Cuéntame el bipartidismo colombiano y la consolidación del poder entre 1886 y 1957.

El país que aprendió a matarse en dos colores

El 5 de agosto de 1886, en Bogotá, un hombre cansado firmó una Constitución. Rafael Núñez, cartagenero de pluma elegante y salud quebradiza, había vuelto a la presidencia dos años antes con una idea fija: el país federal de los liberales radicales era una ficción ingobernable, una colcha de nueve estados soberanos que se desangraban en guerras civiles cada vez que alguien estornudaba en una alcaldía. Núñez quería un Estado fuerte, centralista, con Dios adentro. Lo consiguió. La carta que firmó aquel agosto duraría —con remiendos— hasta 1991. Más de un siglo. Suficiente para que varias generaciones de colombianos creyeran que las cosas habían sido siempre así.

Al año siguiente, en 1887, Núñez firmó con la Santa Sede el Concordato que devolvía a la Iglesia Católica las propiedades que los gobiernos liberales le habían confiscado durante el medio siglo anterior, y que ataba la educación pública a los preceptos del catolicismo. Fue una restauración doble: del orden político y del orden moral. El catolicismo quedó como religión oficial; el cura párroco volvió a ser, en muchos pueblos, la autoridad más importante después del alcalde, y a veces antes. En las veredas donde no llegaba el telégrafo, llegaba el sermón. Los niños aprendían a leer en cartillas aprobadas por el obispo, y el obispo aprobaba poco. Gran parte de la población quedó al margen de la instrucción básica, y eso, lejos de ser un descuido, era el sistema funcionando: una república para los letrados de Bogotá y un rebaño para los demás.

Quien afinó la maquinaria fue Miguel Antonio Caro, gramático y traductor de Virgilio, católico ultramontano que gobernó desde la vicepresidencia mientras Núñez se debilitaba en su retiro de Cartagena. Caro escribía latín mejor que casi nadie en el continente y odiaba a los liberales con la convicción serena de quien cree estar del lado de Dios. Bajo la Regeneración —así se llamó el proyecto— el liberalismo fue excluido del poder con una sistematicidad que ningún régimen anterior había logrado. La prensa opositora era intimidada cuando no clausurada; las elecciones se manipulaban con el descaro de quien sabe que no le pedirán cuentas. Entre 1886 y 1904, el liberalismo fue, para efectos prácticos, un partido sin derechos políticos.

Esta exclusión no produjo paz. Produjo guerra. Al final del siglo, en 1899, los liberales se levantaron en armas en lo que sería la guerra de los Mil Días, una de las más largas y sangrientas de la historia colombiana. Cuando terminó, en 1902, el país estaba arruinado, Panamá estaba a punto de irse —se fue al año siguiente, con la complicidad y los acorazados de Estados Unidos— y la idea de que la Constitución de 1886 había traído el orden quedaba desmentida por los muertos.

Fue Rafael Reyes, general antioqueño curtido en la selva del Putumayo, quien intentó cerrar la herida desde la presidencia, en 1904, abriendo el gobierno a una participación liberal limitada. Algo se movió. Pero el bipartidismo —esa palabra que todavía no existía con la nitidez con que la usaríamos después— ya había echado raíces hondas. Y las había echado, sobre todo, en el campo.

Porque mientras en Bogotá los doctores discutían sobre el Concordato y la federación, en las veredas de Boyacá, Santander y el Tolima, ser liberal o conservador no era una opción ideológica: era una herencia, como el apellido o el color de los ojos. Se nacía liberal porque el padre lo era, y el abuelo, y el bisabuelo que peleó en alguna de las guerras del siglo XIX. Se nacía conservador por la misma razón. En los velorios, en los matrimonios, en las riñas de gallos, los dos colores —rojo el liberal, azul el conservador— marcaban los cuerpos como tatuajes invisibles. Un liberal no se casaba con una conservadora sin escándalo. Un conservador no compraba en la tienda del liberal si tenía otra cerca. Las élites bogotanas que se trataban de tú en los clubes y se casaban entre sí —apellidos que aparecían en las dos listas según la coyuntura— habían sembrado en el campo una hostilidad que ya no les pertenecía.

Durante casi medio siglo, entre la guerra de los Mil Días y 1930, los conservadores gobernaron sin interrupción. Cuarenta y cuatro años de hegemonía azul, de presidentes que se relevaban entre las mismas familias antioqueñas y bogotanas, mientras el café se convertía en el rey de la economía y los Andes se llenaban de fincas y trilladoras. El país cambiaba —llegaba el ferrocarril, llegaba la electricidad a las capitales, llegaba el cine—, pero la política era una conversación entre primos.

En 1930 esa hegemonía se rompió, no por la fuerza del liberalismo sino por la división del conservatismo. Dos candidatos azules se disputaron los votos y dejaron pasar al liberal Enrique Olaya Herrera, embajador en Washington, hombre conciliador, abogado de modales suaves. Empezaba lo que después se llamaría la República Liberal: dieciséis años de gobiernos rojos, de 1930 a 1946, que intentaron por primera vez algo parecido a una modernización del Estado.

El intento más ambicioso fue el de Alfonso López Pumarejo, hijo de banquero, formado en Inglaterra, presidente entre 1934 y 1938 en un primer mandato que llamó la Revolución en Marcha. La reforma constitucional de 1936 consagró la función social del Estado: una idea que sonaba moderada en la Europa de Roosevelt y de Cárdenas, pero que en Colombia, donde la Iglesia todavía aprobaba los textos escolares, sonaba a herejía. La Ley 200 de ese mismo año intentó tocar la propiedad de la tierra. No la tocó realmente —la distribución siguió siendo la misma cordillera de injusticia—, pero asustó tanto a los terratenientes que estos, por las dudas, expulsaron a colonos y arrendatarios de sus haciendas para que no fueran a reclamar derechos. La reforma agraria, así, terminó produciendo más despojo que reparto. Es una paradoja recurrente en la historia colombiana: las leyes que prometen redistribuir aceleran la concentración, porque los poderosos leen las gacetas oficiales con más atención que los humildes.

Mientras tanto, en el segundo piso de un edificio del centro de Bogotá, un hombre de bigote espeso y verbo de fuego escribía editoriales en el periódico El Siglo. Laureano Gómez, el conservador más temido y más temible de su generación, había fundado el diario en los años treinta como plataforma de oposición al gobierno liberal. Sus columnas no argumentaban: fulminaban. Llamaba al liberalismo basilisco, lo acusaba de masón, de comunista, de enemigo de Dios y de la patria. En los pueblos, los curas leían fragmentos desde el púlpito. En las trastiendas, los gamonales conservadores subrayaban con lápiz. Gómez, formado en la admiración por la España de Franco, soñaba con un Estado corporativo y católico, y mientras tanto le bastaba con calentar la sangre.

Pero la sangre ya estaba caliente desde antes. Desde las elecciones de 1931, cuando los gobiernos liberales empezaron a reemplazar burocracias conservadoras por funcionarios rojos, los choques en los municipios habían dejado muertos y desplazados. El cambio de bandera en una alcaldía implicaba el cambio de manos en el correo, en la escuela, en la notaría, en el resguardo de la policía. Y cada uno de esos cargos, en pueblos donde no había otra fuente de empleo formal, era una cuestión de vida o muerte para las familias que dependían de ellos. Los choques fueron creciendo a lo largo de los años treinta, alimentados por la retórica de Gómez desde El Siglo y por la arrogancia de los liberales recién instalados en el poder. El Partido Conservador, viéndose minoritario, optó por la abstención en varias elecciones nacionales, lo que paradójicamente facilitó las reelecciones liberales sin competencia y agudizó el resentimiento.

Y entonces apareció Gaitán.

Jorge Eliécer Gaitán no era un doctor de Bogotá. Era hijo de una maestra y un librero de viejo, criado en los barrios populares de la capital, abogado penalista de fama temprana, formado en Roma con los discípulos de Enrico Ferri. Hablaba como nadie. Su voz —grave, modulada, capaz de subir hasta el grito y bajar hasta el susurro en una misma frase— llenaba las plazas. Yo no soy un hombre, soy un pueblo, decía, y los obreros y los desempleados y las cocineras y los lustrabotas le creían, porque era cierto. Gaitán era liberal pero no era de los liberales. La oligarquía del partido lo veía con desconfianza: hablaba de los de arriba y los de abajo, de la oligarquía —usaba la palabra como un cuchillo—, no de liberales contra conservadores. Era un cisma dentro del partido y, por eso mismo, una amenaza al sistema.

En las elecciones de 1946, el Partido Liberal se dividió entre Gabriel Turbay, el candidato oficial, y Gaitán, el candidato del pueblo. Sumados, los votos liberales superaban con holgura al conservador Mariano Ospina Pérez. Divididos, no. Ospina ganó. Volvía el azul a la presidencia después de dieciséis años, y volvía con sed.

La Violencia —así, con mayúscula, como un personaje propio— empezó casi de inmediato. En los pueblos, los conservadores recién instalados en las alcaldías y en los puestos de policía se cobraron dieciséis años de exclusión. En Boyacá, en Santander, en el Tolima, en los Llanos, las familias liberales empezaron a recibir avisos: el cura predicaba contra ellas, el sargento las visitaba de noche, aparecían cadáveres en los caminos. Y entonces, el 9 de abril de 1948, mientras Gaitán salía a almorzar de su oficina en el centro de Bogotá, un hombre llamado Juan Roa Sierra le disparó tres veces. Gaitán cayó en la carrera Séptima con avenida Jiménez. Murió poco después en la clínica.

El centro de Bogotá ardió. Lo llamaron el Bogotazo. Tranvías volcados, almacenes saqueados, edificios incendiados, la radio gritando la revolución, presos liberados, machetes en las manos de gente que esa mañana no había pensado en machetes. Pero no hubo revolución: hubo un estallido sin cabeza, porque la cabeza yacía en una clínica con tres balazos. La oligarquía liberal —los Turbay, los Lleras, los Echandía— pactó esa misma noche con Ospina Pérez la entrada de algunos liberales al gabinete para contener el fuego. El pueblo, que había ardido por Gaitán, se quedó sin Gaitán y sin pacto.

En el campo, sin embargo, la noticia del asesinato fue gasolina sobre brasas. Lo que había empezado en 1946 como hostigamiento se convirtió en guerra abierta. Empezaron a circular los Pájaros, grupos paramilitares conservadores nacidos en el occidente del país, sicarios pagados para matar liberales y meter terror en las veredas. Llegaban en jeep o a caballo, vestidos de civil, con la bendición del alcalde y a veces del cura. Mataban a machete, quemaban casas, violaban mujeres, descuartizaban cadáveres con cortes específicos —el corte de franela, el corte de corbata— que se hicieron tristemente célebres porque eran firmas, mensajes, advertencias. La sevicia no era arrebato: era método. Mutilaban para que el cuerpo, expuesto en el camino al día siguiente, hablara por ellos.

Las víctimas no se quedaron quietas. En los Llanos Orientales, donde los liberales habían sido siempre mayoría y donde el caballo y la lanza eran herramientas cotidianas, surgió una guerrilla liberal dirigida por Guadalupe Salcedo, vaquero de Arauca, hombre de pocas palabras y puntería certera. Llegó a comandar entre dos y tres mil hombres. En Antioquia, en el Tolima, en Cundinamarca, en Boyacá, surgieron otras guerrillas, más pequeñas, más dispersas, pero igual de tercas. La Violencia tuvo así dos niveles que nunca se separaron del todo: arriba, una violencia partidista entre liberales y conservadores que se mataban por el color heredado; debajo, una represión sistemática contra organizaciones campesinas, sindicales y populares que, al amparo del caos, los terratenientes y los gobiernos aprovechaban para barrer del mapa.

En 1950, el Partido Liberal se abstuvo de presentar candidato. Las garantías electorales eran una broma cruel: los líderes liberales eran asesinados en sus propios pueblos. Laureano Gómez, el del verbo de fuego, fue elegido sin oposición. Llegó a la presidencia con la idea de instaurar en Colombia un Estado corporativista de inspiración franquista, católico hasta los huesos, jerárquico, autoritario. Convocó una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta a su medida. Mientras tanto, su gobierno desató una nueva ola de represión. El sectarismo, que ya era brutal, se hizo sistémico.

En el campo, los muertos se acumulaban. Las cifras totales de la Violencia son borrosas —los muertos de los caminos rurales no llegan a los registros con nombre y apellido—, pero todas las estimaciones serias hablan de centenares de miles. Y junto a los muertos, los desplazados: familias enteras que abandonaban la tierra, la casa, los animales, y se iban a las ciudades, a los suburbios de Bogotá, Medellín, Cali, a improvisar barrios en las laderas. El campesinado fue despojado por dos vías: la directa —el machete, el incendio, la expulsión— y la indirecta, la venta forzada por debajo del precio a quien fuera, con tal de salir vivo. Notarios, abogados, especuladores compraron tierras a precios de pánico. La Violencia fue, entre otras cosas, la mayor transferencia de tierras del siglo XX colombiano.

El 13 de junio de 1953, hartos del fanatismo de Gómez y temerosos de que arrastrara al país a una guerra sin retorno, los altos mandos militares y un sector del propio Partido Conservador —encabezado por Mariano Ospina y Roberto Urdaneta— apoyaron el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla. Fue uno de los pocos golpes militares aplaudidos por casi todo el espectro político. No es un golpe, es un relevo, se dijo en Bogotá. Rojas, antioqueño, ingeniero militar, hombre de discurso paternalista y populismo de cuartel, ofreció amnistía a las guerrillas liberales. Guadalupe Salcedo entregó las armas en los Llanos en septiembre de 1953, en una ceremonia con vacas y banderas blancas. Hubo un respiro.

El respiro duró poco. La pacificación fue parcial: en Sumapaz, en el sur del Tolima, en zonas donde la guerrilla tenía componente comunista además de liberal, los combates siguieron, y en 1955 el ejército reanudó operaciones de envergadura contra ex-guerrilleros y comunidades campesinas. Los Pájaros —que nunca habían sido parte del Estado y por tanto no obedecían amnistías— siguieron asesinando a ex-guerrilleros amnistiados en sus propias parcelas. Guadalupe Salcedo cayó muerto en Bogotá, en 1957, en circunstancias confusas, por disparos de la policía. La amnistía empezó a parecer, para los que la habían aceptado, una trampa. Algunos volvieron al monte. Otros se quedaron y los mataron.

Rojas, mientras tanto, descubría las mieles del poder. Censuró la prensa, persiguió a la oposición liberal y conservadora, intentó construir una Tercera Fuerza política propia, una ANAPO embrionaria que le permitiera quedarse. Reformó la Asamblea Constituyente para reelegirse en 1957. Y entonces ocurrió lo que las élites bipartidistas, después de medio siglo de matarse entre sí, jamás habían imaginado posible: se asustaron juntas.

El 24 de julio de 1956, en un hotel de Benidorm, en la costa mediterránea española, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez se sentaron a hablar. Lleras venía de Bogotá; Gómez vivía en el exilio desde el golpe del 53. Eran, en teoría, los dos hombres más opuestos del país: el liberal mesurado, exsecretario general de la OEA, hombre de prosa serena y lentes redondos; y el ultramontano de El Siglo, el del verbo de fuego que durante décadas había llamado al liberalismo basilisco y masón. En Benidorm, frente al mar, firmaron un primer pacto. Un año después, el 20 de julio de 1957, también en España, en Sitges, firmaron el acuerdo definitivo que crearía el Frente Nacional.

Fue un acuerdo de élites, hecho a la medida de las élites. Liberales y conservadores se alternarían en la presidencia, se repartirían en partes iguales todos los cargos públicos —ministerios, gobernaciones, alcaldías, juzgados, congreso—, suspenderían la competencia electoral entre ellos. La fórmula cerraba el sistema a cualquier tercera fuerza: no había espacio para gaitanistas, ni para comunistas, ni para socialistas, ni para anapistas. Quien no fuera liberal o conservador, simplemente no existía como opción institucional.

El plebiscito de diciembre de 1957 aprobó el pacto con votación masiva —fue, además, la primera vez que las mujeres colombianas votaron—. En 1958, Alberto Lleras Camargo ganó las elecciones con el respaldo del propio Partido Conservador, cuyo principal referente, el viejo Laureano, había sido su contraparte en Sitges. Los enemigos irreconciliables se habían vuelto socios. Los hijos y nietos de los que se machetearon en las veredas tendrían que entender —si podían— que arriba, en Bogotá, los apellidos seguían tratándose de tú.

Lo que se cerró en Sitges no fue solo la Violencia. Se cerró un siglo. Desde 1886, cuando Núñez firmó la Constitución, hasta 1957, cuando Lleras y Gómez firmaron el pacto, el bipartidismo colombiano había funcionado como una máquina de dos pisos. Arriba, una élite compartida, intercambiable, casada entre sí, dueña de la tierra, del café, de los bancos, de las imprentas. Abajo, una hostilidad heredada que llevaba a hijos de campesinos a matarse a machete por colores que sus dueños ya no llevaban. Cuando la presión desde abajo —Gaitán primero, las guerrillas y luego Rojas— amenazó con romper el segundo piso y derrumbar el primero, los dueños de la casa pactaron en un hotel español la reforma que aseguraba el tejado.

Pero la violencia que las élites habían alimentado durante setenta años ya tenía vida propia. Las guerrillas que no fueron amnistiadas, las que el Frente Nacional dejó por fuera del reparto, las comunidades campesinas que se replegaron en zonas como Marquetalia, El Pato y Riochiquito, no se evaporaron. Esperaron. Y de esa espera —de esa exclusión constitutiva del pacto bipartidista— nacería, en los años sesenta, otra guerra. Una que ya no se pelearía entre liberales y conservadores, sino entre quienes habían quedado dentro del Frente Nacional y quienes habían sido condenados a quedarse afuera para siempre.

En las plazas de los pueblos donde todavía hoy se ven las balas incrustadas en los muros de las iglesias, en los cementerios donde las cruces sin nombre miran al cielo, en los archivos parroquiales que guardan los apellidos de los desaparecidos de los años cincuenta, sobrevive una pregunta que Sitges no resolvió. El Frente Nacional cerró el sistema, pero no cerró las heridas. Las metió debajo de la alfombra constitucional. Y las alfombras, en Colombia, siempre han sido demasiado pequeñas para todo lo que se les ha querido esconder.