La Operación Marquetalia (mayo de 1964) contra las 'repúblicas independientes': ¿fue un evento fundacional en el que la decisión militar del Estado —presionada por Álvaro Gómez Hurtado, financiada por la Alianza para el Progreso y guiada por la doctrina kennedyana— transformó autodefensas campesinas defensivas en guerrilla nacional ofensiva, fabricando performativamente al enemigo que decía combatir, o fue una victoria táctica que solo aceleró una insurgencia ya latente? 1958–1974 CON 8 hijas · 0 libros gate 0/5 DRAFT 8 tesis en tensión Problema histórico La paradoja de una contrainsurgencia exitosa en lo táctico y derrotada en lo político/simbólico, y la pregunta contrafactual sobre si una salida reformista habría evitado la guerrilla más longeva del hemisferio. Tesis en tensión Las FARC nacieron menos de la Revolución Cubana que de la lógica residual de la Violencia y de su represión militar (Operación Soberanía, Plan Lazo). La categoría 'república independiente', producto de la propaganda anticomunista y del debate parlamentario, anticipó y produjo performativamente la insurgencia que decía describir. Marquetalia fue una victoria militar que se transformó en derrota política y simbólica: la represión consolidó simbólicamente al adversario (longevidad insurgente). El bombardeo a 48 campesinos invirtió el relato del Frente Nacional como 'pacificador': fundó las FARC como ejército y deslegitimó la democracia. Contrafactual: optar por reforma agraria efectiva en vez del operativo desproporcionado (16 mil soldados, boinas verdes) habría cambiado la trayectoria; la guerra no era inevitable. La ofensiva (bajo presión de Gómez Hurtado y la doctrina estadounidense) transformó un fenómeno regional manejable en insurgencia nacional; había respuestas alternativas. La memoria de Marquetalia está disputada: 'operación quirúrgica exitosa' (Ejército) vs. mito fundacional (guerrilla); la hegemonía oficial silencia el contradiscurso campesino. La narrativa FARC=Marquetalia oculta raíces más profundas en la Violencia liberal: las FARC son menos hijas de la Guerra Fría que de la guerra civil interna prolongada. 8 preguntas-hija (proveniencia cross-libro) · ¿Qué peso tuvieron las llamadas 'repúblicas independientes' (Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, Sumapaz) como herencia tardía de la Violencia y como punto de origen de las FARC en 1964, y en qué medida la Operación Soberanía y el Plan Lazo, financiados parcialmente por la Alianza para el Progreso, anticipan los patrones de contrainsurgencia del medio siglo posterior? — James D. Henderson - Modernization in Colombia_ · El mito fundacional de las FARC se ancla en la operación de Marquetalia de 1964 contra las llamadas 'repúblicas independientes' denunciadas por Álvaro Gómez Hurtado en el Senado. ¿En qué medida la categoría misma de 'república independiente', producto de la propaganda anticomunista de la Guerra Fría, contribuyó a fabricar el enemigo que pretendía combatir, transformando comunidades de autodefensa campesina liberal-comunistas heredadas de La Violencia en la simiente de una guerrilla nacional? — Violencia_Publica_en_Colombia_1958_2010 · ¿Cómo explicar que la Operación Marquetalia de 1964, una victoria militar formal del Estado, se transformara simultáneamente en una derrota política y simbólica que dio origen a la insurgencia armada más longeva del hemisferio? Analice la paradoja de una contrainsurgencia exitosa en lo táctico que acelera la organización guerrillera. — Revolutionary Social Change in Colombia The Orig · ¿Qué consecuencias de largo plazo tuvo para la legitimidad democrática colombiana el bombardeo a Marquetalia en mayo de 1964 ordenado bajo el Frente Nacional, considerando que la operación pretendía erradicar 48 campesinos calificados de 'repúblicas independientes' y terminó fundando las FARC como ejército? Pensar la operación como un hito fundacional permite cuestionar la imagen del Frente Nacional como 'pacificador' del país. — La Paz en Colombia. Fidel Castro Ruz ( PDFDrive · El asalto militar a Marquetalia en mayo de 1964 movilizó 16 mil soldados, asesoría de boinas verdes y poderosa aviación contra apenas 44 campesinos liderados por Manuel Marulanda, dando origen a las FARC. ¿Cómo evaluar contrafactualmente: si el Estado hubiera optado por reformas agrarias efectivas en lugar de un operativo bélico desproporcionado contra las llamadas 'repúblicas independientes', qué trayectoria habría tenido la insurgencia rural colombiana en las décadas siguientes? — El terrorismo de Estado en Colombia (Hernando Ca · Las FARC nacieron formalmente en 1964 tras la operación militar contra Marquetalia, pero las autodefensas campesinas comunistas existían desde la Violencia de los cincuenta. ¿En qué medida la decisión gubernamental de Valencia de atacar las 'repúblicas independientes' bajo presión de Álvaro Gómez Hurtado y de la doctrina de seguridad estadounidense, transformó autodefensas defensivas en guerrilla ofensiva, y qué hubiera ocurrido si esa operación no se hubiera realizado? — GRAN ENCICLOPEDIA DE COLOMBIA HISTORIA 3 · ¿Por qué la Operación Marquetalia de 1964 ha sido recordada de modos tan opuestos por el Ejército (operación quirúrgica exitosa de Plan Lazo) y por la guerrilla (mito fundacional de las FARC), y qué nos enseña esta disputa de memorias sobre la fabricación contemporánea del relato del 'éxito' contraguerrillero colombiano? — 978-3-030-96103-9 · La operación Marquetalia de 1964 contra las 'repúblicas independientes' comunistas suele ser leída como el evento fundacional de las FARC. ¿Hasta qué punto esta narrativa, sostenida tanto por las propias FARC como por sus enemigos, oculta que las comunas campesinas comunistas eran herederas de las guerrillas liberales de la Violencia y, por tanto, que las FARC son menos hijas de la Guerra Fría que de la Violencia bipartidista del medio siglo XX? — (Biblioteca José Martí) Henderson, James D. -

El bautismo de los cuarenta y ocho

El 27 de mayo de 1964, antes de que la niebla se levantara del cañón del Atá, el primer helicóptero pasó rozando los filos de la cordillera Central. Lo oyeron primero las mujeres, que a esa hora muelen el maíz, y después los perros. En Marquetalia —un caserío disperso entre Gaitania y el filo del Támaro, allá donde el Tolima se desfleca contra el Huila— había aprendido la gente a distinguir el motor de un avión del de un helicóptero, igual que distinguían el canto del paujil del de la pava. Era un saber nuevo, de los últimos quince años. Antes, en esos potreros de niebla, lo que se oía era el río y el hacha.

Manuel Marulanda Vélez, que entonces tenía treinta y cuatro años y un nombre prestado —el verdadero, Pedro Antonio Marín, lo había dejado en algún recodo del sur del Tolima a comienzos de los cincuenta—, llevaba semanas esperando la columna. No la temía como se teme una sorpresa: la temía como se teme una cita largamente anunciada. Desde el Capitolio en Bogotá, desde los editoriales de El Siglo, desde los discursos del Senado, le habían avisado que vendrían. Lo curioso es que primero lo hubieran nombrado.

Porque antes del operativo militar hubo un operativo verbal. Antes de los dieciséis mil hombres y los diecisiete millones de dólares, hubo una palabra. Esa palabra la pronunció Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez y senador conservador, en una sesión del Senado de la República a comienzos de los años sesenta: repúblicas independientes. Con ella designó un puñado de territorios donde el Estado colombiano —dijo— no entraba: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz. Cinco manchas en el mapa, cinco focos, cinco soberanías paralelas. Un escándalo intolerable para una República que se preciaba de haber hecho la paz con el Frente Nacional en 1958 y que ahora veía cómo, dentro de sus fronteras, otros izaban —insinuaba Gómez— una bandera distinta.

La frase prendió. Tenía la economía de las grandes consignas: dos palabras, una imagen, un enemigo. No importaba que en Marquetalia no hubiera bandera, ni aduana, ni pasaporte; que sus pobladores fueran campesinos cafeteros, plataneros, criadores de marranos, gente que bajaba los sábados a Gaitania a vender el café y a comprar sal. Lo que importaba era que la palabra había sido pronunciada en el lugar donde las palabras se vuelven hechos: el Capitolio Nacional. Y desde allí bajaba, como bajan los ríos, hasta las redacciones, hasta el Estado Mayor, hasta los despachos del Palacio de San Carlos donde el presidente Guillermo León Valencia —conservador, payanés, hijo del poeta Guillermo Valencia— firmaba decretos con la misma mano con que escribía sonetos.

El bautismo precedió al operativo. Y como en todo bautismo, lo que se nombra empieza a existir de un modo nuevo.

Pero las cosas que se nombran ya estaban ahí. Esa es la tensión que ningún cronista honesto debería aplanar. Marquetalia no nació del discurso de Gómez Hurtado: el discurso de Gómez Hurtado encontró a Marquetalia. Y Marquetalia, a su vez, venía de mucho más atrás. Venía, para ser precisos, de fines de 1949.

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Aquel año, el presidente conservador Mariano Ospina Pérez intentó imponer la ley marcial. La Cámara estaba a punto de iniciar el juicio contra él; el liberalismo se había retirado de las elecciones por las masacres en el campo; la sangre corría desde el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y antes incluso, desde 1946, cuando los conservadores volvieron al poder. El Partido Comunista —pequeño, urbano sobre todo, con bases obreras en los puertos y en las trilladoras de café— tomó entonces una decisión que cambiaría el medio siglo: ordenó a sus militantes alzarse en armas para defenderse del gobierno. Era la autodefensa, una palabra que en español todavía no había echado raíz política y que en los años siguientes se convertiría en una raíz inmensa.

El llamado lo siguieron también miles de liberales, aunque muchos lo hicieron por su cuenta, sin esperar permiso de la dirección del partido. En el sur del Tolima, en las cordilleras del Sumapaz, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, hombres que habían sido peones, arrendatarios, colonos, agarraron la escopeta de cazar tigrillo y se echaron al monte. No leían a Lenin. Leían las cicatrices de sus padres y las cédulas de sus muertos.

Pronto, en el sur del Tolima, esa masa armada se dividió. De un lado quedaron los limpios: guerrilleros liberales bajo el liderazgo de Gerardo Loaiza, hombres que peleaban contra el gobierno conservador pero rechazaban la influencia del comunismo. Del otro, los comunes: guerrilleros vinculados al Partido Comunista, encabezados por Jacobo Prías Alape —al que le decían Charro Negro, por la negrura del pelo y la estampa— y, junto a él, ese muchacho que se hacía llamar Manuel Marulanda Vélez en homenaje a un líder sindical asesinado.

Era una guerra dentro de la guerra. Los limpios y los comunes se mataron entre sí en algunos parajes, antes incluso de que el Estado los volviera a perseguir. Pero también compartieron columnas, repartieron sal, se cuidaron los heridos. La frontera entre unos y otros era porosa, como porosa era la cordillera. Lo que terminó separándolos fue, sobre todo, la postura ante la amnistía. Cuando en 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla dio el golpe de Estado y ofreció amnistía, los limpios bajaron a entregar las armas. Los comunes —los de Charro Negro, los de Marulanda— no bajaron del todo. Se replegaron a unas hondonadas húmedas, atravesadas por el río Atá, que Charro Negro bautizó Marquetalia, un nombre extraño, mineral, que sonaba más a vena de mina que a caserío campesino.

Cuando en 1958, tras el plebiscito que enterró a Rojas Pinilla, liberales y conservadores firmaron el pacto del Frente Nacional —alternancia presidencial cada cuatro años, paridad burocrática, exclusión de hecho de toda tercería política—, la mayor parte de las guerrillas dejaron las armas. Se desmovilizaron los liberales del Llano, los limpios del Tolima, los conservadores armados que habían sido la otra mitad de la Violencia. El país, dijo la prensa, había firmado la paz.

Pero los comunes no firmaron. El Partido Comunista Colombiano nunca fue invitado al pacto: el Frente Nacional fue un acuerdo de las dos colectividades históricas, y el comunismo —que en 1958 era una fuerza modesta, marginal en lo electoral— se quedó por fuera del techo institucional. Sus núcleos armados rurales, lejos de entregar el fusil, mutaron. Ya no eran exactamente guerrilla móvil, no todavía. Eran lo que más tarde se llamaría autodefensas: comunidades campesinas armadas, asentadas en territorios concretos, con un partido detrás que las pensaba como reserva estratégica, y con la convicción —vieja como el ejército y como la muerte— de que entregar las armas en Colombia equivalía a entregar el cuello.

En esos años, entre 1958 y 1964, Marquetalia y los otros enclaves —Riochiquito, en el Cauca; El Pato, en Caquetá; Guayabero, en el Meta; Sumapaz, a tiro de cañón de Bogotá— vivieron una existencia anfibia. Sembraron café y plátano, criaron marranos, abrieron caminos, levantaron escuelitas con maestro propio. Pagaron también, a su modo, una especie de impuesto interno que iba a sostener al puñado de combatientes que mantenían las armas aceitadas y los caminos vigilados. No eran repúblicas, no tenían moneda ni aduana ni siquiera bandera. Pero el Estado tampoco entraba: ni con maestro pago, ni con juez, ni con notaría, ni con cura. Lo que había era el partido —el comunismo de monte, áspero, doctrinario, cargado de palabras nuevas en bocas analfabetas— y el río.

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Mientras Marquetalia vivía esa duración lenta de los caseríos sin reloj, en el otro hemisferio el reloj se aceleraba. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro entró en La Habana. La noticia, que en Bogotá tardó horas en convertirse en titular, en Washington tardó semanas en convertirse en doctrina. El presidente Dwight Eisenhower, primero, y desde enero de 1961 el presidente John Fitzgerald Kennedy, decidieron que el comunismo en el hemisferio ya no se contendría con marines en Santo Domingo o United Fruit en Guatemala. Habría que reorganizar de raíz la política militar de Estados Unidos hacia América Latina.

Lo que vino se llamó, en lo militar, doctrina contrainsurgente, y en lo económico-político, Alianza para el Progreso. Las dos cosas eran caras de una misma moneda: si los ejércitos latinoamericanos no podían derrotar por sí solos a la subversión interna —porque estaban entrenados para una guerra hemisférica clásica que nunca llegaría—, había que reentrenarlos para la guerra de adentro, la guerra contra el ciudadano armado, la guerra contra el enemigo interno. Y si los pueblos pobres del campo iban a tentarse con la promesa cubana, había que ofrecerles otra promesa: reformas agrarias, créditos, escuelas, agua potable. Reforma o revolución, dijo Kennedy. La frase tenía la economía brutal de las consignas verdaderas.

A Colombia llegaron, desde 1959, misiones militares estadounidenses de evaluación y asesoría. Algunas se quedaron unos días, otras unas semanas. Documentaron, recomendaron, capacitaron. En febrero de 1962 una de esas misiones —encabezada por el brigadier general William Yarborough, de las Fuerzas Especiales de Fort Bragg— produjo un informe destinado al Estado Mayor del ejército colombiano y al Pentágono. El cuerpo del informe era técnico, propio del género: estructura del adversario, cohesión de mandos, terreno, logística. Pero en un anexo secreto Yarborough recomendaba algo más: crear una estructura civil y militar clandestina —respaldada por Estados Unidos— que ejecutara actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas. La frase, en su brutalidad burocrática, contenía germinada la mitad del medio siglo siguiente.

De aquellas misiones y de las decisiones autónomas del alto mando colombiano —la paternidad exacta del Plan Lazo, o LASO, Latin American Security Operation, está disputada hasta hoy entre quienes lo atribuyen al Pentágono y quienes lo reclaman como invención del general Alberto Ruiz Novoa, ministro de Guerra y veterano del Batallón Colombia en Corea— surgió una doctrina que combinaba acción cívico-militar con operaciones ofensivas. Atacar focos armados, sí, pero también construir caminos, repartir leche en polvo, vacunar niños, abrir aulas. La idea era ganar el corazón y la mente del campesino antes de que se lo ganara el comisario político del partido.

Sobre el papel era impecable. En el barro era otra cosa.

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En diciembre de 1961, mientras todo esto se cocinaba, el Congreso colombiano aprobó la Ley 135. Era la ley de reforma social agraria, sancionada por el presidente Alberto Lleras Camargo el 13 de diciembre. Pocos días después, el 29, se constituyó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, bajo la dirección de Enrique Peñalosa Camargo. La ley llegaba con el viento favorable de la Alianza para el Progreso y con el miedo —que era el viento más favorable de todos— a que Colombia siguiera el camino cubano.

Sobre el papel, otra vez, era impecable. Expropiar latifundios improductivos, redistribuir, titular, financiar, capacitar. Modernizar el campo. Crear, donde había peones, propietarios. Donde había arrendatarios, dueños. Donde había hambre, mercado interno.

En el barro, también, fue otra cosa. Las élites terratenientes —que estaban en el Congreso, que controlaban gobernaciones, que tenían a sus primos en las gerencias regionales del INCORA— bloquearon el filo redistributivo de la ley. Recortaron presupuesto, multiplicaron requisitos legales para la expropiación, capturaron funcionarios. El INCORA terminó haciendo, sobre todo, lo que ofendía menos: colonización de baldíos en zonas periféricas. Piedemonte oriental. Magdalena Medio. Urabá. Sur de Córdoba. La altillanura del Meta y del Vichada. Tierras lejos de los centros, tierras de selva y monte, tierras donde el Estado mandaba a los campesinos sin tierra a abrir frontera, talando, sembrando, muriéndose de paludismo, en lugar de tocar las haciendas grandes del valle del Cauca, del Magdalena alto, de la sabana de Bogotá.

Para 1971 —el dato es brutal— menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación habían sido distribuidas, y la mayor parte de lo distribuido no provenía de hacendados expropiados sino de baldíos del Estado. Entre 1960 y 1970, la concentración de la propiedad agraria aumentó. Los predios menores de diez hectáreas se redujeron en número y en superficie. La pequeña propiedad campesina, que la ley decía proteger, se contrajo. La ley había sido, en la práctica, una reforma legal sin reforma real.

Conviene entender esto antes de regresar a Marquetalia. Porque la pregunta que late bajo todo el operativo de 1964 —¿reforma o represión?— no es una pregunta retrospectiva del cronista. Era una pregunta vigente en 1962, en 1963, en los pasillos del INCORA, en las páginas de las revistas, en las cartas de los curas misioneros, en los discursos de Lleras Camargo. La opción reformista había estado sobre la mesa. Había tenido ley, instituto, presupuesto y respaldo norteamericano. Y había sido derrotada políticamente, no en la cordillera, sino en el Capitolio, por las mismas bancadas conservadoras y liberales que pocos meses después aplaudirían el operativo militar contra el sur del Tolima.

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En el verano de 1964, la decisión estaba tomada. La presidencia de Guillermo León Valencia —un poeta que no conseguía gobernar al ejército, decían en Bogotá— había aceptado el operativo. El ministro de Guerra, Ruiz Novoa, lo defendía con argumentos técnicos. La doctrina del enemigo interno, llegada con las misiones norteamericanas, lo enmarcaba ideológicamente. Y los discursos de Álvaro Gómez Hurtado en el Senado le daban el respaldo retórico que justificaba ante la opinión pública gastar más de diecisiete millones de dólares y movilizar aproximadamente un tercio del ejército nacional contra un caserío.

Diecisiete millones de dólares de 1964 —en valores actuales, casi tres mil millones— para un puñado de familias y combatientes en una hondonada de niebla. La cifra, por sí sola, ya contiene la paradoja entera. Ningún Estado moviliza un tercio de su ejército contra un enemigo pequeño a menos que necesite construir, en el acto mismo de combatirlo, una imagen grande del enemigo y, por reflejo, una imagen grande de sí.

Las cifras de los defensores son aún más vertiginosas. Cuarenta y ocho. Ese es el número que la memoria guerrillera fijó: cuarenta y ocho hombres en armas, más sus familias, más unos pocos auxiliares de los caseríos vecinos. Las versiones oficiales hablaron de bandoleros, número ambiguo. La propia narrativa militar oscilaría después, según conviniera, entre el grupo desperdigado de forajidos y la peligrosa avanzada comunista entrenada en La Habana. Lo numéricamente cierto es la desproporción: dieciséis mil soldados contra una población armada que cabía en una vereda.

El operativo se llamó Operación Soberanía. El nombre tampoco era inocente: anunciaba que lo que iba a recuperarse era la soberanía del Estado sobre un territorio que —según el discurso de Gómez— se le había escapado. La frase de Gómez, las cinco repúblicas independientes, había encontrado su acto militar.

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El 27 de mayo de 1964 amaneció frío. En las quebradas que bajan del Támaro había escarcha. Los hombres de Marulanda llevaban semanas evacuando lo evacuable: niños hacia caseríos vecinos, marranos hacia rastrojos altos, café hacia bodegas amigas. Sabían que venían y sabían por dónde. Lo que no sabían era cuánto tiempo aguantarían.

Llegan las primeras patrullas por los filos. Sube aviación —avionetas de reconocimiento, helicópteros, después los aviones de bombardeo—. El relato del general Ruiz Novoa, años después, dibujaría una operación quirúrgica, en la que el ejército entró a Marquetalia sin necesidad de evacuar a los campesinos, con apoyo de antiguos guerrilleros liberales —entre ellos uno apodado Peligro, que conocía las trochas— y con la mínima fricción posible sobre la población civil. Es la versión del Estado victorioso. Otras voces —las de Jacobo Arenas, que escribió allí su Diario de la resistencia de Marquetalia; las de los campesinos que años después contarían a investigadores y comisiones lo que vieron— refieren bombardeos sobre rastrojos donde había familias, ametrallamientos desde el aire, queroseno sobre cafetales, marranos despanzurrados a culatazo. La distancia entre las dos memorias es, en sí misma, parte del hecho histórico. La pieza no se cierra.

Jacobo Arenas era el otro nombre que importa. Lo había mandado el Partido Comunista desde Bogotá. Era cuadro urbano, de palabra, de pluma; un hombre que sabía traducir lo que pasaba en el monte al lenguaje del partido y, sobre todo, al lenguaje del comunicado público. Su llegada a Marquetalia, semanas antes del operativo, no fue casual: el partido sabía que venía la ofensiva y quiso tener allí su voz. Quiso, también, que de la resistencia saliera algo más que un combate: saliera un texto.

Y salió.

El 20 de julio de 1964 —día de la independencia colombiana, fecha cargada de la simbología patriótica que el operativo invocaba para sí—, desde algún punto de la Marquetalia ya cercada, los combatientes proclamaron el Programa Agrario Guerrillero. No era la fundación formal de las FARC; eso vendría dos años después, en la II Conferencia Guerrillera. Era algo distinto y, en cierto modo, más grave: la conversión retórica de un grupo de autodefensas regionales en sujeto político con programa nacional. Reforma agraria, redistribución de tierras, contra el latifundio, contra el imperialismo, por la unidad de los campesinos. El texto era breve, doctrinario, casi ingenuo en su economía. Pero estaba firmado en Marquetalia. Y estar firmado en Marquetalia, después de un mes de bombardeos, le daba un peso que ninguna proclama urbana habría tenido.

Mientras el ejército anuncia en Bogotá el control del territorio —fotos del general en la entrada del caserío, fotos de armas incautadas, fotos de banderas colombianas izadas en cumbres recientes—, Marulanda, Jacobo Arenas y Hernando González ya han escapado. Bajan por trochas que solo conocen los guerrilleros, cruzan filos, atraviesan quebradas, pasan del Tolima al Huila y del Huila al Cauca. Van a Riochiquito —otra de las repúblicas independientes denunciadas por Gómez— a preparar lo que llamarán la Primera Conferencia del Bloque Sur.

La operación había sido un éxito táctico: el caserío fue tomado, los cafetales arrasados, el territorio ocupado. Pero el adversario no fue destruido. El adversario, aliviado de su pesado anclaje territorial, se había vuelto móvil.

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Esto es lo decisivo, y es donde la pieza pide pensarse despacio.

Antes de Marquetalia, lo que había en el sur del Tolima era una autodefensa: una comunidad armada, asentada, defensiva, que existía para proteger un territorio y unas familias. Su lógica era la del repliegue, no la de la ofensiva. Su horizonte era regional —el Atá, el Támaro, Gaitania—, no nacional. El Partido Comunista, con su línea de combinación de todas las formas de lucha, la pensaba como reserva estratégica, no como ejército revolucionario. Era, en términos militares, una pieza pequeña.

Después de Marquetalia, lo que quedó fue otra cosa. Una columna móvil, sin territorio fijo, con vocación nacional, con un programa firmado el día de la independencia, con una narrativa de resistencia heroica frente a un Estado desproporcionado, con un mártir simbólico —el caserío arrasado—, y con la confirmación práctica de que el Frente Nacional había elegido las armas antes que la reforma. La autodefensa se volvió guerrilla móvil. La guerrilla móvil, dos años después, en El Pato, Caquetá, en la II Conferencia Guerrillera de 1966, se constituyó formalmente como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Trescientos cincuenta combatientes. Manuel Marulanda Vélez al frente. Una organización que ya no defendía territorio: lo disputaba.

¿Habría existido las FARC sin Marquetalia? Probablemente sí. Las raíces eran demasiado profundas: la guerra civil bipartidista del medio siglo, las autodefensas de 1949, la exclusión del comunismo en el Frente Nacional, el fracaso de la reforma agraria, la doctrina del enemigo interno aplicada con creciente celo. La materia prima estaba toda. El partido tenía cuadros, los caseríos tenían cuentas pendientes con el Estado, el campo tenía hambre, el continente tenía Cuba.

Pero las FARC que conocimos —las FARC con escala nacional, con narrativa fundacional, con mito del bombardeo a los cuarenta y ocho, con programa firmado el 20 de julio, con mártires y agravios precisos— son, en muy buena medida, hechura de la Operación Soberanía. El Estado, al nombrarlas como repúblicas independientes y golpearlas como si lo fueran, las obligó a comportarse como tales. Antes del operativo eran un problema regional manejable —a tiros, a reformas o a ambas— por instituciones locales y nacionales. Después del operativo eran un sujeto político con escala continental, recibido con simpatía en La Habana, mencionado en discursos de Castro, dueño de un relato que se contaría durante medio siglo: David contra Goliat, los cuarenta y ocho contra los dieciséis mil, la cordillera contra el Pentágono.

La performatividad, esa palabra que la teoría reservó para los rituales del lenguaje, es exactamente lo que ocurrió aquí. Decir república independiente en el Senado convirtió en república independiente lo que no lo era. Movilizar un tercio del ejército contra un caserío convirtió en ejército enemigo a quienes apenas formaban una autodefensa. El Estado pronunció el bautismo y la criatura, una vez bautizada, asumió el nombre.

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Hay otra pregunta, más incómoda, que también pide ser pensada. ¿Por qué Valencia firmó? ¿Por qué el ministro Ruiz Novoa empujó? ¿Por qué la Alianza para el Progreso, que oficialmente apostaba por reformas, terminó financiando un operativo de aniquilamiento?

La respuesta corta es: porque la opción reformista ya había sido derrotada. La Ley 135 de 1961 estaba, para 1964, en evidente quiebra. El INCORA no expropiaba; colonizaba periferias. La concentración de tierra crecía. Los terratenientes en el Congreso habían vaciado la ley de su contenido redistributivo. Y entonces el Frente Nacional —ese pacto bipartidista que se había vendido como pacificador— se encontró con que la paz que había firmado entre liberales y conservadores no incluía al campo, no incluía a los excluidos del pacto, no incluía a los comunistas armados que llevaban quince años sin entregar el fusil. Frente a esa franja, le quedaban dos opciones: incluirla por la vía social —reforma agraria efectiva, apertura política, integración del comunismo a la legalidad— o expulsarla por la vía militar.

Eligió la segunda. Y la eligió, además, en un contexto internacional que no solo lo permitía sino que lo premiaba. Estados Unidos pagaba. Las misiones de Fort Bragg entrenaban. La doctrina del enemigo interno proveía el lenguaje. Gómez Hurtado proveía la consigna. El ejército, modernizado y orgulloso de su paso por Corea, proveía la ejecución.

Es aquí donde la responsabilidad histórica se vuelve más densa. La guerra que vino después —la guerra que duraría hasta los acuerdos de La Habana medio siglo más tarde, la guerra que dejaría cientos de miles de muertos, ocho millones de desplazados, regiones enteras vaciadas de pobladores— no estaba escrita en las estrellas. Estaba en una mesa, en mayo de 1964, en el Palacio de San Carlos, donde un poeta presidente firmó un decreto operativo que un puñado de generales le presentaron como inevitable y un puñado de senadores le habían anunciado como urgente. La inevitabilidad, en historia, es casi siempre el nombre que damos a las decisiones políticas que no quisimos asumir como tales.

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Hay una imagen que conviene tener en mente. En mayo de 1964, mientras los helicópteros sobrevuelan el cañón del Atá, en otra orilla del continente Fidel Castro recibe los primeros despachos. En Bogotá, los editoriales celebran. En las redacciones de Voz Proletaria —el periódico del Partido Comunista—, los redactores escriben con cautela: hay que apoyar la resistencia, pero sin que parezca que el partido la dirige, porque la legalidad del partido depende de no parecer su director militar. En los pasillos del Capitolio, los senadores que votaron las apropiaciones presupuestales para el operativo se felicitan: la soberanía nacional ha sido defendida.

Y en una trocha del filo del Támaro, tres hombres bajan al Cauca por caminos que solo ellos conocen. Llevan poco. Llevan, sobre todo, una idea: que lo que acaba de ocurrir en Marquetalia debe ser contado de tal modo que se vuelva fundacional. Saben que han perdido el caserío. Saben que han ganado, en el mismo movimiento, algo que ni el caserío les habría dado: un nombre nacional, un agravio nacional, un programa nacional. Es una victoria que se parece mucho a una derrota, salvo en el detalle decisivo: están vivos.

Marulanda llegará a Riochiquito. Allí convocará la Primera Conferencia del Bloque Sur. Dos años después, en 1966, en El Pato, Caquetá, esa conferencia se convertirá en la II Conferencia Guerrillera y de ella saldrá la denominación FARC. Trescientos cincuenta combatientes. Seis frentes que se irán armando con el tiempo. Una doctrina —la combinación de todas las formas de lucha— heredada del partido. Una vocación nacional —la de ya no defender territorio sino disputarlo— heredada, paradójicamente, del Estado que los había expulsado de su territorio.

Las raíces siguen siendo las viejas: la Violencia liberal-comunista de 1948, la autodefensa de 1949, los limpios y los comunes del sur del Tolima, el Charro Negro, los caminos del Atá. Las FARC no son hijas de Cuba ni del Pentágono. Son hijas de la guerra civil colombiana del medio siglo y de la incapacidad del Frente Nacional para incluir al campo en su pacto.

Pero el bautismo —el nombre nacional, el ejército nacional, el mito nacional— sí es hijo de Marquetalia. Y Marquetalia es hija, a su vez, de una palabra pronunciada en el Senado y de una decisión tomada en Palacio. La fabricación performativa del enemigo no creó al enemigo, pero le dio el tamaño que lo volvería interlocutor de cinco gobiernos y de dos siglos.

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Hace falta volver, una última vez, al detalle material. Porque la historia, cuando se cuenta a ras de suelo, debe regresar siempre a los cuerpos.

En la Marquetalia que el ejército encontró cuando entró, después de las semanas de bombardeo, había cafetales quemados. Marranos muertos, hinchados, atrayendo gallinazos. Casas desmochadas. Una escuela, según algunas versiones. Una bandera del partido, según otras. No había cadáveres en gran número de combatientes: la columna había escapado. Sí hubo, según los testimonios campesinos recogidos años después, muertos civiles: ancianos que no quisieron irse, niños alcanzados por esquirlas, mujeres que se demoraron en evacuar. Las cifras no se cerraron nunca y probablemente no se cierren. Es uno de los rasgos de las guerras contra civiles: las cifras no se cierran porque nadie las quiere cerrar.

El ejército plantó la bandera. Hubo discursos. Se anunció el éxito. Se calculó el costo —los diecisiete millones, el tercio del ejército—, se compararon las cifras con las de operaciones contemporáneas en otros países, se concluyó que había sido caro pero necesario. Se distribuyeron condecoraciones. Se escribieron memorias militares.

Pero los tres hombres que bajaban por las trochas hacia Riochiquito iban escribiendo, en su cabeza, otra cosa. Iban escribiendo, sin saberlo o sabiéndolo a medias, el guion del medio siglo siguiente: que el Estado colombiano, en mayo de 1964, había elegido la guerra contra los pobres del campo en lugar de la reforma del campo; que el Frente Nacional, en su acto de mayor esfuerzo militar, se había desnudado como pacto excluyente; que la democracia restringida nacida en 1958 había nacido también con esta orla de violencia originaria.

Era un guion injusto en muchos puntos. La autodefensa comunista no era inocente, ni siquiera en términos exclusivamente regionales: cobraba impuestos a los caseríos vecinos, ejercía justicia sumaria, mataba a sus disidentes internos, vivía en una economía moral del fusil que ningún recuento honesto puede idealizar. El Partido Comunista que la dirigía a distancia tenía sus propias responsabilidades en el alargamiento del conflicto, en la negativa pragmática a desmovilizarse cuando Rojas Pinilla amnistió, en la decisión de mantener una reserva estratégica armada en lugar de jugar entera la carta legal.

Pero el guion, aunque injusto en sus detalles, era cierto en su línea de fondo. El Estado había tenido alternativas. Había tenido, sobre la mesa, la Ley 135 y el INCORA. Había tenido, en los pasillos, voces reformistas. Había tenido, en la opinión pública internacional, el respaldo de la Alianza para el Progreso para una salida no militar. Y había elegido —empujado por la presión conservadora de Gómez Hurtado, disciplinado por la doctrina kennedyana del enemigo interno, financiado por el mismo programa norteamericano que en su retórica predicaba reforma— el operativo más caro y desproporcionado de su historia reciente contra el rincón más pobre del país.

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Esa noche, mientras los tres bajan hacia el Cauca por trochas que huelen a anís de monte y a tierra mojada, no hay todavía FARC. Hay, todo lo más, la idea de que algo ha nacido en el acto mismo de su intento de aniquilamiento. La idea de que el bautismo del Estado —repúblicas independientes, dieciséis mil hombres, diecisiete millones de dólares, un tercio del ejército— les ha hecho un favor que cuarenta y ocho hombres con escopeta no habrían podido hacerse a sí mismos: nombrarse a escala nacional.

El cronista honesto, medio siglo después, se queda con la imagen de los helicópteros pasando rasantes sobre los cafetales y con la imagen de los tres bajando por las trochas. Entre las dos imágenes —entre el poder del Estado y la fuga de los perdidos— hay un país entero que se decide. Lo que se decidió, ese mes de mayo, no fue el destino militar de un caserío. Fue la forma de la guerra colombiana del medio siglo siguiente. Fue, también, la forma en que el Frente Nacional —ese pacto que se había anunciado como pacificador— se desnudó como pacto restringido, incapaz de incluir lo que sobraba en su mesa.

En los caseríos del sur del Tolima, durante mucho tiempo después, las viejas siguieron distinguiendo el motor de los aviones del de los helicópteros. Aprendieron a distinguir, también, la palabra de los políticos de la palabra de los pobres. La primera —repúblicas independientes, operación quirúrgica, soberanía nacional— bajaba desde el Capitolio y arrasaba como bajan los ríos crecidos. La segunda —nos bombardearon, quemaron los cafetales, se llevaron a los muchachos— se quedaba en las cocinas, en los caminos, en las memorias, esperando un cronista.

Cuarenta y ocho. Esa cifra, que a primera vista parece pequeña, contiene la paradoja entera de la guerra colombiana: que la desproporción del Estado en su victoria táctica fue, a la larga, la fuerza simbólica de su adversario. Que un Estado que necesita un tercio de su ejército para someter a cuarenta y ocho campesinos ha perdido, en ese mismo cálculo, la legitimidad de su violencia. Y que las guerras más largas no son las que empiezan con grandes ejércitos enfrentados, sino las que empiezan con pequeños grupos a los que el poder les regala, en el acto mismo de combatirlos, el tamaño que no tenían.

En Marquetalia, en mayo de 1964, no nació exactamente una guerrilla. Nació, más bien, su nombre. Y los nombres, en este país de palabras pesadas, han sido siempre lo más difícil de matar.