Cuéntame el bipartidismo colombiano y la consolidación del poder entre 1886 y 1957.

El hombre que escribía la patria desde Cartagena

Cartagena, alguna mañana de 1886. Rafael Núñez prefiere el calor de la costa al frío del altiplano y gobierna por correo. Las cartas viajan en buque hasta el puerto de Honda, suben en mula la cordillera y llegan a Bogotá días después, con la tinta ya cansada. Mientras tanto, en la capital, Miguel Antonio Caro redacta. Vicepresidente, latinista, católico de misa diaria, Caro escribe la Constitución como quien escribe una gramática: con la convicción de que las palabras precisas ordenan a los hombres. Cuando el texto se promulga ese año, Núñez ni siquiera está en Bogotá para firmarlo del todo; Campo Serrano asume primero, y Caro lo reemplazará cuando el presidente, otra vez, prefiera el mar.

De ese arreglo —un presidente que gobierna desde lejos y un ideólogo que le sostiene la pluma— nace el país que durará más de cien años. La Constitución de 1886 centraliza lo que estaba disperso, vuelve confesional lo que la generación anterior había intentado laico, y le entrega a la Iglesia la educación pública, el matrimonio, el registro de los vivos y los muertos. El Concordato de 1887 lo sella un año después: las propiedades confiscadas a los curas durante el siglo anticlerical regresan a sus manos, el divorcio se abole, los obispos supervisan los textos escolares. El artículo 41 de la nueva carta y los artículos 12 y 13 del Concordato lo dicen sin pudor: la educación se organizará "en conformidad con los dogmas y la moral de la Religión Católica".

Mientras en el resto de América Latina el siglo XIX había sido una pelea larga por sacarle el Estado a los curas, Colombia hacía el viaje en sentido contrario, agarrada del incensario.

La Regeneración nació como coalición —conservadores y liberales independientes hartos del radicalismo— y terminó como hegemonía. Núñez fue elegido cuatro veces, en 1880, 1884, 1886 y 1892, aunque no siempre ocupó la silla, y murió en 1894 sin terminar su último período. Lo que quedó después de él no fue un partido sino una arquitectura: presidente fuerte, prensa amordazada en tiempo de guerra —es decir, casi siempre—, libertades de pensamiento y movimiento suprimidas, y a los no católicos la concesión humillante de "no ser molestados" por sus creencias. La frase, leída hoy, suena a permiso para respirar. Esa arquitectura estaba hecha para durar más que sus arquitectos, y dura todavía cuando ellos ya son polvo.

Palonegro, el monte donde se acabó el siglo

Trece años después de la Constitución, el 18 de octubre de 1899, los liberales se alzaron. Llevaban demasiado tiempo fuera del reparto, y el reparto era todo: la burocracia, las rentas, la legitimidad. La Guerra de los Mil Días empezó en Santander y se prolongó hasta 1902 por montes, ríos y caminos de herradura. Fue la más larga y más sucia de las guerras civiles colombianas, y la última en la que se peleó como en el siglo XIX: fusiles, machetes, cargas de caballería, hambre.

En mayo de 1900, entre el día 11 y el 26, se libró Palonegro. Dos semanas seguidas de tiroteo en una meseta de monte ralo, cerca de Bucaramanga. Los conservadores eran entre catorce mil y veinte mil; los liberales, la mitad. Los muertos de aquellas dos semanas no se cuentan: se calculan. El ejército liberal salió quebrado de allí, y ya no se rehízo. Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, los dos generales liberales con más peso, siguieron peleando aquí y allá, pero la guerra estaba decidida en aquel monte.

Terminó el 21 de noviembre de 1902, a bordo de un buque norteamericano fondeado frente a la costa. Allí se firmó el Tratado del Wisconsin. Por el gobierno, los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vásquez Cobo; por la revolución liberal, Lucas Caballero y Eusebio A. Morales. Benjamín Herrera, que dirigía la guerra desde Panamá, lo aprobó. El detalle del barco no es pintoresco: es premonición. Un año después, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separaba de Colombia con ayuda de Estados Unidos. La guerra había dejado al país con cien mil muertos sobre una población que no llegaba a tres millones —uno de cada treinta colombianos— y sin el istmo. Es decir, sin el futuro.

De Palonegro salieron dos enseñanzas, una para cada bando, ambas amargas. Los conservadores entendieron que no podían gobernar excluyendo del todo a los liberales. Los liberales entendieron que no podían tumbar al gobierno por las armas. Quedó pendiente la pregunta de qué iban a hacer entonces los demás —los campesinos, los artesanos, los que habían puesto los cien mil muertos—. La pregunta tardaría medio siglo en estallar.

El paréntesis liberal

El siglo nuevo se estrenó con el país descosido. Entre 1904 y 1909, Rafael Reyes intentó gobernar por encima de los partidos. Cerró un Congreso paralizado por la disputa partidista, lo reemplazó por una Asamblea Nacional de su confianza, modernizó las aduanas, tendió carreteras y ferrocarriles, fundó el Banco Central, ordenó las rentas. Llamó liberales a su gabinete; algunos aceptaron. La fórmula tenía nombre prestado del positivismo porfirista que entonces estaba de moda en el continente: paz y administración. Duró lo que dura una ilusión técnica en un país de identidades heredadas. En 1909 la oposición —de los dos partidos a la vez— lo arrinconó. Reyes salió hacia Europa en silencio, sin pelear, y dejó el experimento donde lo había encontrado: en el papel.

Lo que vino después fue la hegemonía conservadora propiamente dicha, que se extendió hasta 1930. Cuarenta y cuatro años seguidos en el poder. Cuatro décadas en las que la maquinaria electoral conservadora se trenzó con las parroquias hasta volverse indistinguible de ellas: el cura del pueblo dictaba el voto desde el púlpito, el gamonal anotaba a los desobedientes, el alcalde repartía o negaba el aguardiente del estanco. Se votaba como se rezaba, en los mismos bancos y con la misma autoridad de fondo. Cuando los conservadores cayeron en 1930 no fue por una derrota ideológica ni por una insurrección; fue porque se dividieron en dos candidaturas —Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo— y el primado de Bogotá, sin pulso para unificar al rebaño, dejó al partido sin candidato único. Enrique Olaya Herrera ganó casi por descuido ajeno.

Olaya gobernó entre 1930 y 1934 con un gabinete de Unidad Nacional —media docena de ministros conservadores cómodos en su silla— y dedicó el cuatrienio a contener la Gran Depresión. Las reformas dormían. Despertaron con Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha, entre 1934 y 1938. La reforma constitucional de 1936 consagró la función social de la propiedad y la intervención del Estado en la economía. Sonaba a otro país. Lo era, por momentos.

La Ley 200 de aquel mismo año fue la promesa central: las tierras no explotadas debían volver al Estado. En el papel, el comienzo del fin de los latifundios dormidos. En la práctica, no se cumplió nunca. Los terratenientes controlaban las alcaldías, la policía municipal y los jueces de distrito; cuando un colono intentaba acogerse a la ley para reclamar un baldío trabajado con su sudor, era el propio aparato local —jueces que dependían del gamonal, policías que cobraban favores— el que daba vuelta a los artículos y se los tiraba encima. En algunas regiones, la ley pensada para los pobres terminó sirviendo para echarlos. El Estado central legislaba en Bogotá; en los caminos polvorientos de Tolima o Cundinamarca, la ley era el patrón.

Eduardo Santos, entre 1938 y 1942, frenó lo poco que avanzaba. El segundo López, de 1942 a 1946, firmó la marcha atrás: la Ley 100 de 1944, que en lugar de proteger a arrendatarios y aparceros fortaleció a los dueños de la tierra. Solo la Ley 6 de 1945, que dio fuero sindical a los líderes obreros y prohibió contratos nuevos durante las huelgas, dejó algo en pie. Algo, no mucho.

La verdad de aquellos dieciséis años liberales es que el Partido Liberal nunca fue un partido: era una alianza incómoda entre comerciantes urbanos modernizantes y terratenientes idénticos a los conservadores en todo salvo en el apellido del abuelo. Cuando los terratenientes liberales —que también los había, y muchos— sintieron que López iba en serio con la tierra, lo cercaron desde adentro. La reforma se desinfló por dentro antes de que los conservadores volvieran a derribarla por fuera. López renunció en 1945, antes de terminar su segundo mandato, hostigado por escándalos familiares y por los suyos; lo reemplazó Alberto Lleras Camargo en interinidad, un nombre que conviene retener porque volverá a aparecer, doce años después, en una playa española.

Mientras tanto, la Iglesia, que había vivido medio siglo como brazo del Estado, leyó el cambio de viento y se puso a fundar organizaciones propias: la UTC para los obreros, FANAL en 1946 para los campesinos. No por amor a los humildes, sino por miedo al comunismo. El cura aprendió a hablar de salario y de tierra antes de que se los enseñara otro.

Un hombre en la carrera séptima

En esos mismos años en que la reforma liberal se desinflaba en los despachos, en las plazas crecía una voz que ya no hablaba el idioma del partido. Jorge Eliécer Gaitán había estudiado en Italia en los años en que Europa se desfondaba, y volvió con un vocabulario nuevo. Hablaba de la oligarquía y del pueblo como si fueran personajes con cuerpo. No le hablaba al voto liberal heredado; le hablaba a los que nunca habían votado, a los que el bipartidismo no había alcanzado a incorporar ni siquiera por clientela. Por eso incomodaba a los suyos tanto como a los otros.

En 1946 el Partido Liberal se presentó dividido entre Gabriel Turbay y él. Los conservadores ganaron con Mariano Ospina Pérez. La historia colombiana, otra vez, se decidía por una división interna antes que por una pelea de fondo. Apenas instalado el nuevo gobierno, en las veredas empezó la cacería: la policía chulavita, nacida en el corregimiento boyacense del mismo nombre, salía a buscar liberales con listas en la mano. En las ciudades, los pájaros —sicarios conservadores a sueldo, protegidos por jueces afines y financiados por hacendados— hacían el trabajo equivalente. Caía un dirigente liberal en una plaza de Tuluá y nadie veía nada; el juez archivaba; el cura, a veces, callaba; a veces, bendecía.

Gaitán convocó a Bogotá una manifestación de banderas negras y silencio. Pidió, frente al Palacio, "el respeto a la vida humana, la paz". Habló para Ospina Pérez y habló para el país. Por unas horas, la ciudad fue una columna oscura caminando sin gritar.

El 9 de abril de 1948, a la una y pico de la tarde, salía de su oficina en la carrera séptima con calle 13. Lo esperaba un hombre llamado Juan Roa Sierra. Tres disparos. Gaitán cae en la acera. La noticia corre por los radioteatros, por los tranvías, por las cantinas. En cuestión de minutos, el centro de Bogotá es un incendio. Saquean almacenes asociados al conservatismo, queman archivos eclesiásticos, derriban tranvías, prenden iglesias. Ese mismo día se celebraba la IX Conferencia Panamericana; el secretario de Estado George Marshall estaba en la ciudad. El mundo entero vio arder a Bogotá.

La autoría intelectual del crimen nunca se aclaró. Roa Sierra fue linchado en la calle por la multitud, o por lo que la multitud creyó que era justicia, y se llevó al sepulcro lo que sabía o lo que no sabía. Quedaron las hipótesis, todas plausibles, ninguna probada: el gobierno, los conservadores duros, los liberales que temían perder el partido en sus manos, un loco solitario, alguna mezcla turbia de todo aquello.

Lo más revelador no ocurrió en la calle sino en el palacio. Mientras la ciudad ardía, los jefes liberales subieron a negociar con Ospina Pérez. Aceptaron entrar al gabinete. La revuelta popular, sin cabeza política, se diluyó en saqueos. Allí, ese 9 de abril de tarde, quedó dicha la verdad del bipartidismo: cuando el de abajo se alzaba, los de arriba se sentaban a la misma mesa. De los grandes populistas latinoamericanos de la época —Cárdenas, los Perón, Vargas, Haya de la Torre—, Gaitán fue el único que cayó asesinado. No es coincidencia: en los otros países había una izquierda y una derecha que se peleaban en serio. En el suyo, había dos caras del mismo poder.

La Violencia tiene nombres

Lo que vino después no cabe en una palabra. La llamaron, con mayúscula y sin apellido, La Violencia. Duró entre 1946 y 1957 aproximadamente, y dejó alrededor de doscientos mil muertos. Se mató mucho, y se mató de un modo particular.

Hubo cortes con nombre propio. Corte de mica, corte de franela: nombres que designaban formas precisas de descuartizar a un hombre con machete, según se le entrara por la nuca o por el cuello. Que la técnica del crimen tuviera apellido dice más sobre aquellos años que cualquier ensayo. Las mutilaciones se hicieron oficio.

En el Tolima, una sola gobernación llevó la cuenta: dieciséis mil muertos entre 1949 y 1957, sin incluir masacres colectivas ni bajas militares. Casi la mitad de las propiedades rurales del departamento quedaron abandonadas —cuarenta mil fincas, de treinta y dos mil propietarios—. Casi la mitad de la población tolimense, exiliada de manera permanente o transitoria. Una de cada diez familias del país salió huyendo de algún lado hacia otro. Dos millones de personas se movieron por los caminos en aquellos años con la cama atada al lomo de una mula y los hijos a pie. Lo que aquellas cifras ocultan es lo cotidiano: el rancho que ardía al amanecer, el cuerpo encontrado al borde del río al día siguiente, la familia que cargaba al niño dormido y caminaba toda la noche para no volver nunca.

¿Quiénes mataban? Los chulavitas, policías conservadores de Boyacá, formados en una mezcla de fanatismo religioso, miedo a la venganza liberal y disciplina de cuerpo. Los pájaros, sicarios pagados, citadinos al principio, después rurales, protegidos por hacendados y por jueces. Y, frente a ellos, las guerrillas liberales que empezaron a brotar en los Llanos Orientales —Casanare, Meta, Vichada, Arauca— y en Cundinamarca. Guadalupe Salcedo, llanero de a caballo, dirigió a los más conocidos. Para 1952, una parte de aquellas guerrillas ya no peleaba solo por el Partido Liberal: hablaba de revolución.

La violencia no fue, sin embargo, solo una pelea ideológica. Detrás de cada vereda incendiada había, casi siempre, una tierra que pasaba de manos. Los pájaros y los chulavitas hacían el terror; los hacendados, después, compraban barato lo que el terror había dejado vacío. La Ley 100 de 1944, esa marcha atrás del propio liberalismo, había preparado el terreno legal; el machete hizo el resto. Y los que mataban no eran terratenientes: eran campesinos pobres, instrumentalizados por identidades heredadas de los abuelos —"mi taita era liberal, el suyo conservador"— y por la red clientelar que ataba a la vereda más remota con la política nacional a través del cura, el alcalde y el gamonal. Pobres matando pobres por cuenta de los mismos a los que ambos servían.

El golpe del 53

El 13 de junio de 1953, harto de Laureano Gómez y empujado por la facción ospinista del propio conservatismo, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el palacio. Lo recibieron con alivio en buena parte del país, incluidos jefes liberales. La idea era simple: un militar arriba, una pausa abajo.

Rojas ofreció amnistía a las guerrillas. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros entregaron las armas. Guadalupe Salcedo bajó de los Llanos. A finales de ese año, casi cinco mil familias desplazadas habían regresado a sus tierras. Por unos meses, en algunos caminos, se pudo viajar sin escolta.

Duró lo que dura la palabra de un Estado que no controla a sus propios brazos. Los pájaros no se desmovilizaron. Los chulavitas, tampoco del todo. Empezaron a aparecer guerrilleros amnistiados muertos en cunetas. El más famoso, "Chispas", logró convencer a los suyos de que la paz era una trampa, y volvieron al monte. La amnistía se descosió por las orillas.

Rojas, mientras tanto, intentó construirse base propia. Coqueteó con los sindicatos, lanzó una idea de tercera fuerza destinada a romper la hegemonía de los dos partidos. Era el pecado mayor. En agosto de 1955 clausuró El Tiempo, El Espectador y El Siglo: dos liberales y un conservador. La medida le ahorró críticos por unos meses y le ganó enemigos para siempre.

El 8 y el 9 de junio de 1954, estudiantes de Bogotá salieron a protestar. Murió Uriel Gutiérrez y, al día siguiente, doce compañeros más. Las balas del régimen sobre muchachos de universidad terminaron de despegar a las clases medias del general. La Asamblea Nacional Constituyente, hechura suya, le aprobó cosas mayores —entre ellas el voto femenino, gestionado por mujeres como Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, que el plebiscito de 1957 estrenaría—, pero ni eso lo salvó.

Hacia 1955 cayeron los precios internacionales del café. La recesión apretó al empresariado, que ya miraba con desconfianza la intervención estatal del régimen. El conservatismo ospinista, que lo había puesto, se retiró. Rojas se quedó solo, sosteniéndose en la fuerza pura.

Dos señores en una playa española

Mientras el general se aislaba en Bogotá, los jefes desplazados de los dos partidos buscaban salida fuera del país. El cálculo era de relojería: Rojas perdía piso mes a mes, y el vacío que se abría había que ocuparlo antes de que lo hiciera otro. En el verano del 56, Alberto Lleras Camargo, liberal, viajó hasta Benidorm —pueblo de pescadores en la costa alicantina que aún no era el balneario que sería después— a buscar a Laureano Gómez, conservador, exiliado en España desde su caída en 1953. El 24 de julio de 1956 firmaron lo que llamaron un acuerdo: los dos partidos se unirían contra la dictadura militar y exigirían el retorno al gobierno civil.

Un año después, el 20 de julio de 1957, también en España, también en una playa —Sitges, esta vez, en la costa catalana—, ambos firmaron el segundo pacto. Allí se dibujó el sistema completo: alternancia obligatoria de la presidencia entre los dos partidos durante dieciséis años, reparto paritario de todos los cargos del gabinete, de las curules en las corporaciones, de la administración pública, de la rama judicial. Mitad y mitad. Liberales y conservadores. Nadie más.

Dos caudillos en el Mediterráneo —uno que había sido presidente y otro que aspiraba a volver a serlo—, sin mandato popular para firmar lo que firmaron, decidiendo cómo se gobernaría Colombia durante dieciséis años. La playa de un país ajeno como mesa de negociación de un país en sangre. Eso fue el Frente Nacional antes de tener nombre.

El argumento era el cansancio. Doscientos mil muertos. Veredas vaciadas, ciudades con miedo, una dictadura militar que ya no servía a nadie. La fórmula prometía paz a cambio de algo aparentemente menor: cerrar el sistema. Si los dos partidos compartían todo, no habría motivo para matarse. Si compartían todo solo entre ellos, los demás no entrarían. Ese era el detalle.

En Colombia, los partidos retiraron uno tras otro el apoyo a Rojas. El 10 de mayo de 1957, el general entregó el poder a una Junta Militar de transición. La Junta convocó plebiscito.

La urna y la cédula

El 1 de diciembre de 1957, los colombianos votaron. Por primera vez, las mujeres también. La cifra final: alrededor de 4.169.294 votos por el Sí contra 206.864 por el No. Participó el 81,93% del padrón. Fue la votación más concurrida de la historia del país hasta entonces.

¿Qué votaron? En el papel, el sistema completo —alternancia, paridad, cierre—. En la calle, votaban contra Rojas, votaban contra la violencia, votaban porque alguien les decía que firmando aquello volverían a su tierra y dormirían sin el oído pegado a la noche. La prensa y los comités femeninos de ambos partidos habían hecho campaña casa por casa para que las mujeres se cedularan. Una mujer en Boyacá, viuda de la violencia, marcando por primera vez una papeleta. No le preguntaron si quería dieciséis años de reparto entre dos partidos. Le preguntaron si quería paz.

Alberto Lleras Camargo fue elegido primer presidente del Frente Nacional el 4 de mayo de 1958, con 2.482.948 votos. Después vendría Guillermo León Valencia por los conservadores. Después otra vez un liberal, y otro conservador, y así hasta 1974. Los demás —el comunismo, los gaitanistas sobrevivientes, los movimientos populares, los regionalismos— quedaron fuera por diseño. No por torpeza ni por debilidad: porque la Constitución del Frente Nacional, literalmente, reservaba los cargos para los dos partidos.

Lo que queda

Setenta y un años separan la Constitución de 1886 del plebiscito de 1957. Entre una y otro caben cuatro generaciones, una guerra de mil días, la pérdida de Panamá, dieciséis años de reformismo liberal frustrado, el asesinato del único político que prometió romper el molde, doscientos mil muertos en veredas con nombres que casi nadie ha vuelto a escribir.

Y al final del recorrido, dos firmas en papel de hotel deciden a quién le toca el turno durante los dieciséis años siguientes. Las identidades heredadas —liberal, conservador, transmitidas como un apellido o como una cicatriz en el costado— habían servido para matar; en adelante servirían para repartir notarías.

En los corregimientos de Boyacá, en los Llanos, en los pueblos del Tolima, los que habían enterrado a sus muertos votaron Sí en diciembre del 57. Querían dormir sin el oído pegado a la noche, y por unos años durmieron, con la condición de no preguntar quién había firmado a su nombre. Pero algunos no entregaron las armas, o las entregaron y volvieron a recogerlas cuando llegó el cadáver del compañero amnistiado. En el sur del Tolima, en Marquetalia, en Riochiquito, unos cuantos hombres armados se internaron en la cordillera con un mapa precario y una desconfianza absoluta. Allí, mientras dos señores estrenaban su reparto en Bogotá, se gestaba la siguiente guerra. Todavía no tenía nombre. Lo tendría en 1964.