Cuéntame el bipartidismo colombiano y la consolidación del poder entre 1886 y 1957.

El país que aprendió a turnarse el luto

El 4 de agosto de 1886, en Bogotá, Rafael Núñez firmó la Constitución que iba a regir al país durante ciento cinco años. La pluma era suya pero la letra era de otro: Miguel Antonio Caro, gramático, latinista, hijo de poeta, había redactado los artículos en su escritorio de la calle del Cartucho, sin haber salido nunca de la sabana, sin haber pisado un puerto, sin saber a ciencia cierta cómo se vivía en la otra Colombia, la de los caminos de mula y los ríos crecidos. Caro creía en la lengua castellana, en la Iglesia romana y en un Estado fuerte que mantuviera quietas a las regiones. Núñez, costeño, escéptico, viudo de su propio liberalismo, firmó. Al año siguiente, la República de Colombia firmaba con la Santa Sede el Concordato que devolvía a la Iglesia las propiedades confiscadas durante las reformas radicales y entregaba al clero la potestad de organizar la educación bajo los dogmas católicos. El país se confesaba, por escrito y para siempre, hijo de Roma.

No era una metáfora. En las parroquias de Boyacá, en los curatos de Antioquia, en los confesionarios de Santander, el cura de pueblo decidía a quién se le casaba y a quién no, a quién se le enterraba en suelo bendito y a quién en la fosa de los suicidas y los herejes, qué libro entraba en la escuela y cuál se quemaba detrás de la sacristía. Ser liberal podía significar, en algunos pueblos, no poder bautizar a los hijos. Ser conservador era estar del lado del orden, de la fe, del Estado y del cielo a la vez. La Regeneración no inventó la división entre los dos partidos: la endureció hasta convertirla en una geografía moral. Cada vereda tenía su color, cada apellido su filiación, cada muerto su entierro según la bandera.

Caro siguió mandando después de muerto Núñez en 1894. Y mandó excluyendo. Los liberales no volvieron al gabinete, no entraron al Congreso, no encontraron sitio en la administración. La reforma electoral de 1898 fracasó, las divisiones internas del propio conservatismo se afilaron, y la salida fue la única que el siglo XIX colombiano había aprendido a usar: la guerra. El 17 de octubre de 1899, en Santander, los liberales se levantaron en armas. Iban detrás de Rafael Uribe Uribe y de Benjamín Herrera, dos generales que combinaban el discurso del progreso con el caballo y la pistola. Lo que vino después fue la Guerra de los Mil Días.

Tres años de descomposición. Setenta y cinco mil hombres por bando peleándose en un país de caminos de herradura, sin trenes que cruzaran las cordilleras, sin telégrafo que llegara a todas partes. La batalla de Palonegro, en mayo de 1900, en los farallones cercanos a Bucaramanga, dejó cerca de ocho mil bajas en quince días de combate; los cuerpos se acumulaban sobre las laderas y los heridos morían de sed escuchando, abajo, el río Lebrija. Para sostener los ejércitos, el gobierno emitió papel moneda sin respaldo y gravó las exportaciones; la economía se desplomó, la riqueza pública destruida se calculó en veinticinco millones de pesos oro, los precios se enloquecieron, el café se pudría en los caminos. Cuando los generales liberales firmaron, derrotados, los tratados de Neerlandia y Wisconsin en octubre y noviembre de 1902, Colombia era un país arruinado, mutilado en su tesoro y en sus hombres jóvenes. Faltaba todavía la peor humillación.

El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó. Lo hizo con el apoyo de los Estados Unidos, que necesitaban el istmo para abrir el canal y no estaban dispuestos a esperar las dilaciones del Senado bogotano. Colombia, exhausta, no pudo siquiera mandar tropas a tiempo: los barcos no estaban, los puertos del Pacífico carecían de carbón. El país despertó una mañana sin uno de sus departamentos y sin la posibilidad de pelearlo. La hegemonía conservadora, que había prometido el orden, entregaba un territorio amputado y una nación tratada como paria internacional.

Rafael Reyes llegó al poder en 1904 con la lección aprendida. General de la guerra, comerciante de quina, hombre de negocios antes que letrado, Reyes entendió lo que Caro nunca había entendido: que sin liberales no había país, y sin reconciliación no había economía. Acercó al partido dominante con las clases poseedoras, abrió espacios al adversario, gobernó con mano pragmática y autoritaria a la vez, cerró el Congreso cuando le estorbó, convocó una Asamblea Nacional que le acomodara las leyes. Su Quinquenio terminó en 1909, derribado por las protestas estudiantiles contra un tratado con Estados Unidos que muchos consideraron entreguista. Pero Reyes había mostrado el camino: el pacto entre élites, no la guerra entre ellas, era el modo de mantener el Estado.

Durante las dos décadas siguientes, los conservadores siguieron en el poder, con presidentes que se sucedían en la calma aparente de un país de café y ferrocarriles incipientes. Las haciendas crecían, los pueblos se llenaban de campesinos que llegaban del monte buscando jornal, las ciudades empezaban a tener tranvía y luz eléctrica. La Constitución del 86 seguía vigente, el Concordato seguía vigente, el cura seguía siendo, en el campo, una autoridad mayor que el alcalde. Pero por debajo crecía otra cosa: una clase obrera incipiente en las plantaciones bananeras de la United Fruit, en los puertos del Magdalena, en las minas de Antioquia. Y el conservatismo, que había gobernado casi medio siglo sin compartir, empezaba a fracturarse.

En 1930, la división interna del Partido Conservador permitió que un liberal, Enrique Olaya Herrera, llegara a la presidencia. El obispo primado de Bogotá había dado el empujón final al no inclinar el peso de la Iglesia hacia ninguno de los dos candidatos conservadores enfrentados entre sí. La hegemonía caía no por el empuje del adversario sino por su propia incapacidad de unificarse. Y ahí empezó otra forma del mismo pacto.

Porque el sistema burocrático colombiano era, y siguió siendo, una pirámide partidista. El presidente nombraba a los gobernadores. Los gobernadores nombraban a los alcaldes. Los alcaldes nombraban a los corregidores, a los inspectores de policía, a los maestros de escuela, a los guardas, a los telegrafistas, a los recaudadores de impuestos. Cuando cambió el partido en el poder, en 1930, la barrida fue de arriba a abajo: durante meses, en cada pueblo, los empleados conservadores fueron desplazados por liberales recién llegados con su carta de recomendación del directorio departamental. Los conflictos en muchas regiones no fueron solo administrativos: hubo enfrentamientos, hubo muertos, hubo familias que perdieron en una semana el trabajo de tres generaciones. La política, en Colombia, nunca había sido una abstracción: era un puesto, un sueldo, una pensión, un favor.

Alfonso López Pumarejo llegó en 1934 con un programa que llamó la Revolución en Marcha. Quiso modernizar al país, abrir la educación, reconocer a los sindicatos, intervenir el latifundio. La Ley 200 de 1936, su reforma agraria, intentó dar piso jurídico a los colonos y arrendatarios que cultivaban tierras ajenas. Pero los terratenientes leyeron el mensaje al revés: si la ley reconocía derechos a quien trabajaba la tierra, lo mejor era expulsarlo antes de que pudiera reclamarla. Se sacó a familias enteras de las haciendas donde habían nacido y muerto sus padres, se tumbaron los ranchos, se incendiaron las pequeñas labranzas. La reforma, pensada para apaciguar el campo, terminó alimentando un éxodo silencioso hacia los baldíos y los pueblos.

Dentro del propio liberalismo creció una facción moderada, con su propia prensa, opuesta a las reformas de López. La Iglesia veía con alarma el laicismo que se filtraba en la educación. Los conservadores, que habían digerido la pérdida del poder, organizaban su retorno alrededor de Laureano Gómez, un orador implacable que escribía en El Siglo y peleaba con la pluma como si peleara con un machete. Las reformas se frenaron, López volvió debilitado a un segundo periodo y renunció antes de terminarlo. La República Liberal había abierto puertas, pero también había mostrado que las élites de un partido y otro estaban dispuestas a frenarse mutuamente antes que permitir que el suelo se moviera demasiado.

Y entonces apareció Gaitán.

Jorge Eliécer Gaitán no era un liberal cualquiera. Era un abogado de origen popular, formado en Roma, defensor de los obreros bananeros masacrados, orador de una intensidad que no se había oído antes en la plaza pública. Hablaba de las oligarquías —en plural, conservadoras y liberales— como si fueran una sola, y cuando subía al estrado del Teatro Municipal o al balcón de cualquier alcaldía, la multitud no aplaudía: rugía. Su Marcha del Silencio, en febrero de 1948, llenó la Plaza de Bolívar de cien mil personas que no dijeron una palabra. Las clases altas y los dirigentes tradicionales del propio Partido Liberal lo veían con espanto: Gaitán amenazaba con romper el pacto, con sacar al pueblo de la tutela de los notables, con convertir en política autónoma lo que hasta entonces había sido voto cautivo.

El 9 de abril de 1948, sobre la carrera séptima cerca de la calle 13, en pleno centro de Bogotá, un hombre llamado Juan Roa Sierra le disparó cuatro veces. Gaitán salía del edificio donde tenía su despacho. Iba a almorzar con unos amigos. Murió camino al hospital. La ciudad estalló esa misma tarde. Las turbas asaltaron las ferreterías por los machetes, los almacenes por la ropa, las cantinas por el aguardiente, los tranvías quedaron volcados en mitad de la avenida Jiménez. Ardió el Palacio de San Carlos, ardieron iglesias, ardieron las oficinas de los periódicos conservadores. En el hotel Granada se hospedaba el secretario de Estado de los Estados Unidos, en la ciudad para una conferencia panamericana, y desde la ventana vio el humo subir por encima de la cordillera.

Pero la insurrección no tenía cabeza. Los jefes liberales, en lugar de tomar la calle, fueron a Palacio y se sentaron a negociar con el presidente conservador Mariano Ospina Pérez, aceptando entrar al gabinete. La multitud, durante varios días, estuvo sin conducción. En las ciudades la revuelta se diluyó. En el campo no.

En el campo empezó, o más bien se aceleró —porque ya venía desde 1946—, lo que se conoce, simplemente, como La Violencia. El nombre es una palabra que en Colombia no necesita adjetivos. Los conservadores, de vuelta en el poder desde el cambio de gobierno bipartidista, organizaron su control territorial enviando policías chulavitas a las regiones liberales y, donde la policía no alcanzaba, contratando a los Pájaros: grupos paramilitares del occidente del país que recibían su nombre de su condición de aves de paso, mercenarios que llegaban a un pueblo, mataban a quien señalara el dedo del jefe local, y se iban antes del amanecer hacia el siguiente municipio. Su jefe más célebre, León María Lozano, se movía por los cafetales del Valle del Cauca con una organización que combinaba el negocio, la política y el cuchillo.

Los liberales respondieron en los Llanos Orientales. Bajo el mando de Guadalupe Salcedo, hijo de hatero, jinete de los esteros, las guerrillas llaneras llegaron a juntar entre dos mil y tres mil hombres armados. Combinaban la faena del ganado con las emboscadas. Los grandes terratenientes liberales de la región los apoyaron con reses, con caballos, con armas, porque también ellos eran perseguidos. Salcedo derrotó al Ejército y a la Policía en numerosos encuentros, en sabanas donde un puñado de jinetes podía aparecer y desaparecer en horas. Los Llanos se convirtieron en una república paralela.

Mientras tanto, en el resto del país, la guerra no era de frentes sino de veredas. Quemaban casas, mataban a familias enteras, destripaban mujeres preñadas para que no naciera el contrario, cortaban orejas, dejaban cadáveres con la lengua sacada por el cuello —el corte de franela— para que sirvieran de mensaje. La frontera no era ideológica, era familiar: los Pérez liberales contra los Gómez conservadores, los González contra los Rodríguez, herencias de odios que venían desde la Guerra de los Mil Días y que ahora, bajo el amparo de los partidos nacionales, encontraban munición moderna. Se despojaron cerca de trescientas noventa y tres mil parcelas. La gente huía hacia los pueblos, hacia las ciudades, hacia los baldíos del Sumapaz, del sur del Tolima, del Magdalena Medio. La geografía de Colombia se rehizo con esos pies descalzos.

Y los partidos, en Bogotá, seguían maniobrando. Laureano Gómez subió a la presidencia en 1950, en una elección sin oposición real, y endureció el régimen hasta el límite. El propio conservatismo se partió: ospinistas contra laureanistas, una guerra civil dentro de la guerra civil. En junio de 1953, en un país agotado, el general Gustavo Rojas Pinilla dio el golpe de Estado que la mayoría de las élites recibieron con alivio. Lo apoyaron, en los primeros meses, casi todos.

Rojas trajo una pacificación parcial. Las guerrillas liberales del Llano se desmovilizaron tras una amnistía; Guadalupe Salcedo entregó las armas en septiembre de 1953 y fue asesinado a tiros, años después, en una calle de Bogotá. Rojas combinó el autoritarismo militar con un populismo de nuevo cuño: a través del SENDAS, dirigido por su hija María Eugenia Rojas de Moreno, repartió alimentos, ropa, frazadas a los barrios pobres de Bogotá, Medellín, Cali. Dio el voto a las mujeres. Inauguró la televisión. Construyó el aeropuerto. Y empezó, sin proclamarlo abiertamente, a construir una alternativa política a los dos partidos tradicionales: una Tercera Fuerza que se sostuviera sobre los obreros, los soldados rasos, los pobres urbanos.

Eso fue lo que las élites liberales y conservadoras no le perdonaron. Mientras Rojas se limitó a apaciguar el campo, le aplaudieron. Cuando empezó a competirles el electorado, se le voltearon. Los directorios de ambos partidos, los grandes diarios —que sufrieron limitaciones en su libertad de expresión—, los gremios económicos, la Iglesia, comenzaron a organizar la salida. Se reunieron, hablaron, midieron tiempos.

El 24 de julio de 1956, en Benidorm, un balneario mediterráneo de la costa española donde los turistas alemanes se asoleaban en las playas, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se sentaron a una misma mesa. Lleras, el liberal civilista, el periodista de prosa fina, ex presidente, secretario general de la OEA. Gómez, el conservador feroz, el orador del odio, exiliado en España tras la caída del régimen que él mismo había dejado en manos de Urdaneta antes del golpe. Dos hombres que en la vida pública colombiana representaban polos irreconciliables, firmando juntos un comunicado que planteaba la unión de los partidos contra la dictadura militar, el retorno al gobierno civil y la posibilidad de gobiernos bipartidistas. Era el viejo truco del país: cuando la lucha entre las élites amenaza con dejarlas a todas sin Estado, se sientan a repartirse de nuevo la mesa.

Un año después, en julio de 1957, los mismos hombres se vieron en Sitges, otra costa española, para precisar los detalles. El acuerdo iría a un plebiscito. Liberales y conservadores se alternarían la presidencia durante cuatro periodos, dieciséis años, y los cuerpos legislativos se dividirían exactamente en mitades, paritariamente. Ningún tercer partido tendría espacio. Ningún populismo, ningún Gaitán que pudiera volver a aparecer, ningún Rojas que pudiera competir desde fuera. El bipartidismo, después de haberse hecho la guerra durante siete décadas, se institucionalizaba como pacto explícito.

Antes había que sacar a Rojas. La oposición ya era amplia: paros parciales, cierres de comercio, presión de los gremios, agitación estudiantil. La noche del 9 al 10 de mayo de 1957, los líderes conservadores se reunieron a deliberar; al amanecer, Rojas entregó el poder a una Junta Militar de cinco miembros que se encargó de la transición. El plebiscito del primero de diciembre de ese año aprobó las reformas constitucionales con más del noventa por ciento de los votos. En agosto de 1958, Alberto Lleras Camargo se posesionó como primer presidente del Frente Nacional.

El pacto había vuelto. Distinto en su forma, idéntico en su lógica: el Estado como propiedad compartida de dos partidos que ya no tenían programas muy distintos pero seguían teniendo clientelas, regiones, burocracias, herencias de muertos.

Hay una imagen que cierra el ciclo y queda flotando. En las veredas de Boyacá, del Tolima, del Valle, donde las familias habían cargado durante décadas el luto de un padre asesinado por chulavitas o de un hermano desaparecido por liberales, las cruces siguieron en los caminos. Los muertos no entraron al pacto. Las parcelas despojadas no volvieron. Los desplazados que llegaron a las laderas de Bogotá levantaron sus ranchos de tabla y siguieron allí, mirando, desde los cerros, las cúpulas de los edificios donde sus jefes naturales —los del partido al que el cura del pueblo les había dicho que pertenecían— acababan de firmar la paz con los otros. La paz era para arriba. Abajo quedaba la cuenta pendiente, el rencor sin nombre, el monte cargado de hombres jóvenes que en pocos años empezarían a llamarse de otra manera, con siglas nuevas, en una guerra que ya no sería bipartidista pero que vendría, otra vez, del mismo lugar: de la tierra que nunca se repartió, del Estado que nunca llegó a ser de todos, del pacto de élites que aprendió a turnarse el luto del país pero nunca aprendió a dejar de producirlo.