económicas disponibles.

El oriente que ardía por dentro

La región del Socorro, con San Gil y Girón como polos complementarios, tenía una división del trabajo y una actividad artesanal y mercantil mayores que muchas zonas del virreinato. Agricultura, tejidos de algodón, pequeños productores y circuitos comerciales vinculaban el oriente con Santafé y el Caribe. Esa configuración ayuda a explicar la sensibilidad de comerciantes, cultivadores, artesanos y consumidores frente a las medidas fiscales. No convierte al Socorro en una anomalía enteramente capitalista ni al resto del Nuevo Reino en una economía uniforme de haciendas y subordinación señorial. La estimación de cerca de un millón de pesos para sus tejidos circula en la historiografía, pero su propia fuente reconoce que no pudo establecer su procedencia original.

Esa estructura hacía que numerosos habitantes de la región sintieran de manera directa los cambios sobre alcabala, sal, tabaco, aguardiente y textiles. A ello se sumaron escasez de alimentos y una epidemia de viruela en los años anteriores al levantamiento. Una síntesis histórica ampliamente citada recoge la estimación de que la viruela causó alrededor de seis mil muertes en Guanentá, pero la presenta como una cifra referida —«según se dice»— y no como un conteo demográfico cerrado. La combinación de vulnerabilidad económica, enfermedad y presión fiscal forma parte del contexto; no prueba que todos los pueblos estuvieran igualmente diezmados ni que una sola medida explique la rebelión.

La resistencia local había comenzado, de hecho, mucho antes del estallido general. En febrero de 1778 —el mismo año de la llegada de Gutiérrez de Piñeres— los vecinos de Mogotes expulsaron a los guardias del monopolio. En octubre de 1780 hubo disturbios nuevamente en Mogotes y en Simacota. En diciembre, en Charalá. Estas pequeñas rebeliones de pueblo, casi todas contra los resguardos del estanco de tabaco, funcionaron como sismos previos: nadie en Santafé quiso leerlos como tales. Los informes se archivaban con la etiqueta rutinaria del desorden local, se enviaban partidas de refuerzo, se reponían guardias caídos, y la máquina fiscal seguía adelante. Que dos años y medio de motines sucesivos en la misma región no bastaran para replantear la política dice más sobre la sordera del gabinete que sobre la mansedumbre de los pueblos.

1781: el año en que el edicto se rompió con las manos

El 16 de marzo de 1781, durante un día de mercado en el Socorro, una multitud protestó contra el edicto fiscal fijado en la plaza o junto a la casa del alcalde. La tradición y un informe atribuido al alcalde identifican a Manuela Beltrán como la mujer que arrancó el papel; su biografía, oficio y actuación posterior siguen siendo discutidos. El gesto quedó como detonante simbólico, pero las causas y antecedentes eran anteriores: los disturbios de Mogotes, Simacota y Charalá muestran que el rechazo a guardas, estancos e impuestos ya había producido acciones colectivas en la región.

El movimiento se propagó con velocidad desde el Socorro hacia Pamplona, Vélez, Cúcuta, San Gil, los Llanos y otras provincias. Se eligieron capitanes y se organizó una conducción general con Juan Francisco Berbeo, José Antonio Galán, Salvador Plata, Antonio Monsalve, Francisco Rosillo y otros dirigentes cuyas posiciones cambiaron durante el conflicto. La marcha hacia Santafé reunió campesinos, artesanos, comerciantes, propietarios, indígenas, mestizos, negros, mulatos y personas esclavizadas. Era una fuerza armada y una coalición política heterogénea, no un ejército exclusivamente campesino ni dos alas perfectamente definidas desde el comienzo.

El 8 de mayo de 1781, en Puente Real de Vélez —la actual Puente Nacional—, una expedición comunera de varios centenares de hombres hizo retroceder o rendirse al destacamento enviado por la Real Audiencia. La operación había sido ordenada bajo la jefatura general de Berbeo y fue dirigida en el terreno por capitanes como Ignacio Calviño. La noticia aumentó la alarma en Santafé. Gutiérrez de Piñeres salió de la capital la noche del 12 de mayo, pasó por Honda y se dirigió a Cartagena; el virrey Manuel Antonio Flórez ya se encontraba en la costa atendiendo la defensa del Caribe durante la guerra con Gran Bretaña. La simultaneidad con la rebelión de Túpac Amaru es un contexto continental, no prueba que ambos episodios tuvieran la misma secuencia ni que hubiera dos huidas equivalentes.

En Santafé, con el regente ausente y el virrey lejos, quedó al mando efectivo del gobierno una junta que designó una comisión de negociación encabezada por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora. La comisión partió al encuentro de los comuneros con la misión de impedir a cualquier precio la toma de la capital. Entre los oidores que en esos días sostuvieron el andamiaje institucional se contaba Juan Francisco Pey Ruiz, y en las gestiones criollas paralelas figuraron nombres como Manuel Bernardo Álvarez. La ciudad se preparaba para un asedio que nunca llegó: entre la derrota militar del Puente Real y la firma del pliego mediaron menos de cuatro semanas, y en ese intervalo Santafé descubrió lo poco que la sostenía cuando la reforma fiscal había volteado contra la Corona a las provincias productivas.

Zipaquirá: una pacificación con letra menuda

El pliego de treinta y cinco Capitulaciones quedó fechado y firmado por Juan Francisco Berbeo en el campamento comunero el 5 de junio de 1781. La Junta General de Tribunales lo aprobó en Santafé la noche del 7, y los comisionados y capitanes lo ratificaron y juraron en Zipaquirá el 8. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora participó en esa comisión y en el juramento, no en una firma bilateral consumada el día 5. El texto reunía demandas sobre Armada de Barlovento, alcabala, sal, tabaco, aguardiente y otros gravámenes con restitución de resguardos, trato a los indígenas, preferencia de americanos en empleos y organización local. Mantenía fórmulas de fidelidad al rey, aunque el alcance político de algunas cláusulas ha producido interpretaciones historiográficas distintas.

La Junta General de Tribunales aprobó las Capitulaciones mientras Santafé carecía de fuerza suficiente para contener la marcha. Desde Cartagena, Gutiérrez de Piñeres fue el primero en improbarlas al conocerlas, y el virrey Flórez asumió la misma posición: alegaron que la coacción quitaba validez al acuerdo. Las autoridades habían dejado además una reserva secreta que permitía desconocer después lo aceptado. No fue la Corona la que «aceptó de palabra» mientras esperaba tropas, sino una junta local que formalizó un pacto bajo presión y dos altas autoridades que lo rechazaron desde la costa. Durante meses, entretanto, las Capitulaciones sirvieron a distintos pueblos como referencia para exigir su cumplimiento.

José Antonio Galán no quedó entre quienes juraron la pacificación en Zipaquirá y continuó movilizado después de junio. Sus cartas y las órdenes dirigidas contra él muestran desacuerdos con el pacto y temor a que la Audiencia ganara tiempo, pero no permiten reducir todos sus motivos a que se hubiera firmado demasiado rápido. Salvador Plata y antiguos capitanes comuneros lo capturaron la noche del 13 de octubre de 1781 en Chaguanete, cerca de Onzaga. La Real Audiencia lo sentenció el 30 de enero de 1782 y lo ejecutó el 1 de febrero, antes de la anulación formal de las Capitulaciones. La condena dispuso la exposición de su cabeza y extremidades en distintos pueblos como escarmiento público.

El 18 de marzo de 1782, algo más de nueve meses después del pliego de Zipaquirá, el Real Acuerdo de Justicia declaró nulas, insubsistentes y sin efecto las Capitulaciones. Gutiérrez de Piñeres presidió la reunión y el acuerdo figura firmado por él, Juan Francisco Pey Ruiz, Juan Antonio Mon y Velarde, Joaquín Vasco y Vargas y Pedro Catani. El argumento oficial fue que el pacto había sido aceptado bajo coacción; también se ordenó retirar el título de corregidor concedido a Berbeo. La participación del regente está respaldada por fuentes convergentes, pero el acto no fue la simple cancelación instantánea de todo reclamo: formalizó jurídicamente una restauración política y militar que llevaba meses en marcha.

Las críticas de dentro: un gobierno que se miraba a sí mismo

No hizo falta esperar a la historiografía posterior para que la gestión de Gutiérrez de Piñeres fuera juzgada con dureza. Voces contemporáneas del propio aparato colonial dejaron testimonio de que las cosas se habían hecho mal. El más citado es el cronista Francisco Silvestre, funcionario informado y observador atento del gobierno virreinal, cuyos comentarios sobre la administración de los regentes son de una acidez notable.

Silvestre sostenía que los resultados de la gestión de los regentes en el campo administrativo no habían sido positivos y que sus efectos políticos fueron directamente negativos. Criticaba que, con el pretexto de arreglar las rentas, se hubieran restablecido ramos suprimidos y aumentado excesivamente los empleos, generando un aparato que se autoalimentaba a costa de la población. Señalaba que los funcionarios de la Real Hacienda actuaban con instrucciones secretas y se tomaban una autoridad excesiva, faltando al respeto a las justicias locales, cometiendo vejaciones y fraudes, y desatendiendo las quejas de los agraviados bajo el pretexto —cínico— de que era odio a las rentas querer contener sus excesos. Un retrato de administración fiscal desmandada, en el que el celo recaudador se transformaba en abuso cotidiano y las quejas legítimas eran descalificadas como resistencia interesada al rey.

Esa crítica interna revela algo decisivo: no fue solo la población del Socorro la que se sintió agredida por la maquinaria del regente; fue también parte de la propia administración colonial, la que veía cómo los cuerpos de justicia locales eran desbordados por funcionarios de Hacienda con carta blanca. La reforma borbónica, en su ejecución neogranadina, generó una fractura no solo entre gobierno y gobernados, sino dentro del gobierno mismo. Alcaldes, corregidores, jueces ordinarios: la vieja pirámide territorial de la justicia colonial se veía saltada por administradores de rentas que respondían a otra cadena de mando y que hacían valer su instrucción secreta frente a la costumbre local. La Comunería, leída en esa clave, no fue solo un levantamiento popular contra el fisco: fue también la exhibición pública de una administración enfrentada consigo misma.

Estructura e individuo

Reducir la Comunería a la política fiscal de un solo funcionario sería una simplificación. El programa que Gutiérrez de Piñeres ejecutó formaba parte de un proyecto imperial de centralización, mayor recaudo y defensa en un contexto de guerras costosas. Varias de sus instrucciones respondían a órdenes de Madrid y a modelos ensayados en otros territorios. Eso no permite afirmar que cualquier funcionario habría actuado exactamente igual: la comisión dejaba márgenes para proponer instituciones, escoger funcionarios, fijar procedimientos y decidir el ritmo de aplicación.

Tampoco fue un mensajero pasivo. Las alzas de precios del tabaco y el aguardiente respondieron a órdenes metropolitanas vinculadas a la guerra, pero Gutiérrez de Piñeres tomó iniciativas propias en la arquitectura administrativa: creó direcciones, propuso su unificación, redactó instrucciones y diseñó un proyecto de intendencia que habría redistribuido competencias entre regente, intendente y capitán general. Los resguardos y las restricciones al cultivo hicieron coercitiva esa centralización en la vida local. En marzo de 1782 presidió y firmó el acuerdo que anuló las Capitulaciones. La evidencia permite distinguir entre mandato imperial, decisiones institucionales del visitador y ejecución territorial; no permite atribuirle como elección personal cada precio, norma o abuso de los empleados.

Su papel puede entenderse como la confluencia de una lógica imperial y una ejecución local rápida y coercitiva. Las reformas afectaron de modo particular una región oriental con fuerte actividad artesanal y mercantil, pero el estallido también dependió de epidemia, escasez, conflictos previos con los resguardos, redes locales y decisiones de los distintos pueblos. Presentar al regente como «la mecha» es una interpretación útil si se conserva ese contexto y no como prueba de que una persona determinó por sí sola el lugar y el año de la rebelión. Tampoco es posible saber si otro funcionario habría retardado el conflicto unos años o una década: ese contrafactual queda fuera de la documentación.

Regreso y borradura

Tras su servicio en América, una consulta del 10 de febrero de 1783 propuso promoverlo a ministro togado del Consejo de Indias. El título se expidió el 24 de mayo de 1784 y Gutiérrez de Piñeres tomó posesión en Madrid el 18 de junio de ese año. Permaneció como consejero de Indias hasta su muerte, ocurrida en Madrid el 7 de octubre de 1802. Su carrera, por tanto, no se prolongó varios años en el Nuevo Reino ni terminó con un regreso a España en diciembre de 1793. La experiencia neogranadina fue seguida por casi dos décadas en uno de los principales órganos de gobierno de la monarquía.

Coda: la sombra larga del Socorro

La Comunería no fue la independencia, y sus dirigentes no la pidieron en 1781. Berbeo firmó como vasallo que exigía cambios a las autoridades del rey, aunque algunas cláusulas alteraban de manera importante la distribución local del poder. Décadas más tarde, Francisco de Miranda reunió en Londres materiales sobre el levantamiento —incluida una relación y un ejemplar anotado de las Capitulaciones con traducción inglesa— para argumentar que la América española estaba preparada para una revolución. La documentación consultada sitúa ese expediente en Londres hacia 1798; no permite extender la misma prédica a gabinetes parisinos. En esa recepción posterior, Gutiérrez de Piñeres podía funcionar como signo de la coerción fiscal que los proyectos emancipadores reinterpretaron retrospectivamente.

Gutiérrez de Piñeres ejecutó con amplitud un mandato imperial y añadió iniciativas propias en la organización de las rentas. Salió de Santafé cuando la marcha comunera alteró la capacidad del gobierno y regresó para presidir y firmar la anulación jurídica del pacto. No fue el único causante de la rebelión ni un funcionario intercambiable: actuó dentro de una estructura que imponía objetivos, pero con márgenes que afectaron tiempos, instituciones y formas de control. Esa relación entre programa imperial, decisión administrativa y respuesta regional —más que una coincidencia exacta y necesaria entre un hombre y un momento— explica por qué su trayectoria sigue siendo central para estudiar el reformismo borbónico y la Comunería.